Un tribunal penal emitió una sentencia de 34 años y 8 meses de prisión contra Carlos M. R., Estiven R. T. y José Luis Ch. G., por el asesinato de dos guardias de seguridad el 29 de octubre de 2023, durante el intento de asalto a mano armada de un vehículo blindado que transportaba valores en la zona de carga del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil.

Según el informe policial, el hecho ocurrió cuando un grupo armado –con fusiles y pistolas– ingresó en las instalaciones de una compañía aérea en tres vehículos, con el objetivo de robar la carga de un carro blindado de transporte de valores. Los guardias de seguridad, que se encontraban en diferentes filtros de acceso al aeropuerto, repelieron el ataque. Dos de ellos fueron gravemente heridos y trasladados a una casa de salud, donde fallecieron. Otras dos personas también resultaron heridas.

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Tres de los involucrados fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Fiscalía. Entre las evidencias incautadas se encontraron un fusil, una pistola, municiones de distintos calibres y teléfonos celulares, que fueron ingresados en la cadena de custodia de la Policía Judicial.

Fiscalía reformuló los cargos de robo con resultado de muerte a asesinato durante la audiencia efectuada el 5 de diciembre de 2023.

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Durante la audiencia de juzgamiento, el fiscal de la Unidad de Personas y Garantías a cargo del caso expuso diversas pruebas periciales, documentales y testimoniales que demostraron la participación de los procesados en el hecho investigado, detalla la Fiscalía.

Entre los 69 testimonios presentados se incluyeron los de los agentes aprehensores, investigadores, peritos médico-forenses y especialistas en audio y video.

Además, la Fiscalía presentó pruebas documentales, como los informes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), los del levantamiento de cadáveres, los de protocolos de autopsias, el de análisis balístico y pericias de audio y video. También se incluyeron el parte de aprehensión, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y la denuncia interpuesta por una de las compañías afectadas.

El tribunal penal, tras haber evaluado las pruebas, dictó sentencia condenando a los tres procesados como coautores del delito de asesinato. Además, se impuso una multa de 1.333 salarios básicos unificados y el pago de una reparación integral de $ 50.000 a favor de los familiares de cada víctima. (I)