Caso Las Malvinas: Fiscalía pide 34 años y 8 meses para militares procesados y que se establezcan medidas de reparación

La etapa final del juicio por la desaparición forzada de los menores de Las Malvinas se reanudó la mañana de este lunes, 8 de diciembre, fecha en que se cumple un año de la retención de los menores.

La diligencia arrancó alrededor de las 08:30 de manera telemática y presencial.

En este caso se indaga el delito de desaparición forzada en el contexto de la retención de los menores Ismael, Josué, Steven y Saúl, reportada el 8 de diciembre de 2024 en la av. 25 de Julio, en el sur de Guayaquil.

Luego de este episodio se perdió el rastro de ellos y se reportó su desaparición en la zona de Taura. Días después aparecieron sus restos calcinados en un río de esa parroquia.

Alegatos de la Fiscalía

Desde una sala de la unidad judicial multicompetente penal norte 2, el agente fiscal Cristian Farez, agente de la Unidad de Uso Legítimo de la Fuerza, ha expuesto sus alegatos de clausura con base en informes y testimonios de testigos que se han presentado a lo largo de las distintas citas de este juicio para solicitar penas a cada uno de los 17 procesados.

Aseveró que hay un proceso sólido a base de las pruebas presentadas en esta audiencia de juicio.

Inicialmente, Farez sostuvo que en la avenida 25 de Julio no solo se cumplió la privación de la libertad sino también la falta de información, la falta de acceso al debido proceso, al no darse a conocer los derechos constitucionales a los menores aislados, incluyendo el derecho a comunicarse con sus padres, y de tener un abogado y a no ser incomunicados. Indicó que la patrulla debió informar a la autoridad competente de manera inmediato al tratar de menores.

El fiscal acusó a los cinco primeros militares de los 17 procesados como autores responsables del delito de desaparición forzada, tipificado en el artículo 84, y pidió similares medidas de reparación.

Inicialmente, Farez pidió que el primer militar procesado, Wilson C. B., sea calificado como autor directo y además tenga una condena de 34 años y 8 meses, con agravantes estipulados en los artículos 5, 7 y 10 del COIP, por presentarse el caso, entre otros factores, por la violencia ejercida contra las víctimas y por ser estas menores de edad.

También pidió que se establezca una multa de 800 salarios básicos unificados ($ 376.000) a favor de la Judicatura y además una reparación simbólica de $ 10.000 a las víctimas indirectas.

Además, consideró medidas de reparación para la no repetición del daño causado.

Entre esas, pidió que se requiera al Ministerio de Defensa para que ofrezca capacitaciones al personal militar sobre derechos humanos, procedimientos en flagrancia y procedimientos con menores, además promover una intervención integral multidisciplinaria con las víctimas indirectas en el plano psicológico, médico y del entorno social, a través del Ministerio de Salud, Ministerio de Mujer y Ministerio de Desarrollo Humano, y ver la posibilidad de que puedan acceder al bono de desarrollo humano.

También, a fin de evitar la no repetición de este caso, pidió que se ponga un nombre al lugar donde se dio la retención de los menores, es decir, el paso a desnivel de la av. 25 de Julio en honor a los menores. “El puente Niños de Las Malvinas”, pidió nombrarlo.

“Como una forma de evitar que se repita un antecedente nefasto”, dijo Farez, en su primera presentación que se extendió por una hora.

La defensa de Wilson C. B.

En respuesta, Jesús López, abogado del suboficial Wilson C. B., militar subalterno de la patrulla, dijo que no existe una sola prueba directa, legítima que acredite que su defendido haya participado en la desaparición o muerte de los menores, más aún que haya agredidos o ejecutado disparos en la retención.

Dijo que era un suboficial subordinado sin capacidad de alterar una orden de un superior e indicó que el único que tenía el mando de la patrulla daba órdenes o decidía el rumbo de los retenidos era el subteniente John Z.

“Es una verdad reiterada por múltiples voces, testigos, los propios procesados”, aseveró.

Sobre las prendas levantadas en Taura, pidió la nulidad de las pericias de estos elementos levantados por personal militar, por considerarlos como una ‘obtención ilegítima’ sin cadena de custodia, y que no se tomen en consideración las pericias relacionadas con este elemento, incluyendo el análisis morfológico.

