Familiares de personas desaparecidas y de personas privadas de la libertad se congregaron en los bajos de la Gobernación del Guayas la mañana de este viernes, 23 de enero.
Allí, ellos expusieron carteles y consignas para que el Estado ecuatoriano adopte medidas en favor de sus allegados.
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En dos mesas distintas, el personal del Comité de Protección de Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, junto con entidades estatales, tenía previsto revisar ambos temas debido a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 24 de diciembre, la CIDH emitió una primera disposición a favor de las víctimas de desapariciones forzadas y seis mujeres buscadoras en el contexto de un estado de excepción en Ecuador. Además enlistó una serie de medidas para que se adopten.
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A inicios de este mes, el 5 de enero, la CIDH dispuso similares medidas a favor de los privados de la libertad de la Penitenciaría del Litoral por considerar que están en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable.
Exigencias sobre desapariciones forzadas
Fernando Bastias, integrante del Comité de Protección de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, expuso que, respecto a las desapariciones forzadas, se espera que el Estado oficialice su compromiso para la entrega de información sobre órdenes operativas y tácticas en el contexto de estas denuncias, así como que se revele la identidad de los militares involucrados en los operativos que habrían desencadenado la retención de los desaparecidos.
Situación en la Penitenciaría del Litoral
En la otra mesa, Bastias explicó que, en torno al problema penitenciario, se espera conocer si existe anuencia para que la CIDH visite la Penitenciaría y se tomen acciones para reducir el número de muertos.
Los representantes de la cartera de Estado revisaron si se permitiría la presencia de familiares de personas desaparecidas. Bastias pidió que sean considerados para que estén presentes.
Finalmente, una comitiva de familiares pudo acceder al edificio y se instaló la primera mesa, pasadas las 09:45.
Luego de estas reuniones, el CDH y el Estado se encargarán de emitir un informe a la CIDH. Posteriormente, Bastias indicó que, una vez aceptada la visita de la comisión interamericana, se instalarán mesas de trabajo con delegados de esa entidad.
Bastias dijo que la visita de la CIDH sería clave para evidenciar la magnitud de la problemática en el sistema penitenciario y para que se permita el ingreso de comida y medicación por parte de familiares.
“Si el Estado no puede suministrar los servicios de salud, que lo hagan subsidiariamente y de manera temporal los familiares", remarcó Bastias.
Varios familiares de privados de la libertad expusieron la situación en que se mantienen sus familiares en la prisión. Expusieron carteles y fotografías en las que se los observa con poca masa muscular y evidente desnutrición.
Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna, pidió ser tomada en cuenta para participar en la mesa de seguimiento de las medidas cautelares para los privados de la libertad.
Dijo que han sabido de manera extraoficial de algunos traslados de privados de la libertad, y que no habría un espacio totalmente adecuado para la atención médica.
Ella insistió en mejoras en la alimentación, medicinas dotadas adecuadamente y que puedan salir al patio para que no permanezcan encerrados.
Cárcel del Encuentro
El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que la Defensoría del Pueblo entró a la cárcel del Encuentro en diciembre pasado.
Dijo que a los correístas no les gustó el informe porque creían que había una cárcel que estaba inconclusa y que atenta contra las personas que están detenidas.
Reimberg sostuvo que en máximo dos semanas se iniciarán los trabajos en la cárcel de La Roca.
El funcionario estuvo en Guayaquil en un operativo en el Suburbio. Esa operación permitió incautar 1,1 toneladas de droga.
Unos 200 uniformados se desplazaron por la zona para realizar allanamientos.(I)