La audiencia de apelación de prisión preventiva para Aquiles Alvarez y otros procesados en el caso Goleada se instaló esta mañana en la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado del Complejo Judicial Norte, en Quito.
En la apelación de la medida de prisión preventiva, que se extendió desde las 09:00 hasta las 12:30 de este viernes, la jueza ponente del caso Silvana Velasco escuchó los alegatos de los abogados defensores de los cinco procesados y el representante de la Fiscalía General del Estado.
Luego de ello, la magistrada suspendió la audiencia para volver a escuchar los audios donde se formuló cargos para los once involucrados en el caso Goleada y así tener una respuesta a la apelación para cinco de ellos.
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Por ahora, la jueza no dio a conocer fechas ni horarios de cuándo se volverá a instalar la audiencia para conocer si se aceptan las medidas externas y queda desacreditada la prisión preventiva para los implicados.
La diligencia tuvo el objetivo de escuchar a la defensa de los procesados ante la medida cautelar interpuesta para que se revoque la prisión preventiva que tiene a cinco de once sospechosos, incluyendo a Alvarez, por esta causa que indaga el presunto delito de lavado de activos y defraudación tributaria.
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Al inicio de la sesión, de manera telemática, Aquiles Alvarez, Antonio Alvarez y Xavier Alvarez aparecieron rapados y con trajes de color naranja desde el centro de privación de libertad (CPL) de máxima seguridad del Encuentro, ubicado en la provincia de Santa Elena.
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Ellos estuvieron acompañados por dos personas más, César Bravo y Fernando Peñaherrera, también involucrados en el caso Goleada.
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En primera instancia, antes de que las declaraciones de los abogados defensores fueran públicas, los procesados tuvieron diez minutos para conversar en una sala telemática privada, aceptando el pedido del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien solicitó este espacio al mencionar que no habían podido dialogar de forma fluida con sus abogados.
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La audiencia se instaló a las 09:00 de este viernes. Uno de los primeros en hablar fue Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez, quien aseguró que las medidas impuestas por el caso Triple A, como la presentación paulatina en Fiscalía y la prohibición de salida del país, se han cumplido.
Además, pidió que tanto Antonio como Xavier Alvarez se presenten periódicamente ante las autoridades competentes y que Aquiles Alvarez tenga el mismo designio, pero ante el director de la Cárcel del Encuentro, puesto que ya tiene otra medida de privación de libertad en el caso Triple A.
Bajo este contexto, Juan Ernesto Llamuca, otro jurista defensor de los hermanos Alvarez, añadió que no se expusieron las razones singulares para imputar la prisión preventiva sobre los procesados y solicitó que Aquiles Alvarez tenga otra medida externa a la prisión preventiva; y en el caso de Antonio y Xavier, que se revoque esta providencia cautelar.
La audiencia en la Corte Provincial de Pichincha se reinstaló a las 10:45, luego de diez minutos de receso. Después de la pausa, el representante de Fiscalía tomó la palabra.
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El fiscal del caso en la audiencia aseguró que, entre las evidencias tecnológicas decomisadas (computadores, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento), se encontró material vital para sostener el proceso judicial.
Las investigaciones arrojaron que el denunciante, llamado José Carlos Cevallos Avellán, quien fungía como director financiero de varias empresas de los hermanos Álvarez, según el fiscal, habló de la entidad Corpalon como una de las instituciones donde supuestamente se vendía el diésel subsidiado por el Estado, pero en este caso, sin dicho subsidio y con la libertad para que ellos pusieran el precio del hidrocarburo. Así, el conglomerado empresarial habría causado un problema al Estado, explicó el fiscal.
El esquema de comercialización que se habría empleado, según Fiscalía
Además, según la exposición de Fiscalía, estas ganancias ilegales se habrían usado para la compra de empresas, gasolineras y entidades en Panamá para generar capital a sus otras compañías.
Esta fue una forma de lavar dinero, según el relato de la Fiscalía, además del supuesto uso de un plantel deportivo (Barcelona Sporting Club) como otra modalidad para cometer dicho delito.
Según el fiscal, estos actos generaron préstamos de, aproximadamente, $ 2.000.000 de la comercialización ilegal de combustibles.
