Nota del Editor: Estimado lector esta información es parte de nuestro contenido premium preparado al finalizar el 2023. En su contenido encontrará uno de los hechos destacados de este año y por ello el acceso lo hemos dejado abierto.


La violencia de los grupos de delincuencia organizada (GDO) sacudió al Ecuador a lo largo de 2023. Incluso ciudades turísticas como Baños, en la provincia de Tungurahua, fueron escenario de asesinatos.

Publicidad

Allí, la noche del 13 de octubre acribillaron a José Rivas Lozano, alias Joselo, considerado por la Policía como uno de los cabecillas de la banda Los Lagartos. En el ataque también fue victimado el hijo de este, un joven de 23 años.

Alias Joselo había sido blanco de atentados en al menos tres ocasiones en Daule y Guayaquil, provincia de Guayas, y por esa razón habría buscado refugiarse en Baños. Su crimen fue parte de los 7.258 que se reportaron en el territorio nacional entre el 1 de enero y el 5 de diciembre.

‘Ya la delincuencia le ha perdido el respeto a todo el mundo’: estos son los distritos con más asesinatos en Guayaquil, Durán y Samborondón en este 2023

En ese lapso hubo 2.626 homicidios más que en todo el 2022, cuando se registraron 4.632 casos.

Esta tendencia llevó al Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) a prever que Ecuador cerraría el 2023 como el país más violento de América Latina, por encima de Venezuela y Honduras que hasta mediados de año tenían cifras superiores de asesinatos.

Publicidad

Integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, la Zona 8 fue el territorio con más crímenes en el país. Tuvo entre el 1 de enero y 11 de diciembre 2.587 muertes violentas. Y dentro de esta jurisdicción conformada por doce distritos, Nueva Prosperina cerró como el sector más violento, con 551 asesinatos en el lapso descrito.

Esa estadística incluso ubicó esta zona del Puerto Principal como el tercer lugar más violento del mundo con una tasa de 141 asesinatos por cada cien mil habitantes, superado solo por dos ciudades mexicanas: Colima (181) y Zamora (177).

Renato Rivera, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado, cree que para enfrentar la problemática que azota al país en este momento se requiere de voluntad política, conocimiento del contexto, asignar funciones a las entidades involucradas en el ámbito de seguridad y focalizar estrategias.

Él es partidario de que los funcionarios involucrados con la seguridad trabajen en territorio, es decir, que se trasladen a Guayaquil para que la toma de decisiones sea con conocimiento de la realidad.

¿Por qué desde el gobierno central no se ha logrado contener la violencia criminal?

El problema más importante o al menos el más grave con relación a cómo el Gobierno está buscando responder al problema es que todavía no terminan de entender la fragmentación del crimen organizado, es decir, todavía no entienden el problema de raíz detrás del crimen organizado. Hay una clara fragmentación, más o menos ocho o nueve organizaciones criminales que están buscando cooptar el mismo espacio que es la ciudad de Guayaquil y sus puertos. Entonces, al ser un espacio tan pequeño y tan complejo quizás y la respuesta de enviar más militares y policías, que es lo que hemos visto, y decretando estados de excepción, es una medida inadecuada, básicamente una medida parche.

¿Qué es lo de fondo, entonces?

Hay cuestiones de fondo detrás de esa fragmentación del crimen organizado que no estamos comprendiendo, que ya tiene unos vínculos muy profundos con las instituciones públicas, principalmente con la función judicial. Hay cooptación a jueces, fiscales, los que no son cooptados son amenazados, es decir, como una anarquía criminal es lo que está viviendo Guayaquil. Es lo que el Gobierno, desde mi punto de vista, no lo termina de comprender.

¿Realmente hay falta de comprensión o es que no se quiere ver el problema en su magnitud?

