Los decomisos de armas en Ecuador han crecido de manera exponencial en los últimos siete años, entre 2018 y 2024, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.

Entre 2017 y 2020 hubo decomisos que mantuvieron cifras con una escalada paulatina: 5.121 en 2017, 5.647 en 2018 y 5.633 en 2019. Sin embargo, en 2020 hubo un incremento de 6.342.

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En los años siguientes, los controles desencadenaron un crecimiento que hasta se duplicó al llegar al 2023 y 2024.

En 2021 se registró el decomiso de 7.855 armas, en 2022 hubo 9.498, en 2023 fueron 10.062 y en 2024 se alcanzó la cifra récord de 10.651. Entre 2017 y 2024 aumentó al 107,99 %.

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La cifra récord de 10.651 armas incautadas se dividió entre pistolas (35,4 %), revólveres (26,9 %) y fusiles (12 %). El resto, el 25,7 %, fueron escopetas, cartucheras, carabinas y otros.

En 2024, en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, hubo 2.301 armas decomisadas, con un alza de 9,8 % en relación con 2023 en que hubo 2.244 armas incautadas.

Para especialistas, diversos delitos, como narcotráfico, minería ilegal, extorsión, contrabando, y otros, han derivado en el aumento del tráfico de armas, municiones y demás artículos prohibidos. En su mayoría, los decomisos se han dado en cruces fronterizos, en altamar cerca de las Galápagos y frente a la región costera.

Según expertos, los grupos criminales buscan reforzar su operación y capacidades en las zonas que pretenden tomar el poder para sus actos ilícitos.

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Para ello, los delincuentes emplean distintas rutas, como fronteras terrestres, por vía aérea, servicios de correos y robos a destacamentos.

John Garaycoa, experto en seguridad, expuso que las cifras de altos decomisos denotan “la pérdida de controles” sobre todo en fronteras y vías.

“Al no tener el control, las armas entran a la ciudad, y toca hacer los operativos ya que se perdió el control en fronteras, en carreteras, sabemos que el negocio de armas es mundial”, expuso el especialista, quien agregó que se han dado hallazgos de armas procedentes de distintos países de la región, incluso de ejércitos vecinos.

Los valores de un arma adquirida en el extranjero al ingresar al país resultan atractivos y apetecibles para ciertos grupos que se dedican a la tarea de comercializarlas.

Por ejemplo, una pistola la pueden comprar afuera en el mercado ilegal a $ 1.000 y en el país ya la revenden en $ 3.000, mientras que un fusil puede conseguirse a $ 2.500 afuera y aquí se cotizaría a $ 10.000.

“Tienden a pagar lo que sea, están en capacidad de pagar lo que les dé la gana”, dijo él.

Además de mejorar los controles, Garaycoa destacó que las armas decomisadas pasen a las fuerzas del orden, como se estableció en consulta popular, y apuntó que a nivel legislativo, se deberían realizar ajustes para evitar “vacíos legales” que podrían darse con quienes se encuentran con armas.

“Los delincuentes dicen no está en mi poder, de pronto estaba en el carro o la botan, si no se la encuentra en la mano, o la lanzan, hay ese vacío legal por el cual los jueces actúan (y dejan libres)”, explicó.

Garaycoa resaltó que se deben mantener múltiples allanamientos realizados por militares y policías para desarmar bandas en medio de los estados de excepción declarados.

En continuos operativos desarrollados por la Policía y Fuerzas Armadas, integrados en el Bloque de Seguridad, se han dado decomisos de armas.

Juan Carlos Pacheco, jefe de operaciones del distrito Portete, que comprende zonas del suroeste de Guayaquil, expuso que los operativos en su zona han dejado un alza de decomisos, pues pasaron de 14 a 33 armas retenidas hasta mediados de febrero de 2025, en relación con similar ciclo de 2024.

Explicó que el aumento de decomisos en su distrito podría darse por la migración del delitos de otras áreas más conflictivas, como Durán, donde se han intensificado las intervenciones y también porque las bandas estén adquiriendo más medios logísticos.

“Estamos tratándole de sacarle de circulación. (El estado de excepción) ayuda bastante, estamos realizando allanamientos donde se suscitan los hechos delictivos para tratar de incautar más armas de fuego y detener a personas requeridas por la justicia”, agregó. (I)