Asimismo, también habló sobre César Bravo, uno de los procesados, y su hermano Emilio Bravo, quienes cooperaron en la creación del grupo Alvatres para que fuera la matriz y propietaria de muchas compañías.
El rol de César Bravo, según Fiscalía
Según Fiscalía, César Bravo habría actuado como socio, enlace estratégico y gestor de la expansión de la estructura. Supuestamente, el fiscal adujo que trabajó en entidades de control relacionadas con la supervisión de los hidrocarburos; coordinó permisos y autorizaciones de regulación de hidrocarburos para construir nuevos centros, manejó activamente a funcionarios, tenía vínculos con funcionarios públicos, realizaba captación de socios y entregaba asesorías estratégicas para expandir el sector automotriz en base en la venta de diésel.
El fiscal expuso que Bravo habría redactado oficios para la agencia de control. Según el relato del fiscal, todas estas gestiones habrían facilitado el esquema de venta e intercambio de guías para proteger la ilegalidad en el desvío del combustible y así no ser detectados por las autoridades de control.
Desarrollo de la audiencia judicial
En la audiencia, el fiscal expuso que la entidad sí individualizó los hechos para imponer medidas cautelares como la prisión preventiva y aclaró que el riesgo de fuga de los detenidos es inminente, ya que son personas que estuvieron vinculadas estrechamente en las actividades de las compañías y saben todo lo que cometieron, supuestamente, para desviar el dinero y cómo manejaron a personas para que no hubiera intromisión.
En medio de las declaraciones, el abogado de Aquiles Álvarez, Ramiro García, alertó que los procesados fueron retirados de la sala telemática y la secretaria de la audiencia detuvo la grabación de la sesión hasta que se resolviera el inconveniente.
La audiencia continuó con la aclaración del fiscal, quien detalló que estuvo personalmente en el allanamiento de Aquiles Álvarez y aseveró que en ningún momento se les retiró el derecho de defensa.
Además, el funcionario señaló que, basándose en la extracción del material de los dispositivos, sumado a la teoría del denunciante y las evidencias recabadas, la medida de prisión preventiva es completamente legal.
El fiscal sostuvo esta teoría, poniendo sobre la mesa la negativa del uso del grillete electrónico de Aquiles Álvarez y enfatizó que en el parte policial consta que este artefacto estaba a un lado de la cama, botado en el suelo.
Por último, abordó el caso de Fernando Peñaherrera, detenido por el caso Goleada, quien supuestamente -según él- conocía los movimientos dentro de las empresas donde se generaban los presuntos testaferros y era parte de los chats grupales.
Con esto, el fiscal desestimó una supuesta incoherencia en la lectura de los documentos de evidencia que alegó el abogado defensor del procesado.
La Fiscalía exhortó a los jueces del caso no acoger la petición de revocar la medida de prisión preventiva para los cinco procesados y mantener el proceso e investigación en su estado normal.
En el derecho a la réplica, el abogado García insistió en que la medida de prisión preventiva impuesta a Aquiles, Antonio y Xavier Álvarez viola la presunción de inocencia y las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado y que -para él- no son un sustento para mantener dicha medida porque no se han desglosado las actividades específicas que vinculan al alcalde de Guayaquil y sus hermanos con la investigación en curso.
El defensor LLamuca, por su parte, apuntó que la Fiscalía no puede presumir que exista un peligro de fuga, debido a que los procesados tienen arraigos domiciliarios y las investigaciones aún no emiten antecedentes de que en casos anteriores se haya perpetrado un intento de evasión.
La abogada Gabriela Moreira, defensora del procesado César Blanco y Joseph Mark, letrado de Fernando Peñaherrera, concordaron en que la intervención del fiscal fue ‘frágil’ y no entregó datos concisos que evidencien la imputación de una medida como la prisión preventiva.
Alvarez ya enfrenta otra medida de prisión preventiva por el caso Triple A, que indaga el presunto delito de tráfico de combustible.
Este 13 de marzo, además, Alvarez tiene programada otra audiencia de formulación de cargos por el proceso que se sigue en su contra por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
La diligencia será a las 14:00. Este caso surgió por incumplir el uso de grillete electrónico que portaba Alvarez, como parte de las medidas cautelares del caso Triple A. (I)
