La tarde del jueves 8 de enero, comerciantes de la calle Machala, en el centro de Guayaquil, dedicados a la venta de pintura y cerámicas, vivieron momentos de tensión tras recibir un mensaje extorsivo.
La advertencia llegó mediante una llamada telefónica en la que exigían el pago de 2.000 dólares por cada local de esa zona comercial.
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Los antisociales además amenazaban con colocar bombas si los comerciantes no accedían al monto exigido, generando preocupación y miedo entre los afectados.
El ambiente en la calle era de preocupación. La mayoría de los comerciantes evitaba dar declaraciones por temor a represalias.
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“Si no se paga, van a poner bombas”, relató una comerciante mediante un audio enviado a WhatsApp, que circuló entre vecinos y colegas del sector.
Otro comerciante, que prefirió mantener su identidad en anonimato, aseguró que la situación es insostenible.
“No tenemos policía en la zona. Antes contábamos con vigilancia; ahora estamos solos. Todo el mundo está preocupado y muchos prefieren cerrar temprano para evitar problemas”, explicó.
Otro comerciante, que prefirió mantener su identidad en anonimato, aseguró estar preocupado por la situación.
“Estamos todos muy atentos y con miedo. No sabemos qué puede pasar en cualquier momento”, dijo.
Los comerciantes recordaron además episodios violentos ocurridos en años anteriores.
En 2025, un local aledaño fue asaltado y se robaron 300 dólares en efectivo.
Los ladrones, armados, intentaron secuestrar al administrador, quien logró escapar por un local contiguo.
Durante el ataque, incluso rompieron la cabeza de la facturadora, y llegaron al establecimiento haciéndose pasar por clientes normales.
En diciembre de 2025, otro local de la calle fue víctima de un robo en el que sustrajeron más de 4.000 dólares, lo que evidencia que los vendedores enfrentan un patrón recurrente de ataques.
La comunidad aseguró que la falta de presencia policial complica la situación, y que cada vez deben tomar medidas propias para proteger sus negocios y sus vidas.
“Como comerciantes sentimos que debemos cuidarnos entre nosotros y organizar la vigilancia privada o comunitaria, porque no podemos depender solo de la Policía”, dijo uno de los afectados.
Los vecinos esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto, mientras continúan operando con miedo y atención constante, aseguraron.
Ante la creciente preocupación por las amenazas y extorsiones recibidas, los dueños de locales anunciaron que presentarán la denuncia formal ante las autoridades competentes.
Además, comentaron que trasladarán el caso a la Unase, con el objetivo de que esta instancia pueda brindar acompañamiento, seguimiento y medidas de protección adicionales.
Los afectados esperan que se identifique a los responsables y se implemente un plan de seguridad que disminuya el riesgo de nuevos ataques. (I)