Tres inmuebles ubicados en la provincia de Esmeraldas y avaluados en $ 240.000 de propiedad del exgerente de Petroecuador Álex Bravo pasaron a manos del Estado ecuatoriano como parte de la sentencia que el exfuncionario petrolero mantiene en ejecución por el delito de cohecho, al ser uno de los responsables de la trama de corrupción que operó en Petroecuador.