Sí hay una falta de comprensión porque se siguen implementando las mismas medidas para un problema, al menos como lo están planteando no está generando resultados. Esa es la medida más clara para entender que no están comprendiendo el fondo del problema las instituciones. Y ahí viene también regresar a ver desde inteligencia qué se está proponiendo, qué análisis estratégico se está dando, en qué medida puede generar esto una reducción de muertes violentas, cómo esto disminuye el tráfico de armas, si quitas el tráfico de armas quizás las muertes violentas disminuyan. No he visto al menos desde la política pública del gobierno anterior, porque este es muy pronto como para evaluarlo, saber si es que realmente se van a tomar medidas diferentes.

¿De esta problemática se viene hablando hace tiempo, no es que quizás falta voluntad política para atenderlo?

No sabemos hasta qué punto está infiltrado el crimen organizado en las instituciones del Estado, pero lo que sí podemos, por ejemplo, abstraer es más bien cómo se ha politizado, cómo ha llegado esa politización de la seguridad, que ese es para mí un problema. El poner a funcionarios, a políticos de alto nivel a cargo de un ministerio que, desde mi punto de vista, ahora necesita argumentos muy técnicos, es decir, de un análisis muy minucioso para lograr contrarrestar la problemática, y lo que hacen es terminar dando las mismas respuestas de los mismos funcionarios de alto nivel, porque los ven como un próximo presidenciable, una plataforma política a futuro. Y por eso es un error mezclar Gobierno con Interior (ministerios) porque estás concentrando la atención en lo político y hacer de la seguridad un tema político, que si no lo tomas desde un argumento técnico no vas a obtener resultados.

¿Entonces es conveniente que se manejen de manera independiente Ministerio del Interior y el de Gobierno?

Absolutamente, la inseguridad actual necesita una política focalizada. Y eso significa funcionarios que estén dedicados 24/7 a atender los problemas de seguridad del país, desde el territorio. Porque si Guayaquil concentra aproximadamente el 40 % del total de las muertes violentas del Ecuador es necesario tomar mayores acciones desde Guayaquil, no seguir haciendo política desde Quito.

¿Qué acciones puede ejecutar este gobierno en el año y medio que tiene?

Reducir la tendencia del incremento de muertes violentas que hay en Ecuador. A final del 2023 Ecuador va a ser el país más violento de América Latina, inclusive por encima de Venezuela y Honduras (...) y eso es por las 7.500 muertes violentas que vamos a tener (...) no puedes tratar el problema de los homicidios en todo el país de la misma manera, sino que debes hacerlo de manera focalizada, concentrando todos los esfuerzos de las instituciones del Estado en Guayaquil (...) tienes un cuerpo colegiado que se creó en el paquete de reformas de mayo (2023), un Consejo de Política Criminal (...), es fundamental que esa política haga una identificación de los blancos estratégicos del crimen organizado, no las cabezas visibles sino sus operadores logísticos y económicos que tienen las organizaciones criminales, es decir, los que pagan la plata por mover droga.

Tenemos una sentencia al año por lavado de activos, viene por una descoordinación enorme que hay entre la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) y la Fiscalía, y esa descoordinación se podría reducir con este Consejo de Política Criminal (...), solo necesitas voluntad política para poner en marcha todas estas iniciativas que ya han sido creadas desde el Estado.

¿Qué tan factible es que ministros, viceministros y los más altos funcionarios involucrados en la seguridad hagan oficina en Guayaquil?

Absolutamente, al menos a nivel de viceministros se deben tomar decisiones en ese momento y con una planificación y con un presupuesto acordado, es decir, por ejemplo si es que hay que tomar acciones en nivel de prevención, si es que hay que ejecutar acciones con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el Ministerio de Educación para hacer la priorización de las escuelas, en el caso de Durán, que van a recibir asistencia policial, esas son medidas que se deben tomar en el momento. Y ese momento se lo da con las personas en el lugar, entonces, ese traslado a Guayaquil es fundamental.

Nueva Prosperina es el distrito más violento, ¿qué estrategia se puede implementar allí?

