El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) atendió el viernes, 9 de mayo, un recurso de aclaración y con esto ratificó la sentencia dictada para la sanción económica y suspensión de los derechos de participación política de Priscila Schettini y Angélica Porras y remitió al Ministerio del Trabajo la documentación correspondiente para que proceda a inhabilitar a ambas ciudadanas de ejercer cargos públicos.
La inhabilitación ya consta en el sitio web de la cartera de Estado y con esto se confirma que Schettini no podrá ejercer como legisladora nacional de la Revolución Ciudadana en el nuevo periodo de la Asamblea Nacional, que comienza funciones el próximo 14 de mayo.
Publicidad
Esto, pese a que el viernes 9 de mayo, Schettini acudió a la Asamblea Nacional a presentar sus documentos para que se le asigne su curul. En el Legislativo, los funcionarios a cargo cumplieron con recibir la documentación ya que, hasta ese momento, la inhabilitación no figuraba en el Ministerio del Trabajo.
El viernes, más temprano, Schettini no asistió a la entrega de credenciales que realizó el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los quince legisladores nacionales y sus alternos en un evento en Quito.
Publicidad
En sus redes sociales, Schettini publicó una foto suya junto con un mensaje en el que recordó que fue electa por el pueblo ecuatoriano como Asambleísta Nacional de la RC.
Por su parte, el TCE el mismo viernes atendió el recurso de aclaración presentado en este proceso y ratificó la sanción contra Schettini y Porras.
Además de la suspensión por tres años de sus derechos políticos, Schettini también debe pagar una multa de cincuenta salarios básicos unificados, por cometer violencia política de género con tintes racistas en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
En esta misma causa n.° 250-2023-TCE, también fue sancionada la abogada Porras, a quien se suspende sus derechos políticos por dos años y deberá pagar treinta salarios básicos unificados.
Tanto Schettini como Porras fueron declaradas responsables de la infracción electoral muy grave, contemplada en el artículo 279 del Código de la Democracia.
La denuncia planteada ante el TCE determina que las dos mujeres promovieron una iniciativa para que la autoridad principal de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, renunciara a su cargo en el 2023.
La sentencia fue aprobada por los jueces Joaquín Viteri, Ángel Torres y los conjueces Édgar Toro Calderón y Álvaro Ojeda, y hubo el voto salvado de la jueza Ivonne Coloma. (I)