El próximo 2 de marzo, desde las 10:00, Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, se presentará nuevamente ante un juez para la audiencia de apelación a la prisión preventiva que pesa en su contra en el denominado caso Goleada.
En esta indagación hay once personas procesadas, incluyendo Aquiles Alvarez y sus dos hermanos Antonio y Mario Xavier.
En la convocatoria judicial se señala que Aquiles Alvarez, sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez, así como César B. y Fernando P. han interpuesto un recurso de apelación de la medida cautelar personal de prisión preventiva dictada en su contra por Jairo García, juez de la Unidad de Delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
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En este caso, la Fiscalía asevera la existencia de una supuesta red de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
En recientes horas, en el sistema del Consejo de la Judicatura se difundió el resumen de la audiencia de formulación de cargos instalada el 11 de febrero.
Allí, según los registros judiciales, el fiscal del proceso explicó que el caso tiene relación en la “dinámica de un grupo criminal organizado destinado a seguir inyectando capitales ilícitos, así como defraudando tributariamente al Estado” que se habría iniciado en 2020.
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El agente fiscal detalló de la posible actividad de blanqueo de capital. Agregó que se habría originado con un “entramado empresarial meticulosamente aceitado” con el supuesto fin de vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero nacional.
El entramado que sostiene la Fiscalía
En ese sentido, el fiscal atribuyó que, supuestamente, los hermanos Alvarez Henríquez, que desarrollan actividades comerciales en el negocio de venta de combustibles, habrían “constituido una estructura empresarial destinada a viabilizar su giro de negocio”.
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Como parte de la estructura, en el esquema, el fiscal colocó a la empresa Terminal Naviera Petrolera Ternape Petroleum S. A., llamada en el proceso como Ternape, junto con una empresa registrada en Panamá y domiciliada en Guayaquil de nombre Flota Naviera Petrolera Flonape Overseas.
Además, el fiscal aseveró que se ”compraba el diésel al Estado ecuatoriano afirmando que su destino final sería el segmento naviero nacional, sin embargo Ternape una vez que el Estado le entregaba combustible lo vendía a precio real a embarcaciones con bandera internacional, recibiendo pagos directos a sus cuentas en Ecuador".
Dicha firma, según el relato del fiscal, “no podía registrar venta internacional”, por lo que supuestamente “registraron dichos valores como una deuda a pagar a Flonape Overseas S. A., bajo el argumento empresarial de que esta última no tenía cuentas bancarias en Ecuador al estar registrada en Panamá”.
Según el fiscal, se habría “cedido la supuesta deuda de Ternape a nombre de los mismos dueños de Flonape Overseas S. A.“.
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Así, según el fiscal en su exposición, un valor de 2′700.000 registrado como deuda “se cedió” supuestamente a los hermanos Alvarez, “quienes, a su vez deciden no ejecutar el cobro de estos valores sino que, por el contrario, resuelven incrementar el capital de Ternape”.
En el entramado, de acuerdo con la versión del fiscal, la red usaba simulación de deudas y cesiones.
Dentro de la organización, según lo dicho por el fiscal, la organización contaba con la colaboración de otras personas para buscar embarcaciones de bandera internacional para vender el diésel subsidiado al valor normal. De esa labor, según el fiscal, se habría encargado el resto de ocho procesados.
Específicamente, según la Fiscalía, uno de los procesados sostuvo que su rol giraba alrededor del intercambio de guías de remisión de Petroecuador EP.
El fiscal sostuvo que se habrían estructurado cinco eventos que configurarían el delito: eventos de guías de revisión, comercialización de combustible a embarcaciones internacionales, pagos a trabajador de aduana, bienes y eliminación de archivos.
Entre los elementos presentados constaron el informe pericial de informática forense practicado a tres dispositivos electrónicos entregados por una persona denunciante.
En la audiencia, según los registros judiciales, el defensor legal de Aquiles Alvarez, Ramiro García, detalló que los argumentos presentados por la Fiscalía son “idénticos” a los que se plantearon en el caso Triple A, que indaga la comercialización ilegal de productos derivados de combustible.
Por ese caso, Alvarez espera la etapa de juicio y ya portaba un grillete electrónico por disposición de un juez.
Al explicar el funcionamiento de la comercialización de combustible, el abogado García explicó que la teoría de la Fiscalía evidencia “desconocimiento del proceso”.
Apuntó que las empresas de su defendido han cumplido con controles y autorizaciones pertinentes, así como el pago de $ 9 millones en impuestos, facturas y obligaciones tributarias.
Este martes, 24 de febrero, el Concejo de Guayaquil dio paso a un pedido de extensión de licencia remitido por Alvarez para ausentarse de su puesto como alcalde de Guayaquil. La solicitud comprende del 25 de febrero al 26 de marzo.
Mientras tanto, Alvarez permanece en la cárcel de Latacunga, aunque su defensa ha insistido en que sea trasladado a la cárcel 4 de Quito, como lo recomendó el juez que conoció el caso.
Otros cuatro procesados, incluyendo los hermanos Antonio y Mario Alvarez, están recluidos en la cárcel de Turi (Cuenca).
Otros cinco procesados cumplen medidas cautelares, por lo que deben presentarse periódicamente ante la autoridad competente y tienen prohibida la salida del país. Un sexto procesado recibió arresto domiciliario.
La Fiscalía presentó un pedido de apelación a la negativa de privación de libertad para estos seis procesados. (I)