López hizo señalamientos hacia las versiones de los cooperadores eficaces que consideró contradictorias, sin objetividad y sin imparcialidad. Pidió la absolución de Wilson C.

“No puede ser convertido en responsable por saciar el clamor popular”, dijo el defensor.

Refutó que Fiscalía intente poner a los militares en el mismo plano de responsabilidad, pero “en derecho penal funciona por actos concretos y decisiones individuales”.

Acusación contra Wilmer L. C.

Luego, Farez siguió con la acusación de autor directo y responsable del delito de desaparición forzada para Wilmer L. C. Además, pidió similar pena de 34 años y 8 meses de prisión y de igual manera las medidas de reparación a las expuestas con el primer militar.

La defensa de segundo procesado

Carlos Manosalvas, abogado de Wilmer L., otro militar integrante de la patrulla, expuso sus argumentos en contra de los detalles expuestos por Fiscalía, tanto los informes como las versiones de militares. Pidió que se ratifique el estado de inocencia de su patrocinado y que se levantan medidas que pesan sobre él.

Refutó que el caso se haya ‘mediatizado’. “Que se realicen plantones para presionarles a ustedes como jueces y se busque una justicia construyendo una narrativa dramática”, sostuvo en su presentación.

Dijo que jamás hubo intención de desaparecer a nadie por parte de su defendido y que podría ser una falta meramente administrativa.

Indicó que no se ha llegado a establecer que hubo agresiones por parte de su defendido e hizo señalamientos a versiones contradictorias entre colaboradores eficaces y el resto de procesados.

Mencionó que los militares no cometieron ningún asesinato, que no se ha llegado a establecer la responsabilidad individual de su defendido, y que en otra indagación se indaga el secuestro y asesinato de los menores.

“El delito de desaparición forzada no se subsume en la conducta del sargento Wilmer L. y tampoco en la conducta de los otros militares”, dijo y expresó que las bandas delictivas, sin dar nombres, deberían estar incluidas en el proceso como presuntos responsables del crimen.

En réplica, Fiscalía expuso sus argumento. Entre otros detalles, refutó que se haya roto la cadena de custodia de las vestimentas en la zona de Taura.

La audiencia sigue esta tarde con la presentación de los alegatos de Fiscalía por cada uno de los 17 procesados, la acusación particular y los abogados de los implicados en la indagación.

Acusación para tercer procesado

A las 14:10, la audiencia se reinstaló con los alegatos de Fiscalía para presentar la acusación formal para el cabo Jonathan Raúl G. P. por el delito de desaparición forzada, a base de los medios de prueba pericial y testimonial.

El agente de Fiscalía citó que, según a las pruebas, este militar, quien era chofer, era parte de la patrulla militar e indicó que las víctimas habían sido dejadas desnudas en un camino de segundo orden por petición de una de las víctimas hacia John Z., quien dirigía el operativo.

Manifestó que si las vestimentas fueron levantadas y reconocidas avalan los testimonios de cooperadores y a ello, además, suma el aporte de un video expuesto por la hermana de uno los militares procesados, quien recibió el mismo de su allegado. En el audiovisual se expusieron maltratos a los menores.

Farez detalló que él, a base de testimonios de los cooperantes, sería la persona que habría boxeado con el adolescente más grande y habría querido realizar una llave, pero se cayó y se molestó más.

Defensa tercer procesado

Jesús Cobeña, defensa técnica del cabo Jonathan G., refutó los alegatos de Fiscalía, incluyendo la comparecencia de ciertos testigos, entre esos cinco militares cooperantes, y peritos. Indicó que los otros once se mantienen en la ‘línea de la verdad’.

Entre otros detalles, dijo que ‘erróneamente’ se ha dicho que el cabo ha invitado a boxear y ha agredido al menor. Aseveró que nunca se bajó del carro ni realizó esas acciones, citando testimonios de varios militares.

Dijo que su defendido ha expuesto información desde el primero momento en que se le solicitó por el servidor Fabián Lescano Zárate. También citó que la prueba de las vestimentas no tendría validez, por lo que “no se respetó” la cadena de custodia.

