Desde la madrugada de este jueves, 15 de septiembre, se ejecutaron quince allanamientos en Socio Vivienda, noroeste de Guayaquil, y en el cantón Naranjal, ambas localidades en la provincia de Guayas.
La Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) detuvo a nueve personas (siete hombres y dos mujeres) que serían los responsables de al menos cuatro secuestros reportados por comerciantes de la Bahía de Guayaquil.
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El caso más conocido se dio el 20 de mayo, cuando un padre de familia que iba a dejar a sus hijos a la escuela fue secuestrado junto con los niños. Este hecho ocurrió por el sector de San Felipe, en el distrito Florida.
”La víctima iba en un taxi y un carro los cerró; los amenazaron y se los llevaron”, contó un agente que participó en el caso.
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Al hombre lo liberaron el 21 de mayo para que consiguiera 20.000 dólares para liberar a sus niños. El padre pagó 5.000 dólares y cuatro días después le devolvieron a los menores, que no tienen más de 10 años.
Los niños habían sido retenidos en varias casas de Socio Vivienda. Para no volver a capturarlos, la banda delictiva le exigía al padre pagar 5.000 dólares mensuales. El hombre denunció esta extorsión y la Unase empezó a investigar el caso.
En los allanamientos se detuvo a siete hombres y dos mujeres. Según la Policía, ellas fueron quienes cuidaron a los menores durante los cinco días que estuvieron secuestrados.
Además, una de ellas fue a recoger el pago para la liberación de los hermanos. Este año se han denunciado más de 30 secuestros extorsivos a conductores y comerciantes; las víctimas han sido llevadas a Socio Vivienda.
Ese sector ha estado intervenido por policías y militares desde hace dos semanas, tras una serie de balaceras que se registraron desde el 1 de septiembre, luego de la liberación de uno de los líderes de las bandas que operan allí. La intervención sería la séptima del lugar.
Incluso las clases presenciales fueron suspendidas y los niños volvieron unos días a la virtualidad ante el temor de los padres por las constantes balaceras, que dejaron herido a un menor, con una bala perdida, y un fallecido en los enfrentamientos por la lucha de territorio para actividades de microtráfico.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, y el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, han reconocido que Socio Vivienda es un sector conflictivo, y por eso se ha destinado un contingente militar y policial a fin de recuperar el sitio.
Este jueves el estado de excepción se renovó por 30 días más, precisamente por los niveles de violencia que no disminuyen en los distritos, como Nueva Prosperina, donde se ubica Socio Vivienda.
Ese plan habitacional, construido en el gobierno de Rafael Correa, ha sido intervenido al menos siete veces por las autoridades, sin grandes resultados.
Ahí operan Lobos, Tiguerones y Águilas. Sus miembros se pelean la zona a bala para poner expender drogas y cometer secuestros. (I)