Este viernes, 21 de noviembre, los jueces de la Corte Constitucional (CC) presidieron una audiencia de acción extraordinaria de protección presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en torno al caso de los menores de Las Malvinas.
La diligencia se dio de manera telemática y reservada entre la mañana y tarde de hoy.
Los padres de los menores Josué, Ismael, Nehemías y Steven siguieron la audiencia desde la sede del Comité Permanente por la Protección de los Derechos Humanos (CDH).
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Este recurso de acción extraordinaria de protección fue presentado por el personal del CDH en contra de la sentencia emitida por un tribunal de la sala Penal de la Corte de Justicia de Guayas que revocó un habeas corpus.
Con esa medida, los allegados de los menores habían logrado que reconozca la desaparición de los menores. En la diligencia de hoy estaban convocados los representantes del CDH, además de autoridades militares, y ministerios de seguridad, entre otros representantes de entidades estatales.
En diciembre anterior, la jueza Tanya Loor aceptó el pedido de habeas corpus, pero la exministra del Interior, Mónica Palencia, presentó una apelación a la resolución de primera instancia y en mayo de este año un tribunal de la Corte Provincial de Guayas revocó la sentencia.
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Abraham Aguirre, integrante de la defensa legal del CDH, explicó que en la cita se expusieron alegatos y réplicas, y luego la Corte notificará la sentencia de este caso que ha sido priorizado.
“Peticionamos (que) se haga la declaración jurisdiccional en contra de los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, por cuanto la falta de motivación de la sentencia, desatender el principio de interés superior el cual debe ser observado por juezas y jueces como una norma de cumplimiento obligatorio porque es norma sustantiva y de procedimiento para tutelar derechos de niños, niñas y adolescentes como parte de los grupos de atención prioritaria”, explicó el defensor.
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Personal del CDH pidió varias medidas como disculpas públicas del Estado y protocolos para evitar futuras desapariciones forzadas con participación de entidades de la fuerza pública.
Además se instó a una clarificación jurisprudencial sobre el uso de hábeas corpus en detenciones e incomunicación realizadas por el Estado y una indemnización económica para las familias.
Fernando Bastias, también defensor del CDH, dijo que la decisión que tome la Corte Constitucional marcaría un precedente para tener acceso a la justicia en otros casos que guardan similitudes. (I)
