Este jueves, 20 de noviembre, se reinstaló la audiencia de juzgamiento contra 17 militares implicados en el caso de desaparición forzada de los cuatro menores de Las Malvinas.
En este proceso judicial se indagan las circunstancias de la desaparición de los menores Josué, Ismael, Nehemías y Steven luego de ser aprehendidos por una patrulla militar en el sur de Guayaquil y llevados a la zona de Taura, en Naranjal.
Desde las 10:30, el tribunal a cargo de la causa inició la audiencia con la presencia de las partes procesales. En la diligencia, Fiscalía siguió con la presentación de pruebas y además la comparecencia de testigos.
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El agente Cristian Farez presentó a tres personas como parte del proceso que se lleva adelante en el Tribunal Cuarto de Garantías Penales.
En primera instancia, el agente presentó a Ricardo Jurado Córdova, sociólogo, que realizó una pericia en torno a las dimensiones social, territorial, estructural e institucional del caso.
En su análisis, él estableció cuatro conclusiones: que el caso se inscribe en un entorno de exclusión estructural con precariedad material y desigualdad social que perciben a estas personas involucradas en el caso, estigmatización territorial que influye en manera de Estado relacionada con habitantes del sector.
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Además detalló que las afectaciones sociales y emocionales de este caso trascienden el ámbito familiar e individual de los implicados y se configura un trauma colectivo, y además que las limitaciones institucionales y ausencia de garantías efectivas refuerza una percepción de abandono estatal donde se da este caso.
En esta presentación hubo una serie de consultas de abogados al respecto del análisis.
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A las 11:00, el cabo primero Diego Villalba, perito, fue presentado para comparecer en la diligencia en relación a la inspección técnica de evidencias.
Él contó sobre el allanamiento en la base de Taura, en el Ala de Combate 21, donde se dio una espera de 20 minutos para que se permitiera el ingreso a la base.
Allí relató que fue designado a fijar los elementos puestos a la vista por parte del agente investigador e hizo una descripción del espacio.
Allí, indicó, se inspeccionó y se recolectaron bitácoras de ingresos del cuartel de Taura, entre esos tres libros de registros, y además hojas con manuscritos de seguridad de la FAE.
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Además describió fotografías tomadas del sitio, que tenía una puerta corrediza metálica, personal de turno y agentes investigadores realizando la inspección, y fijación de evidencias.
A las 11:13, Pablo Valarezo, perito, también fue convocado por la Fiscalía para dar detalles de su labor en la extracción de audio y video de evidencia. No se pudo hacer contacto con él en primera instancia.
Debido a la falta de presentación del perito se dio una pausa de veinte minutos.
A las 11:40, Valarezo se presentó para dar detalles de una pericia realizada en una memoria de la cual se levantaron siete documentos relacionados con informes militares y oficios a la Unase.
El fiscal Farez pidió la suspensión de la audiencia por falta de presentación de dos testigos clave: Luigi Alexander V. A. y Luis Fernando T. M.
Dijo que son relevantes para la teoría del caso y se le solicitó apoyo de la fuerza pública para su presentación.
“Los dos son testigos presenciales, prueba directa”, dijo Farez.
El fiscal agregó que el segundo ciudadano habría tomado contacto con los niños en Taura y habría prestado una llamada para que se comunicaran con sus padres.
Mientras, Luigi V. manifestó que escuchó “respecto de los mismos la dinámica del presunto asesinato o secuestro con muerte”.
En ese sentido, dijo que ellos eran testigos protegidos y estaban dentro del Sistema de Protección y Asistencia para Víctimas y Testigos, sin embargo salieron sin justificación de dicho sistema.
Además, el fiscal pidió la suspensión para poder tener el testimonio de Diego Guerra, quien colaboró con dos pericias en la reconstrucción de los hechos y pericia informática de 16 teléfonos móviles.
A las 12:10, el juez ponente Jovanny Suárez Chávez decidió suspender la audiencia por falta de los dos testigos y un perito.
La autoridad ordenó la presentación de los dos primeros con apoyo de la fuerza pública para que rindan testimonio.
Advirtió que no habrá más suspensiones por falta de testigos por el peligro de caducidad de la prisión preventiva que pesa para la mayoría de los procesados.
El lunes 24, desde las 08:30, se prevé la reinstalación de la audiencia por este caso. (I)
