En el tercer piso de un edificio en el sector de La Carolina, en el norte de Quito, una empresa se dedicaba supuestamente a realizar llamadas telefónicas extorsivas dirigidas a personas de Ecuador, Colombia y México.
La Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional, por medio de una denuncia, logró desarticular esta organización el pasado miércoles 25 de junio.
Además, los agentes allanaron un departamento donde residían los presuntos líderes de la empresa, dos hombres de nacionalidad china.
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Durante un año habría operado esta estructura bajo el mando de ambos sujetos, detalló Fiscalía.
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Ellos habrían sido quienes manejaban cada departamento y se encargaban de reclutar gente junto con Luis Geovanny C., quien fungía como “director de talento humano”, según Fiscalía.
De acuerdo con la entidad, él hacía la entrega de chips telefónicos y coordinaba el pago de salarios, que en promedio eran de $ 500.
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La organización contaba con “líderes de segmento”, expuso Fiscalía. Ellos eran designados representantes de las plataformas que manejaban para realizar los actos extorsivos. Distribuían contraseñas y hojas enteras con números telefónicos de las víctimas.
#AHORA | #Pichincha: #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador allanan una empresa ubicada en el sector La Carolina, en el norte de #Quito, desde donde se estaría cometiendo el delito de #Extorsión mediante el uso de medios tecnológicos para exigir –ilegalmente– dinero a las víctimas. pic.twitter.com/4DbTbmQVXK
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 25, 2025
Así operaba red de extorsiones por medio de call center
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En estas plataformas digitales, los aprehendidos recolectaban información esencial de las personas extorsionadas. Fotos y videos eran fundamentales para crear montajes con imágenes en clips de contenido sexual explícito.
Esto, junto con llamadas y mensajes con una plantilla previamente establecida, sumado a fotos y videos de personas siendo desmembradas, los implicados enviaban a sus víctimas con el objetivo de acceder a sumas altas de dinero.
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Según las indagaciones, los empleados de esta banda recibían bonos adicionales si el monto acumulado superaba los $ 1.200 al mes.
Además, Fiscalía identificó que la red ofrecía créditos sin autorización legal y después realizaba extorsiones a quienes recibían estos montos.
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En la reciente audiencia de flagrancia y formulación de cargos, un juez dictó prisión preventiva a 39 de los implicados y a una mujer le otorgó medidas sustitutivas por su estado de gestación. Este caso se investiga por el presunto delito de delincuencia organizada. (I)
