La Asamblea Nacional suma hasta ahora cuatro pedidos judiciales para que se proceda a autorizar el inicio de un proceso penal por el presunto delito de calumnias que habría cometido el asambleísta Juan Andrés González, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), en contra de los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) al tildarlos de “terroristas”.
En la sesión plenaria del pasado 20 de enero se incluyeron en el orden del día dos solicitudes realizadas por el juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado Felipe Córdova Ochoa para que se levante la inmunidad parlamentaria a González y de esa forma dar inicio a la causa penal solicitada por las asambleístas Mishel Mancheno Dávila y Janina Rizzo, ambas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
La sesión plenaria n.º 063 se suspendió, por lo que quedó pendiente el trámite de la solicitud del juez Felipe Córdova, pero la legislatura tiene un plazo de 30 días para pronunciarse y reunir al menos 101 votos para levantar la inmunidad a un legislador. La solicitud realizada por el juez tiene fecha de 9 de enero de 2026.
Publicidad
Las solicitudes se derivan de declaraciones emitidas por González en una rueda de prensa realizada el 10 de diciembre de 2025, en la que afirmó que los integrantes de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) eran “terroristas”.
Las acciones penales presentadas por miembros de ADN plantean que las expresiones de González, al imputar delitos graves como terrorismo a legisladores de la bancada oficialista, constituyen hechos tipificados en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y lesionan el honor y la reputación de quienes fueron mencionados.
Para que estas causas puedan avanzar en la justicia ordinaria, la Corte Nacional de Justicia ha solicitado a la Asamblea que autorice el inicio del juicio penal, debido a la inmunidad parlamentaria que protege al asambleísta mientras ejerza sus funciones legislativas.
Publicidad
En la querella presentada por la asambleísta Janina Rizzo Alvear (ADN) se exige que González sea procesado penalmente y se pide una reparación económica y disculpas públicas, pues se asegura que en la rueda de prensa del 10 de diciembre de 2025, donde se retomó una denuncia realizada el 15 de octubre del mismo año, en relación con los hechos que los medios de comunicación y las redes sociales denominaron “caso Porsche”, se señaló a la bancada de ADN como “terroristas”, por lo que esas declaraciones del asambleísta de la RC, que le imputan falsamente la calidad de “terrorista”, afectan su honor y buen nombre.
Una acción similar fue impulsada por la también legisladora Mishel Mancheno (ADN), en la que afirma que el querellado le atribuye de manera directa y expresa la participación en el delito de terrorismo, así como en explosiones, bombas, autoatentados y falsificación de documentos públicos. Estas son imputaciones fácticas, categóricas y delictivas, completamente ajenas a la realidad, carentes de prueba y dirigidas a afectar su honra, dignidad, reputación profesional y credibilidad.
Publicidad
Mancheno, en su escrito, señala que esas expresiones no constituyen opinión política ni ejercicio legítimo del debate democrático, sino falsa imputación de delito.
Afirma que las expresiones del asambleísta Juan Andrés González no constituyen opiniones parlamentarias, no forman parte de un debate legislativo, no se pronunciaron en el contexto del cumplimiento de funciones y no describen criterios políticos, sino que son imputaciones categóricas de delitos, específicamente la atribución falsa del delito de terrorismo.
La legisladora Mancheno pide al juez que se imponga al querellado una pena privativa de libertad de dos años, además de que se ordene la reparación integral proporcional y adecuada, como la publicación de una carta de disculpas públicas.
A más de los dos requerimientos, a la Asamblea Nacional también se han remitido oficios similares para que se autorice el inicio de las causas vinculadas a la misma rueda de prensa de diciembre pasado.
Publicidad
El pleno de la Asamblea Nacional, en sesiones convocadas para los próximos días, deberá decidir si procede a levantar la inmunidad de González o no, con base en la evaluación de los argumentos de las partes y en los requerimientos formales remitidos por la Corte Nacional de Justicia.
Para levantar la inmunidad parlamentaria a un asambleísta se requiere el apoyo de la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, esto es al menos 101 votos, pero por la correlación de fuerzas y la polarización de la legislatura será complicado reunir ese número. (I)
