Tribunal revoca nulidad en caso Nene y ordena que se continúe la audiencia de juzgamiento contra el hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad

Un mes después de ingresar a deliberar, los jueces del Tribunal Primero Anticorrupción de la Corte de Pichincha, Silvana Velasco (ponente), Wiler Chóez y Byron Uzcátegui, la mañana de este martes, 2 de septiembre, revocaron la nulidad declarada de los dos días de audiencia de juzgamiento, a partir de su instalación, del caso denominado Nene.

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La decisión fue tomada ante los argumentos dados por el fiscal Leonardo Alarcón y David Meza, abogado de la víctima en el caso Nene, para que se levante la nulidad declarada el 14 de julio pasado sobre la audiencia de juzgamiento. Según Alarcón, declarar la nulidad de lo actuado los días 10 y 11 de marzo pasado, dentro del juicio por el delito de oferta de tráfico de influencias, vulnera el debido proceso debido a que la mayor parte de la prueba de la Fiscalía ya fue presentada y, por lo tanto, se encuentra en conocimiento de las otras partes procesales.

De forma unánime, los jueces Velasco, Chóez y Uzcátegui dispusieron que se continúe la sustanciación de la audiencia de juzgamiento a partir del momento en que fue suspendida.

Con el fin de evitar que se vulnere el principio de inmediación, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la defensa y otros derechos que cobijan a Francisco Sebastián B. A., hijo de la hoy exvicepresidenta Verónica Abad procesado en el caso Nene, los integrantes del Tribunal de Juicio, Clara Soria, Andrés Muñoz y Jorge Sánchez, de forma unánime decidieron declarar la nulidad de los dos días de audiencia de juzgamiento a partir de su instalación.

Los jueces anticorrupción decidieron la nulidad el 14 de julio pasado, luego de que no pudieron continuar la audiencia de juzgamiento por el delito de oferta de tráfico de influencias, la cual se inició el 10 de marzo último, continuó al día siguiente, el 11 de marzo, y se suspendió para continuar el 9 de abril de 2025. Esta primera convocatoria no se pudo concretar porque la Sala de Juicio dejó sin efecto la convocatoria, llamando finalmente para el 26 y 27 de mayo siguientes para reinstalar la diligencia en el caso Nene.

El pasado 26 de mayo siguiente tampoco se instaló la audiencia, y esto debido a que el abogado de Francisco Sebastian B. A., el único procesado que llegó a la etapa de juzgamiento, no se presentó. Santiago Hernández Quijano, defensa del hijo de la exvicepresidenta Abad y quien participó en los dos primeros días del juicio, no se hizo presente en la sala debido a que estaba afectado por el secuestro que vivió el 11 de marzo pasado, luego de la suspensión de la diligencia en Nene, cuando viajaba junto con su equipo hacia la ciudad de Manta (Manabí).

Para tomar la decisión, el Tribunal de Juicio constató que la audiencia de juicio no pudo ser reinstalada debido a la ausencia de los defensores técnicos del procesado; que, cuando se dio inicio a la audiencia de juicio, Francisco Sebastián B. A. se encontraba patrocinado por los abogados Santiago Hernández y Roberto Loor; que el investigado no expuso de manera oral, antes de instalar la audiencia de juicio, su voluntad de ejercer su propia defensa; que el señor procesado manifestó que no requería un defensor público; que, el 6 de junio último, decidió el procesado desautorizar a todos sus abogados que hubieran intervenido anteriormente en este proceso; y dio a conocer el deseo del acusado de contratar una nueva defensa técnica.

El análisis del Tribunal Anticorrupción resalta que continuar la reinstalación de la audiencia de juicio sin alguno de los abogados con los que se inició la presente audiencia vulneraría no solo el derecho a la defensa del procesado, sino también los principios y reglas del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, pues no se podría garantizar la continuidad de la defensa.

“Esto es así considerando que en la presente causa los abogados que actuaban en representación del procesado ya intervinieron en la práctica de la prueba, realizaron el contrainterrogatorio de los testigos que hasta el momento había presentado Fiscalía y conocían cómo se venía desarrollando la audiencia de juicio”, sostuvo la sala en su razonamiento.

