Los niveles de violencia en Ecuador han marcado estadísticas sin precedentes con una predominancia de las cifras en provincias de la franja costera y también en otras jurisdicciones donde antes no se daban mayores incidentes de violencia.
El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que 2025 registró alrededor de 2.300 homicidios intencionales, a la espera de la divulgación de las cifras oficiales compartidas por la entidad estatal.
Solo de enero a fines de noviembre, Ecuador ya había sobrepasado el récord de 2023 al alcanzar los 8.393 homicidios intencionales. Así se superó ampliamente al récord anterior de 2023, cuando hubo 8.248 casos.
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A la par, el registro de la Fiscalía acumuló 9.464 denuncias de asesinato en todo el periodo de 2025.
Estos hechos, según los registros de la entidad, se concentraron en mayor porcentaje durante los fines de semana.
Solo en los sábados y los domingos hubo 810 casos en las tardes y 1.036 hechos en las noches. En total, 1.846 en esos lapsos del día.
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Con base en los registros del Ministerio del Interior, el listado de las ciudades con más homicidios intencionales está encabezado por Guayaquil (2.322), Durán (506), Manta (363), Machala (347), Portoviejo (314), Babahoyo (276), Quito (240) y Esmeraldas (230).
Así se distribuyó el mapa de violencia en Ecuador por provincias:
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- Guayas (3.771)
- Los Ríos (1.167)
- Manabí (1.162)
- El Oro (708)
- Esmeraldas (322)
- Pichincha (285)
- Santa Elena (212)
Por cantones de esas provincias
Guayas:
- Guayaquil (2.322)
- Durán (506)
- Naranjal (123)
- Daule (99)
- Playas (82)
Manabí
- Manta (363)
- Portoviejo (314)
- Montecristi (130)
- Sucre (71)
- Pedernales (40)
- Chone (42)
Los Ríos
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- Babahoyo (276)
- Buena Fe (158)
- Puebloviejo (153)
- Quevedo (151)
El Oro
- Machala (347)
- Santa Rosa (91)
- El Guabo (78)
- Pasaje (78)
Santa Elena
- Santa Elena (94)
- La Libertad (73)
- Salinas (45)
Pichincha
- Quito (240)
Esmeraldas
- Esmeraldas (230)
Desde el Gobierno nacional se han expuesto los resultados de múltiples operativos con la cifra de alrededor de 70.000 detenidos, incluyendo la detención de una veintena de cabecillas.
En medio de esa dinámica, según expertos, Ecuador tiene una reconfiguración criminal, en la que grupos delictivos han sufrido resquebrajamientos y protagonizan disputas para apoderarse de territorios con fines de cometer distintos delitos.
Javier Gutiérrez, experto en seguridad, explica que la violencia predomina en la Costa por factores estructurales, como la cercanía a las rutas narco; la presencia de puertos que dinamizan la economía, pero que también son atractivos para los grupos criminales; la consolidación y la convivencia de economías ilegales con la regulada; la deserción escolar y el desempleo juvenil; y la inexistencia de proyectos de vida en jóvenes, frente a un control estatal que ha llegado a su límite.
“La dinámica social alrededor de los puertos está sumamente afectada; es una bendición tener un puerto, pero también es un grave riesgo que resultemos afectados por esta criminalidad transnacional”, indicó Gutiérrez.
Agregó que el enfrentamiento entre bandas y la disputa también con el Estado se traduce en el incremento de los índices de violencia, incluyendo pequeñas localidades donde existe la atracción de negocios para financiar sus actividades, como la minería ilegal.
En esa dinámica, el experto manifestó que hay víctimas múltiples, como ciudadanos e incluso autoridades locales, pues ya se han dado ataques contra alcaldes.
Así como Gutiérrez, Jean Paul Pinto, experto en seguridad, dijo que los espacios de la Costa y los fronterizos resultan atractivos justamente por la oportunidad de realizar actividades irregulares y agregó que la violencia se exacerba por el incremento de territorios de las bandas para el transporte y el almacenamiento de alcaloide, así como otros delitos.
“Como el cartel Jalisco Nueva Generación, ellos están ahorita en todos los estados mexicanos, porque necesitan controlar todas las operaciones en los estados, llámese extorsión, microtráfico, transporte de droga, minería ilegal; los grupos criminales intentan ocupar la mayor cantidad de territorio, porque implica mayor control, mayor rentabilidad...”, subrayó.
A su vez, Pinto lamentó que, a pesar de una gran cantidad de operativos promovidos por las fuerzas del orden, se percibe una ineficiencia “absoluta”, al mantenerse los índices altos de violencia, que incluyen al país en rankings internacionales.
Insistió en la puesta en marcha de un plan de seguridad integral del Ministerio de Defensa, con base en lo dispuesto en la Ley de Seguridad Pública del Estado.
“El gran problema es cambiar la mirada de la seguridad; llevamos cuatro años de mano dura y militarización, y no funciona, copiamos mal el modelo salvadoreño”, declaró y agregó que primero el Gobierno debería reconocer los errores.
Acciones para enfrentar la violencia en territorios
Gutiérrez puntualizó que no basta con intervenciones aisladas y que es necesario tener un control territorial permanente y de manera coordinada con más instituciones privadas y no gubernamentales.
Para ello, dijo que no solo deben actuar fuerzas del orden, sino también gobiernos locales con sus equipos, así como actores sociales y la empresa privada, a fin de buscar más confianza de las comunidades con las autoridades.
También apuntó a promover actividades de vinculación y mejores condiciones de vida en zonas vulnerables.
“Que el control territorial permanente debe ser integral, multiactores, entre todos los que operan en territorios, articulado entre todos los que podemos aportar”, recalcó.
Admitió que es necesario seguir dando golpes a los cabecillas de bandas, así como a las finanzas del crimen. Para ello, mencionó que es necesario el trabajo de entidades de control financiero, como la UAFE, inteligencia policial, municipios y la Contraloría, así como el marco legal de la Asamblea, para atacar de raíz a las estructuras económicas irregulares y debe ir acompañado de una mejor actuación de los actores de justicia.
Asimismo, sugirió que en los cantones más críticos hay que generar trabajo focalizado con mapas del crimen para desarrollar intervenciones periódicas, progresivas y permanentes.
“Hay que enfrentar el contrapeso territorial de los grupos criminales; de lo contrario, el país se puede despedazar en varios trozos territoriales que están apoderados por grupos criminales”, opinó.
Por su parte, Pinto destacó que debe implementarse y darse un giro completo a las políticas públicas y lineamientos con un plan integral de seguridad, además de hacer más cooperación internacional y observar el tema con la importancia del desarrollo para superar el problema.
Esa estrategia implica tres fases: con el ingreso de las fuerzas del orden en territorio, el desarrollo y la puesta de oportunidades.
“Implica tres fases: primero debe entrar la fuerza pública a limpiar territorios, neutralizar y repeler, pero después no podemos salir; tiene que entrar el sector público, los ministerios, las secretarías, generando oportunidades para ciudadanos, viendo necesidades y vulnerabilidades”, explicó.
Por último, señaló, el sector privado puede aportar con planes de innovación, financiamiento y generando oportunidades. (I)
