Víctor Granda, exdiputado socialista y denunciante del expresidente Jamil Mahuad por peculado, relacionado con el feriado bancario de 1999, replicó al exmandatario señalando que pretende presionar mediáticamente a los jueces de la Corte Constitucional para anular la sentencia de casación que se encuentra en firme desde enero de 2021.
En la Corte Constitucional (CC) se reabrió el caso del expresidente de la República Jamil Mahuad, sentenciado a ocho años de prisión por el delito de peculado. El juez constitucional Richard Ortiz avocó conocimiento de la acción extraordinaria de protección que presentó la defensa del exmandatario. El 27 de noviembre de 2025 dispuso que, en un plazo de cinco días, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) presente un informe de descargo actualizado sobre los argumentos que fundamentan la demanda, antes de la convocatoria a una audiencia pública.
En una carta pública, el exdiputado Granda explica que Jamil Mahuad no fue procesado y sentenciado por la dolarización ni la paz con el Perú, sino por el “delito de peculado cuando autorizó la provisión de cuantiosos fondos públicos a los banqueros que financiaron su campaña electoral, para una escandalosa especulación monetaria y para que abusen de los fondos privados de los depositantes al pagar tasas de interés en sucres y dólares, menores a las pactadas. Asimismo, pulverizó los ahorros de los ecuatorianos fijando dolosamente un tipo de cambio desproporcionado en la dolarización”.
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Este proceso penal, añade, tramitado por más de 20 jueces nacionales, no se inició por acusación fiscal, sino por su denuncia, la de Jorge Rodríguez Torres y por la iniciativa judicial de los expresidentes de la Corte Suprema, uno de ellos Jaime Velasco.
Los decretos ejecutivos de Mahuad, afirma Granda, ocasionaron un perjuicio al Ecuador en más de $ 25.000 millones por congelamiento y devaluación, y beneficiaron “cuantiosamente a sus amigos banqueros que financiaron su campaña, a quienes les entregó las principales responsabilidades y decisiones de su gobierno, sumiendo en la pobreza a millones de ecuatorianos que tenían sus depósitos en el sistema financiero nacional. Ocasionaron una migración de más de dos millones de ciudadanos y la muerte y suicidio de decenas de ecuatorianos”.
La sentencia sobre la que Mahuad y sus asesores interpusieron recurso de casación y la acción extraordinaria de protección para anularla, explica Granda Aguilar, no es la dictada, en primera instancia en 2014, por la jueza Ximena Vintimilla, sino la sentencia de segunda y última instancia, emitida el 17 de mayo de 2017 por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia integrada por las juezas Zulema Pachacámac, Silvia Sánchez y Gladys Terán.
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En casación (2021), los jueces nacionales Iván León y David Jacho negaron la petición de nulidad de la sentencia, salvo el juez Wilman Terán que pretendió anular la acusación de peculado.
El sentenciado, dice Granda, amenaza a los jueces constitucionales con recusaciones y una campaña de desprestigio a su idoneidad, para que acepten su acción que no cumple los requisitos básicos exigidos por la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
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El denunciante, en su carta pública, sostiene que el proceso penal duró más de 20 años, pero el sentenciado no dice que se prolongó por la serie de incidentes y abuso del derecho por parte de sus abogados, incluso uno de ellos de apellido Prado logró que un pariente político suyo aprobara en la Corte Nacional una resolución para convertir como requisito de procedibilidad del juicio de peculado el informe de indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado para anular el proceso.
Según Víctor Granda, ahora Jamil Mahuad, para victimizarse, asegura que es un perseguido de Rafael Correa, cuando “este más bien constantemente lo protegió no solo en sus discursos, sino que planteó una denuncia penal acusándole, retóricamente, de haber cometido delitos de lesa humanidad y luego de publicitarlo, abandonó el caso y después en la expedición del Código Orgánico Integral Penal en 2015 introdujo, como requisito de procedibilidad para los procesos de peculado, el informe previo de Contraloría, que luego fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.
Mahuad, dice Granda, pretende que los jueces constitucionales vuelvan a examinar su caso como si se tratara de una tercera instancia, lo que es absurdo. Lo que tiene es la opción de un recurso de revisión en la Corte Nacional, pero allí debe probar que “no benefició dolosamente a sus amigos y financistas banqueros y que no perjudicó a decenas de miles de los ecuatorianos con el saqueo y robo de sus ahorros”.
El sentenciado debía haberse quedado en el país para enfrentar personalmente las acusaciones como lo hace la gente de bien y si estima que el país debe mucho a su genio político, podría pedir indulto al presidente Noboa, pero no la nulidad de un proceso judicial concluido. (I)
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