Este viernes 20 de marzo, en la quinta jornada de toque de queda, las autoridades ejecutaron un operativo que permitió desarticular una red vinculada a la organización criminal Los Choneros, que habría movilizado más de $ 1.700 millones dentro del sistema financiero.
El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la intervención no se realizó antes debido a la constante movilidad de los implicados en distintas provincias.
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“Esta operación no la pudimos realizar antes justamente porque ellos se estaban movilizando por todas las provincias; sin embargo, aprovechamos el toque de queda para poder ubicarlos y, de esta manera, lograr su detención”, señaló.
La investigación ‘Emporio presidiario’ y sus cabecillas
La investigación, denominada Emporio presidiario, permitió identificar a una organización dedicada al lavado de activos en Guayas, Pichincha y Los Ríos.
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Según las indagaciones, la estructura estaría liderada por el ciudadano estadounidense Richard V., quien junto con su entorno familiar habría conformado un entramado de empresas en sectores como transporte, alimentación, producción y seguridad privada.
Dentro de este esquema operaban múltiples compañías vinculadas entre sí, que transferían dinero de manera constante.
Algunas mantenían relaciones directas con empresas asociadas a alias Fito, mientras que otras canalizaban recursos a través de La Fattoria, una empresa que ofrecía servicios de comida incluso en prisiones.
No obstante, todas formarían parte de un mismo grupo empresarial bajo un control común, por lo que Richard V. será requerido por la justicia para enfrentar cargos en Ecuador.
Empresas clave en el presunto lavado de activos
Uno de los ejes de la investigación es la empresa que proveía alimentos al sistema penitenciario y que habría sido utilizada para recibir depósitos en efectivo por cientos de millones de dólares. Según el ministro, esta compañía registra depósitos en efectivo por $ 1.472 millones.
Reimberg indicó que el flujo de dinero provendría, en parte, de personas privadas de la libertad y de individuos con antecedentes por delitos graves, incluidos asesinatos, quienes realizaban depósitos tanto en la empresa como en cuentas de empleados vinculados.
“Esta afectación económica supera los $ 1.700 millones en este grupo de personas y empresas vinculadas a esta organización delictiva”, afirmó.
Los registros analizados revelan que los movimientos entre personas naturales superaron los $ 178 millones, mientras que entre personas jurídicas se transfirieron más de $ 1.700 millones entre 2015 y 2025.
“Dentro de las personas que depositaban estos valores había personas con antecedentes por asesinatos, entre otros delitos”, precisó el ministro.
“Son valores que no se han podido justificar dentro del sistema financiero y, más allá de eso, me preocupa que estén dentro del mismo y que no hayan existido alertas al respecto”, agregó.
Vínculos familiares con líderes criminales
Según Reimberg, entre las empresas bajo investigación figura también una firma embotelladora (Queen Water) vinculada a Inda P., la esposa de Adolfo Macías, alias Fito, quien permanece prófuga.
Asimismo, se indaga al círculo familiar de Azhael R., hijo de Júnior Roldán, alias JR, quien fue reportado como abatido en Colombia.
Resultados del operativo y declaraciones oficiales
El operativo registró once personas detenidas, entre ellas un mayor de la Policía en servicio activo. Las intervenciones se realizaron de manera simultánea en varias provincias.
El ministro calificó el resultado como uno de los golpes más relevantes contra las economías criminales en el país.
“Esto es un golpe dirigido a la estructura de Los Choneros, que es básicamente la organización que está detrás de todos estos movimientos económicos y hoy constituye uno de los golpes más grandes que se han dado en el país en temas de economías criminales”, sostuvo.
Las autoridades continúan con el levantamiento de indicios en los inmuebles allanados. “Hemos encontrado dinero en efectivo, armamento y teléfonos”, informó Reimberg. (I)