Cuestionó si ser chofer representa un delito, que tampoco dio ninguna orden y que —según él— lo hizo John Z.

El abogado expuso que no existe el delito ni una autoría del cabo, por lo que solicitó que se ratifique de inocencia por “insuficiencia probatoria” y se levanten medidas cautelares impuestas contra su defendido.

Fiscalía respondió que con base en el tipo penal se ratificó el lugar de los hechos, se reconoció las escenas móviles (las dos camionetas), se escuchó a los procesados privar de la libertad a las víctimas y se escuchó dejarlos sanos y salvos en Taura.

“Con solo este tipo de argumento ya hay un proceso sólido”, dijo y expuso que hay abundante acervo probatorio.

Expuso que el hecho punible fue abandonar a los menores desnudos, y además que aquello fue planificado y deliberado por el personal militar. Expresó que el cabo tuvo que haber informado de manera inmediata sobre el hecho.

Acusación para cuarto procesado

A las 15:20, el fiscal Farez expuso que se ha demostrado la responsabilidad penal del procesado Ronald P., otro militar involucrado. Él consta en un listado de los integrantes de la patrulla participante en el operativo.

Pidió que se emita la respectiva sentencia a Ronald P. como autor directo del delito por años de prisión al considerar que se cumplen agravantes.

“No solo por no impedir, sino básicamente y se ha explicado a lo largo de esta audiencia es por participar activamente. Los roles de participación son con el fin de cumplir ese objetivo ilícito que ya tenía la estructura conformada por la patrulla”, dijo Farez.

Defensa del cuarto procesado

El abogado del procesado, Jesús Cobeña, insistió que los elementos son insuficientes para declarar un delito de desaparición forzada hacia su patrocinado Ronald P.

Dijo que su defensa se comprometió a demostrar que Ronald P. recibía órdenes del subteniente John Z., que estaba en el balde de una de las camionetas y nunca supo la razón de la liberación de los menores.

En caso de darse la validez de la prueba de las vestimentas, cuestionó si su procesado dio órdenes a los menores para que se quitaran la ropa y otras disposiciones.

Cuestionó que si cuatro de los cinco cooperadores observaron que Ronald P. aprehendió a unos de los menores o si estaba cerca en la escena del árbol.

Sobre los hechos, dijo que quien debía informar a los superiores era el que tenía el mayor rango y negó que su patrocinado haya realizado agresiones a los menores. Pidió que se declare su inocencia.

Quinto procesado en el caso

A las 16:12, Farez expuso sus argumentos y pruebas de responsabilidad para el quinto procesado, Rodrigo N. P., quien era parte de la patrulla militar que se encargó de la retención de los menores.

Dijo que la teoría que sostiene Fiscalía ha sido que los menores fueron dejados desnudos y aquello se avaló por intermedio de un experto.

Pidió que se le condene como autor directo en el delito y dispuso similares medidas de reparación que los anteriores procesados.

“Sus actos colaboran al cumplimiento del objetivo ilícito de la patrulla”, explicó Farez y ratificó, así como con otros procesados, que estaba en obligación de dar a conocer los hechos a sus superiores y no 48 horas posteriores al presunto hecho.

Defensa del quinto acusado

A las 16:38, Stephen Otero, defensor de cabo primero Rodrigo N., hizo sus alegatos para ratificar el estado de inocencia del procesado y refutó argumentos presentados por la Fiscalía

En el proceso de juicio, Otero consideró que lo único que se ha logrado demostrar es que hay “falacias” de colaboradores eficaces y que la conducta del cabo primero no se adecuó al artículo 84 del COIP relacionado con desaparición forzada.

Su única función, según el abogado, fue la de conducir una de las camionetas participantes y como parte de eslabón de una estructura militar solo acataba órdenes de un superior.

Dijo que no se ha determinado su rol en el presunto delito, y que él no dio ninguna orden ni agresión a los menores.

A las 17:20 se suspendió la audiencia y se prevé reinstalar a las 10:30 del martes 8 y posiblemente el sábado 13, dependiendo del avance del proceso. (I)