‘Hemos llegado a una degradación extrema, la delincuencia no respeta a niños ni a personas inocentes’

Ecuador sufre un nivel de violencia inédito, desgarrador que parece sumir cada vez más a la ciudadanía en la desesperanza. El asesinato de cuatro niños de entre 5 meses y 7 años en la cooperativa Guayas y Quil, en el Guasmo, sur de Guayaquil, es una muestra de aquello.

Este hecho ocurrió la noche del lunes, 11 de diciembre, y según la Policía los victimarios mataron a los menores por equivocación, pues las personas blanco del ataque se encontraban en una vivienda cercana. Los padres de los menores resultaron heridos en medio de los balazos perpetrados por los antisociales que llegaron al sitio a bordo de un automóvil.

Unos 455 niños y adolescentes (de 0 a 17 años) han sido víctimas de homicidios intencionales en el país de enero a septiembre de este año, según datos obtenidos de la plataforma gubernamental Datos Abiertos. La información corresponde al Ministerio del Interior, y fue actualizada en octubre pasado.

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Para el exfiscal provincial de Guayas Antonio Gagliardo, el crimen de los niños en el Guasmo refleja una degradación extrema.

“Hemos llegado a una degradación social, delincuencial extrema, gravísima. Cada vez la delincuencia no respeta nada, ni siquiera a niños ni personas inocentes. Aparentemente habría aquí una equivocación, pero ya es una degradación social. Personas que ya no respetan la vida de nadie”, remarca el profesional del derecho.

Guayaquil conjuntamente con Durán y Samborondón conforman la Zona 8, la jurisdicción con más muertes violentas del país (más de 2.580). Esta realidad es parte de un Ecuador al que el crimen organizado ha teñido de sangre a lo largo de este año y que por ese nivel de violencia se ubica en el puesto número once de los países más peligrosos del mundo, según Global Organized Crime Index 2023.

La lista está encabezada por Myanmar, un país del sudeste asiático, y Ecuador se ubica cerca de Irak (octavo puesto) y Afganistán (noveno lugar), y por encima de territorios como Siria (décima segunda ubicación), una nación marcada por constantes conflictos que involucran a grupos rebeldes y a potencias extranjeras.

El Índice Global de Criminalidad Organizada (Gitoc) es parte de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional que se elabora con información proporcionada por los 193 Estados miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Según el reporte, en dos años Ecuador experimentó un crecimiento significativo en los niveles de criminalidad (+0,82) y por eso se ubica entre los diez países más afectados por el crimen organizado.

Hasta el 6 de diciembre, en el territorio nacional se reportaron 7.258 homicidios intencionales, según las últimas cifras oficiales, lo que indicaría una tasa de casi 43 asesinados por cada cien mil habitantes.

Tal situación llevó al embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, ha advertir la semana pasada que el país se ubicará entre las tres naciones del hemisferio occidental con las tasas más altas de homicidios. El funcionario hizo esta proyección durante la conferencia por los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Características del crimen organizado en Ecuador

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) realizó talleres interactivos y participativos en varias ciudades del país, con más de cien representantes del Estado y de la sociedad civil con el propósito de establecer las características de esta problemática.

Esos resultados fueron presentados en octubre de este año, en Quito. De allí surgió que las principales expresiones son: narcotráfico, corrupción, lavado de activos y tráfico ilícito de armas de fuego.

Entre los hallazgos de la caracterización constan que el narcotráfico es la principal actividad del crimen organizado en el territorio nacional y que en ese marco cada provincia cumple un rol diferenciado en la cadena de valor. La percepción de la corrupción es un medio habilitante para el desarrollo del crimen organizado, principalmente en policías, fiscales y gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Otro factor encontrado es que el lavado de activos se concentra en actividades económicas vinculadas a la construcción, inmuebles, vehículos, farmacias, cooperativas de ahorro y crédito y centros de apuestas on-line.

Katherine Herrera, académica y consultora en seguridad pública y de Estado, considera que la pandemia del COVID-19 provocó en Ecuador una crisis económica y social que el Estado no supo atender. Y esto facilitó la captación de personas por parte de grupos de delincuencia organizada.

A partir de la pandemia el delito empezó a mutar, dice, al no existir controles permanentes en fronteras, carreteras, centros de acopio o en las calles donde se da el microtráfico, trata de personas, entre otros delitos.

“La captación se hace más fácil ya que al no existir todas estas oportunidades, al existir una vulneración de sus derechos los ciudadanos, sobre todo de barrios periféricos deben tomar una decisión: o estás con alguien que te puede proveer algo de dinero o estás en su contra y también te puede amenazar tu vida y sobre todo teniendo en cuenta que hay un Estado inexistente que carece de programas, proyectos y actividades que puedan apoyarte a ti en tu desarrollo como persona y en tu día a día”, sostiene la especialista.

A esto, según ella, se suma la crisis carcelaria en la que se produjeron varias masacres de internos, situación que evidenció la pérdida de control del sistema penitenciario de parte del Gobierno. Esto provocó, a su vez, que las cárceles dejen de ser centros de rehabilitación social para convertirse en escuelas del crimen organizado.

“Y aterrizamos a un 2022-2023 en donde ya no son escuelas del delito sino que más bien pasan a ser operadores del delito tanto internamente como externamente. Es desde los centros de rehabilitación social desde donde se maneja esta dinámica de delincuencia común y crimen organizado. Y aquí muta una nueva actividad y se explica por qué tanta violencia, y es que ya no nos encontramos con la delincuencia común, hablando de pandillas, de grupos de pequeño microtráfico, el pequeño robo, asalto, etcétera, sino más bien las grandes estructuras criminales absorben a las pequeñas pandillas o grupos de delincuencia común”, menciona Herrera.

Así, estos grupos locales se convierten en “mano de obra barata” y la parte operativa: el primer eslabón dentro de las estructuras del crimen organizado.

“Y comienzan robos, asaltos, secuestros, extorsiones, sicariatos, etcétera, como a ser parte de la oferta, del catálogo de delitos de estas estructuras criminales para financiar tanto la parte logística, para financiar nuevo producto, alimentación, traslado y, obviamente, las utilidades de los grandes capos”, expresa la académica.

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Para ella, el problema radica en que en Ecuador la lucha contra el crimen organizado se enfocó netamente en el narcotráfico y no en los otros delitos de que derivan de esto. “Y no se ha averiguado cómo están permeando estos otros delitos en los diferentes niveles de Estado tanto a nivel central, local, comercio, sector privado, entre otros”, recalca Herrera.

Gabriel Vanegas, abogado penalista y máster en Justicia Criminal, cree que hacen falta implementación de políticas públicas y asignación de presupuesto para contrarrestar los efectos del crimen organizado. La situación actual, a su juicio, es insostenible.

“La única alternativa es establecer un plan de política criminal, establecer una línea de política pública seria, una línea de política pública medible, razonable que pueda a corto, mediano y largo plazo erradicar la problemática”, dice el jurista y añade que es urgente que se establezcan los lineamientos necesarios ya sea con un esquema preventivo o punitivo. (I)