Alarcón pidió al Tribunal de Apelación que revoque toda la nulidad señalando que la norma procesal establece mecanismos para garantizar la continuidad del proceso, incluso ante la renuncia del abogado. Aclaró que la nulidad procesal solo procede cuando se ha producido un vicio que afecte de manera grave la validez del proceso, como la falta de notificación o la vulneración de los derechos fundamentales, situaciones que —dijo— no han sucedido en este momento procesal.

“Solicito se revoque el auto de nulidad emitido (...) el 14 de julio de 2025, por cuanto ahí sí estaría transgrediendo el mismo proceso, la seguridad jurídica establecidos en los artículos 11, 76, 82 y 69 de la Constitución; artículo 5, numeral 14, del Código Orgánico Integral Penal. Y si sucediera esto, señores jueces, ¿qué pasaría si mañana nuevamente se cambia de abogado, existe la audiencia y nuevamente seguimos en el círculo vicioso? No se ha vulnerado derecho alguno a la defensa y menos aún en la presente causa”, refirió el fiscal Alarcón.

De su parte, David Meza explicó que de haberse confirmado esta nulidad lo que se estaba es abriendo la puerta a un precedente nefasto para generar impunidad. Sostuvo que, si el Tribunal de Apelación decidía ratificar el auto de nulidad, se le estaría dando luz verde a que se permita que una persona dentro de un proceso, aprovechándose y beneficiándose del propio dolo que genera, pueda hacer que una audiencia de juzgamiento se nulite al no estar su abogado, quien inasiste por la razón que sea, incluidas razones que puedan ser creadas para que no avance el procesamiento penal.

Joffre Campaña, nuevo abogado de Francisco Sebastián B. A., defendió la nulidad declarada por el Tribunal de Juzgamiento e indicó que lo que estaba en juego es la determinación de la garantía fundamental consagrada en la Constitución: el derecho que tiene toda persona para, en ejercicio del derecho a la defensa, poder defenderse en igualdad de condiciones.

“Ese es el tema, la posibilidad de defenderse en igualdad de condiciones. Lo que haya ocurrido antes, detalles, sucesos, que si hubo o no un secuestro de un abogado, circunstancias ajenas a mi conocimiento y además ajenas al proceso como tal, en cuanto a materia sustancial, son temas hasta cierto punto secundarios o irrelevantes. Por tanto, ¿qué es lo que nos debe interesar? ¿Hay o no la posibilidad de defenderse en las mismas condiciones cuando un abogado interviene en la mitad de una audiencia de juicio?”, refirió Campaña.

Una vez revocada la nulidad, la Fiscalía informó que está a la espera de que se señale día y hora para la reinstalación de la diligencia, en la cual se seguirá con la exposición de sus pruebas de cargo contra Francisco Sebastián B. A.

Francisco Sebastián B. A. es el único juzgado por el delito de oferta de tráfico de influencias, pese a que fueron dos los llamados a juicio el 19 de noviembre de 2024. El fiscal Alarcón acusa al hijo de la hoy exvicepresidenta Abad como autor directo del delito definido en el artículo 286 del COIP.

Leonardo Alarcón aseguró que con la prueba testimonial, pericial y documental que mantiene demostrará que Francisco Sebastián B. A. adecuó su comportamiento al delito de oferta de tráfico de influencias, es decir, intervino, junto con el exasesor de su madre, Daniel Lenín R. P., procesado que mantiene el llamado a juicio en suspenso por estar prófugo, para solicitar parte del sueldo a un persona a la que habían ubicado en un cargo público en el interior de la Vicepresidencia de la República.

A decir del denunciante, Francisco Sebastián B. A. sería uno de los que lo contactaron para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República. Por ese cargo se le habría pedido que debía entregar, del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir, una buena parte de esa mensualidad; primero se le exigían $ 2.000 mensuales; y, luego de una “negociación”, la cifra quedó en $ 1.700.

Romel P. refirió en su denuncia que no habría podido pagar nada de lo pactado porque antes de reconocer su deuda y poder retirar una letra de garantía por $ 30.600 que le hizo supuestamente firmar Francisco Sebastián B. A., a mediados de febrero de 2024, al denunciante le habrían notificado su desvinculación del cargo en la Vicepresidencia de la República. (I)