Empezar a trabajar a nivel comunitario, es decir, una estrategia de prevención desde la comunidad. Las comunidades, al menos en Nueva Prosperina que igual hicimos un pequeño trabajo de campo ahí, tienen una confianza muy baja en la Policía, porque precisamente dice que muchos policías están cooptados por las organizaciones criminales. Ahí lamentablemente lo que tienes es un barrio donde se concentran muchos sicarios que son parte de las organizaciones delictivas. Ya es un escenario complejo porque básicamente los eslabones más violentos de las organizaciones criminales están en Nueva Prosperina (...) es trabajar muchísimo desde lo comunitario, es decir, que no sea el Gobierno el que propone las principales políticas de reinserción social, no solo de los chicos que ya están dentro de las organizaciones criminales, sino también mejorar las oportunidades económicas a nivel de barrio, es decir, si es que es necesario mejorar la infraestructura escolar, un centro de salud, empezar a generar mayor dinamismo económico desde una lógica comunitaria tiene grandes resultados.

¿Y qué rol puede cumplir la Alcaldía en esto?

Es fundamental el Municipio, porque muchas veces se espera desde el ámbito del Ministerio del Interior que genere políticas de prevención de la violencia, cuando el aspecto comunitario tiene un mayor impacto cuando se lo trabaja a nivel de Alcaldía, es decir, que la Alcaldía haga un mayor acercamiento con las comunidades y no necesariamente la Policía que no goza de la mejor confianza. Son como estrategias distintas para un contexto distinto que no ha vivido el Ecuador y ahí es empoderar más a las alcaldías en el ámbito de seguridad (...) es fundamental la participación de las alcaldías, ellos tienen consejos sectoriales de seguridad o consejos municipales de seguridad donde se pueden tratar estos problemas a nivel micro, porque es muy difícil en una política pública grande contra el crimen organizado abarcar cada particularidad de cada uno de los distritos.

¿Cuánto más puede involucrarse el Municipio en el marco de las competencias?

Los municipios están en la facultad de crear un plan de seguridad, porque eso sí se lo permite el Cootad (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización), también crear comités de seguridad, pero no se crean planes que sean medibles y que tengan recursos, es decir, dentro de mi facultad que es el ordenamiento territorial si hay tantos asentamientos irregulares, pregunta para Guayaquil ¿por qué el Municipio, desde el ámbito de prevención de la seguridad, no va regularizando barrios y no va generando mejores condiciones de seguridad en estos entornos. Eso se conoce generando una encuesta de victimización, por ejemplo, es decir, preguntar a la gente qué tan segura o insegura se siente, si es que por falta de alumbrado público se sienten inseguros. Tú de acuerdo a esa valoración ciudadana que haces vas generando política pública que va mucho más allá de poner la cámara y poner el policía con una UPC. Es decir, son herramientas totalmente distintas de prevención primaria que los municipios todavía no terminan de comprender por la realidad que está viviendo el país.

Una persona ha sido asesinada en Ecuador cada hora: van 7.258 casos, un nuevo récord de muertes violentas

¿Considerando la realidad actual, requiere el país leyes más severas para enfrentar al crimen organizado?

Ningún Código Penal para ningún Estado es perfecto (...) el problema en el Ecuador es que nos hemos concentrado únicamente en decir la falta de la ley y por eso no puedo hacer. Si te fijas, desde el 2020 ha sido el discurso de los gobiernos y el estar todo el tiempo pensando en que la ley es insuficiente para el problema que vive el Ecuador no va a resolver el problema. Es importante concentrarse en las leyes, pero desde mi punto de vista es la falta de verificación de cómo está operando, cómo están sentenciando los operadores de justicia. Tienes un problema de aplicación, por ejemplo, el abuso del procedimiento abreviado, y no es un problema de la ley, es un problema de la interpretación de la ley, del funcionario de justicia vinculado probablemente a corrupción. Y esos funcionarios que han estado vinculados en prácticas de corrupción no han sido sancionados adecuadamente por el Consejo de la Judicatura y por la Fiscalía. (I)