El procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, explicó que existe un plazo de tres meses para que el Estado presente un pedido de anulación a la resolución del Tribunal Arbitral de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ordenó a Ecuador el pago de $ 220′806.941 de indemnización a la empresa Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company.
Larrea sostuvo que las autoridades del Estado deberán decidir si se opta por la solicitud de anulación o si se establece un acuerdo de pago, que lo deberá cumplir el Ministerio de Finanzas.
“Es una decisión estratégica que comprende a la Procuraduría y al Estado. Nosotros somos los abogados del Estado y, en último término, el cliente es el que debe tomar la decisión. Nosotros podemos presentar las alternativas y el cliente decidirá si decide ir por una anulación, si decide ir por una anulación y pagar, o si decide ir directamente al acuerdo de pago”, dijo el procurador general este jueves, 11 de diciembre de 2025, en una entrevista con Teleamazonas.
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La autoridad aclaró que en este caso ha existido el apoyo y la coordinación del Gobierno y se ha mantenido contacto con el presidente de la República, Daniel Noboa.
Juan Carlos Larrea repasó que este caso de arbitraje internacional de inversiones se dividió en fases y la decisión más relevante, dijo, ya se dio en 2018 cuando se determinó que Ecuador fue responsable de violar el tratado bilateral de inversiones con Estados Unidos.
En este marco, el procurador destacó que la institución, durante siete años con dos administraciones y con un equipo internacional de abogados, ha logrado que Ecuador pague lo menos posible a la petrolera estadounidense.
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“Se ha logrado que, de 16 conceptos de daños, el Tribunal aceptó casi la totalidad de argumentos de Ecuador y reduzca a $ 220 millones, o sea, es un 93 % de ahorro”, precisó.
Inicialmente, Chevron demandó a Ecuador $ 3.350 millones, pero este monto se redujo a $ 220 millones, con el laudo del Tribunal.
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Asimismo, el funcionario precisó que una nueva fase de este proceso arbitral, la cuarta, se iniciará el próximo año con el análisis de los costos del proceso arbitral, que durará hasta dos años.
“La razón que nos llevó a la condena de agosto de 2018 fue la denegación de justicia, es decir una sentencia fraudulenta obtenida por soborno y que fue escrita por alguien distinto al juez”, recordó.
Por otro lado, a propósito del caso Chevron, el procurador Larrea observó que el marco normativo que actualmente existe para la repetición no es el mejor, tiene imprecisiones y no es el adecuado.
Por eso, resaltó, “presentamos un proyecto de ley orgánica de repetición, que recoge aportes y mejora el proyecto presentado hace tres años por la administración anterior”.
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La autoridad aclaró que la acción de repetición se activa únicamente cuando el Estado paga el total de la condena.
De hecho, en la Asamblea Nacional, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) anunció que activará el trámite en primer debate del proyecto de ley orgánica de repetición, cuyo informe está listo desde febrero de 2022, presentado por el exprocurador del Estado, Íñigo Salvador, y en segundo debate espera incorporar nuevas observaciones.
Por último, Juan Carlos Larrea señaló que el caso Chevron da un mensaje a tres sectores: al sector público de que se debe actuar con responsabilidad, porque cada acto tiene consecuencias para el país; a los inversionistas, que Ecuador se va a defender con todo si existen reclamos injustos y exagerados; y a la ciudadanía, que confíe en sus instituciones. (I)
