A los cuatro días de entrada en vigencia, la Unión Nacional de Educadores (UNE), presentó ante la Corte Constitucional (CC), una demanda de inconstitucionalidad por el fondo y la forma a la ley de Integridad Pública.
Los motivos de la demanda, según el presidente de la UNE, Andrés Quishpe, son algunos. Uno de ellos, la falta de unidad de materia porque el documento que inicialmente remitió el Ejecutivo fue distinto al que finalmente salió aprobado en la Asamblea Nacional. Se terminó insertando reformas a más de 20 leyes que afectan a los derechos de los trabajadores, mujeres, a los niños y adolescentes, señaló.
Dijo que existen artículos polémicos que violentan la estabilidad laboral, la compensación jubilar y que buscan “asaltar a los organismos de justicia”, lo cual vicia el proceso de haber aprobado la ley, porque le corresponde al Presidente de la República manifestar cuándo una ley es urgente y además cuidar la unidad de materia, por lo tanto, la Asamblea Nacional se arrogó competencias rompiendo los respectivos protocolos jurídicos y parlamentarios.
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Argumentos
Andrés Quishpe, explicó que la ley de Integridad Pública violenta los derechos de la compensación jubilar, porque aquellos servidores públicos que se preparaban para someterse a la jubilación voluntaria a partir de los 60 años de edad, porque contaban con más de 360 aportes a la seguridad social, hoy no lo podrán hacer porque se ven obligados a llegar a los 65 años de edad para solicitar la respectiva compensación jubilar.
También se refirió a la disposición contemplada en la Ley de Integridad respecto a la evaluación de los servidores públicos. Dijo que lo aprobado por la Asamblea Nacional se vuelve punitiva cuando elimina la estabilidad laboral.
Quishpe se refirió a aquellas reformas respecto a la sanción de los adolescentes infractores como adultos, y afirmó que la ley busca criminalizar a las víctimas y no a quienes son los que reclutan a los menores de edad. Comentó que es fácil detener a los menores de edad, para luego pedir información, en vez de ir de forma directa a quienes lavan el dinero en el Ecuador.
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“Es fácil ensañarse frente a la niñez y a la adolescencia, y no ir a las bandas delincuenciales, pues son nueve provincias en las cuales la policía tiene identificadas donde se produce el reclutamiento, subrayó el dirigente.
La UNE pidió que se suspenda la aplicación de aquellos artículos que violan derechos como la estabilidad labora, la compensación jubilar.
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Quishpe llamó a las organizaciones sociales de trabajadores a ingresar nuevas demandas ante la Corte, porque la ley de Integridad Pública modifica más de 20 leyes. La Unión Nacional de Educadores convoca para el 11 de julio a una movilización ante la Corte Constitucional para que centre su debate en la demanda presentada este 30 de junio de 2025. (I)
