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¿Cómo puede desaparecer armamento de un recinto militar?: caso de la Base Naval San Eduardo evidencia necesidad de mayor control y auditoría externa

El hecho ocurrió la mañana del viernes 18 de noviembre y al día siguiente fue denunciado ante la Fiscalía como supuesto hurto de armamento.

La Base Naval San Eduardo está ubicada en la avenida Barcelona. Para ingresar, como en todo recinto militar, deben pasarse filtros de seguridad. Foto: archivo

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Al momento del registro y control de rutina en el refugio número uno de la Base Naval San Eduardo, ubicada en la avenida Barcelona, personal de la Infantería de Marina constató que faltaban doce fusiles tipo AK-47 de procedencia china.

El hecho ocurrió la mañana del viernes 18 de noviembre y al día siguiente fue denunciado ante la Fiscalía como supuesto hurto de armamento.

Y el lunes 21, el comandante del Batallón de Infantería de Marina, capitán de navío Eduardo Mindiola, indicó que se realizará “todo lo posible para esclarecer este hecho y sancionar a todos los responsables de manera interna y, si es necesario, con la justicia común”. Se inició ya una investigación interna contra 3 o 4 responsables de la custodia del armamento.

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Se trata de la segunda desaparición de armas –en este caso– de un recinto militar. A mediados de mayo de este año la Policía ya había sufrido el hurto de pistolas dentro de una de sus propias sedes en Guayaquil.

Hurtan 12 fusiles tipo AK-47 de la Base Naval San Eduardo

Un lote de 150 armas de fuego tipo pistola Smith & Wesson, que se encontraban almacenadas en dos cajas de madera, desapareció del distrito Modelo del circuito La Atarazana.

¿Cómo pueden desaparecer armas de sedes policiales o militares? se pregunta la opinión pública, considerando los filtros de seguridad que hay al ingreso y salida de personas y en un contexto en el que la urbe porteña ha sido blanco de una serie de ataques criminales desde inicios de este mes.

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Y aunque la situación aparentemente está controlada, evidenció la capacidad que tiene el crimen organizado, que atacó espacios públicos y privados durante los cuales seis policías fueron asesinados.

Ese escenario de violencia llevó al Ejecutivo a decretar estado de excepción por 45 días en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, jurisdicciones donde hubo ataques. La medida, vigente desde el 1 de noviembre, incluye toque de queda entre las 23:00 y 05:00.

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Alberto Molina, coronel del Ejército en servicio pasivo, sostiene que aunque en los recintos militares el control es permanente en las bodegas de armamento (rastrillo), no hay una prolijidad física y aquello incide en situaciones como la registrada recientemente en la Base San Eduardo y en el distrito Modelo, en mayo pasado.

“Muchas veces solo se revisan los estados (reportes), que consta tal número de armas, los calibres, tanto de munición, en fin, solamente en papeles. Tendrán que redoblar esfuerzos para un control semanal, al menos, como se hace revista del armamento, el que tienen en manos los soldados, los militares en general es chequeado, que esté en buenas condiciones para el empleo. Asimismo, deben controlar en forma minuciosa los rastrillos para determinar en forma física que no haya pérdidas”, refiere él.

Tendrán que redoblar esfuerzos para un control semanal, al menos, como se hace revista del armamento, el que tienen en manos los soldados, los militares en general es chequeado, que esté en buenas condiciones para el empleo. Asimismo, deben controlar en forma minuciosa los rastrillos

Alberto Molina, coronel en servicio pasivo

Molina cree que hay uniformados que sucumben ante el dinero que ofrecen bandas del crimen organizado y que ese es el destino de las armas que en su momento desaparecen de sus lugares de origen.

En abril de este año, el Comando de Operaciones Navales de la Armada realizó la destrucción de armas incautadas y decomisadas en diferentes controles. Foto: Archivo. Foto: API

“Aquí hay una falencia y falta de control físico y eso debe ser severamente sancionado, porque la responsabilidad es del comandante, no del cabo o del sargento. Y es el comandante que tiene que estar permanentemente revisando, peor en estos tiempos. Vemos que estamos amenazados por estas bandas criminales que pueden llegar, digamos, a estos elementos de las unidades militares y policiales débiles, que pueden sucumbir”, expresa el coronel en servicio pasivo.

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Luis Córdova, doctor en Ciencia Política y director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia, de la Universidad Central del Ecuador, menciona que no es un secreto la participación de ciertos uniformados de Fuerzas Armadas y de la Policía en bandas delictivas.

Esta situación, señala el académico, evidencia la necesidad de que el Gobierno implemente mecanismos para supervisar y auditar, en este caso, el arsenal que tiene la institución militar bajo su custodia y los procedimientos que se realizan para el control de armas en el país.

Para aquello, explica Córdova, debe existir voluntad política, ausente en este momento, ya que, según él, en la realidad que atraviesa el Gobierno actualmente, los únicos resortes de poder que lo mantienen son el de Fuerzas Armadas y Policía.

“¿Qué se podría hacer si hubiese voluntad política? Lo mínimo es crear mecanismos de monitoreo para el control de armas de Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas tiene un pertrecho bélico muy sofisticado y, además, de un costo enorme, pero los únicos que tienen el inventario de ese armamento es la propia Fuerza Armada”, cuestiona él.

Lo mínimo es crear mecanismos de monitoreo para el control de armas de Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas tiene un pertrecho bélico muy sofisticado y, además, de un costo enorme, pero los únicos que tienen el inventario de ese armamento es la propia Fuerza Armada

Luis Córdova, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia, de la Universidad Central del Ecuador

De ahí que cree que al igual que en otros países, en Ecuador puede crearse una comisión especializada en la Asamblea Nacional para control del inventario y verificación del armamento in situ.

Este es el país de América Latina con más explosiones de polvorines en la historia, recalca el investigador. Y reseña que en más de una ocasión se denunció que fueron provocados para ocultar el tráfico de armas. En el año 2010 se elaboró un plan para reubicar los polvorines, pero el proyecto sigue inconcluso.

Hurtan 150 armas que estaban en cuartel policial de Guayaquil; ministro presume ausencia de controles y hurto sistemático

Además, hasta la fecha Ecuador no se adhiere al Tratado sobre el Comercio de Armas, vigente desde el 2014, añade.

“En el 2018 en la Operación Camaleón se detectó una red de tráfico de armas del Ejército ecuatoriano hacia los grupos irregulares del norte, de la frontera norte con Colombia. Y en esa ocasión se allanaron oficinas de la propia Comandancia del Ejército en Quito y solo apenas cinco militares de bajo rango fueron procesados”, expresa Córdova.

Él cree necesaria la depuración en las filas de las Fuerzas Armadas y Policía a través de auditorías administrativas externas.

El tráfico de armas, municiones y explosivos es la otra cara de la violencia criminal. De hecho, son fenómenos inseparables, considera él, puesto que para perpetrar cualquier acto delincuencial se requiere de armamento como mecanismo de control.

Para Carlos Sevillano, experto en seguridad nacional, lo ocurrido en la Base Naval San Eduardo refleja una deficiencia en la Armada respecto a la cadena de responsabilidad del armamento.

Piensa que para atender esta situación es vital que los encargados de la custodia cumplan con un perfil idóneo.

“A través de un sistema de las Fuerzas Armadas armar un sistema unificado que permita no solo tener un inventario de armamento y municiones sino también que permita filtrar y manejar un seguimiento y levantar un perfil de una persona idónea que debe estar en las bodegas de seguridad. En ese manejo, en las bodegas no pueden estar personas nombradas a dedo”, expresa el especialista. (I)

Redacción
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