Los militares ya están en las calles de Guayaquil y otras provincias del país donde la criminalidad ha escalado considerablemente, ¿pero es suficiente la declaratoria de un estado de excepción para frenar a la delincuencia?

Expertos en seguridad consultados por este medio consideran necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, pero dicen que aún se puede -y se debe- hacer mucho más que lo anunciado por el presidente Guillermo Lasso el pasado 18 de octubre, desde cuando rige el plazo de 60 días del estado de excepción.

La idea es que esta medida no quede en el registro, como ha ocurrido antes, cuando nada se solucionó.

“Si no se frena el narcotráfico, nada va a cambiar”, dice el coronel Mario Pazmiño, ex jefe de Inteligencia del Ejército y experto en seguridad y defensa. Él viene insistiendo en la necesidad de que los militares apoyen a los policías, pero no simplemente en una labor de control de armas en las calles, “se debe conformar una Fuerza de Tarea Conjunta” contra el narcotráfico y en esta deben participar activamente agentes de una unidad especializada de la Fiscalía.

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Esto porque, en muchos casos, los que delinquen salen libres por algún mal procedimiento en el proceso judicial. Levantar cargos correctos sobre lo más duro y no dejar espacio a vacíos legales que suelen aprovechar los defensores de los delincuentes es una observación que hace desde Miami el ecuatoriano César Paz, exagente del FBI, especializado en la lucha contra el narcotráfico.

“También se debe buscar y liquidar sus fuentes de financiamiento”, señala Paz, y para esto es necesario la buena aplicación de las leyes. “Si el criminal sabe que puede moverse en un ambiente de impunidad, no tendrá miedo a nada y cada vez escalará la violencia en las cárceles y en las calles, porque ambos escenarios están relacionados”.

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Pazmiño complementa, en ese mismo sentido, que la unidad especializada que él propone judicialice más y mejor los delitos de lavado de activos ligados al narcotráfico. “Hay que darles donde más les duele: el bolsillo”.

Según la exposición de motivos del Decreto 224 firmado por Lasso el pasado lunes, existe una “correlación entre la cantidad de droga decomisada y el aumento de la tasa de homicidios”.

Los decomisos de droga entre enero y octubre de 2021 alcanzaron el récord de 147 toneladas frente a las 128 toneladas capturadas en 2020, mientras que los homicidios intencionales subieron a 1.885 (once por cada 100.000 habitantes) frente a cerca de 1.400, respectivamente, según cifras oficiales. De las casi 1.900 muertes violentas, 1.112 estaban categorizadas como violencia criminal hasta el 17 de octubre, un día antes de la declaratoria de estado de excepción.

Para el presidente, esto evidencia una “retaliación” de las bandas criminales ante decisiones como instalar radares en provincias como Manabí, donde las Fuerzas Armadas han detectado al menos 40 terrenos que han servido o que podrían servir para avionetas del narco.

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Una mujer fue herida por delincuentes en un intento de robo en el centro de Guayaquil, el pasado 4 de octubre. Un policía que se encontraba en lugar se percató y hubo intercambio de proyectiles. La víctima murió esta semana. Foto: Ronald Cedeño

Para John Garaycoa, experto en seguridad, el mayor peso del accionar contra la delincuencia se centra en decisiones humanas de jueces y fiscales. La Policía se limita a las aprehensiones, no procesa, acusa, juzga o dictamina dónde y por qué delito deben estar recluidos los detenidos.

“El estado de excepción da facultad legal para que actúen los militares, pero es una medida parche. Según mis estudios criminológicos, solo el 30 % de las soluciones de seguridad la integran la seguridad física, la inteligencia y los procedimientos policiales, pero el 70 % de todo plan de prevención es el factor humano de las organizaciones públicas y privadas”, dice Garaycoa.

Él sugiere el uso del polígrafo como herramienta para asegurar la idoneidad de trabajadores en el ámbito de la Función Judicial o empleados de bancos, cuyos clientes sufren cada vez más robos por sacapintas.

En su discurso del pasado lunes, Lasso también se refirió a las acciones del Poder Judicial. “La ley debe intimidar al delincuente, mas no al policía”, dijo primero. “Nuestros jueces deben garantizar la paz y el orden, no la impunidad y el crimen”, remarcó en otra parte de su mensaje a la nación cuando prometió crear un equipo de defensa legal para los miembros de la fuerza pública que han sido acusados por actuar contra delincuentes.

La ciudadanía en Guayaquil, epicentro de la ola de violencia, también reclama acciones al Municipio, aunque la seguridad no es su competencia.

Además de la integración entre la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) y el ECU911 para atender las emergencias desde una sola sala, el Municipio compró en noviembre del 2019 por $ 2,7 millones 100 cámaras de video vigilancia con megafonía que incluyó el suministro de 100 licencias del Software de analítica de reconocimiento facial que pueden utilizarse en cualquiera de las aproximadamente 1.350 cámaras con las que cuenta la CSCG.

Y aunque aún está pendiente el enlace con una base de datos de la Policía Nacional, para el reconocimiento de sospechosos, eso no impide el funcionamiento del equipo de vigilancia, aclara la Corporación.

Moradores de Urdesa central han instalado sus propias cámaras de video para disuadir a la delincuencia y dar soporte a la Policía. Foto: El Universo

La Ley de Protección de Datos Personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, recién fue aprobada en mayo de este año y aún no hay reglamento ni autoridad para aplicarla.

Para otro proyecto, el Concejo Municipal aprobó el 6 de octubre, por unanimidad, un convenio de cooperación interinstitucional entre el Municipio y la CSCG que consiste en un aporte de $ 33 millones que se realizará por partes, durante los próximos cuatro años, para adquirir 15.000 cámaras de seguridad con inteligencia artificial para dar soporte a la Policía Nacional, según dijo la alcaldesa Cynthia Viteri.

Su iniciativa legal, entregada a Lasso el 9 de octubre, para que la ciudadanía porte armas para disuadir a la delincuencia, no tiene gran acogida, según la última encuesta de Click Report, que señala que el 78,48 % de sus encuestados en Guayaquil y el 71,21 % en Quito consideran que no se debe permitir el uso de armas.

Según el mismo sondeo, la delincuencia es ahora mismo el problema más grande que tiene el país (23 %), por encima del desempleo (18,5 %) y la crisis económica (18 %). Y aunque la mayoría confía un poco más en las Fuerzas Armadas (71 %) que en la Policía (57 %), las instituciones del sistema judicial gozan de poca confianza entre los ciudadanos, la Fiscalía (26,5 %) y los jueces (23 %), de acuerdo con la encuesta. (I)