Luego de ocho meses de haberse cerrado la etapa de instrucción fiscal y existir cuatro diferimientos, este lunes, 16 de marzo, desde las 09:30 se espera que se instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el denominado caso Liga2, proceso penal en el que se investiga a siete personas por el delito de asociación ilícita.
El 13 de julio de 2025 cerraron los cuatro meses de instrucción fiscal dispuestos en la causa en la que se investiga a los exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y parte de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; la aún integrante del CPCCS Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC) Andrés Arauz; Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022; y la exasambleísta de la RC Esther Cuesta.
Todos son procesados por haber intervenido en la planificación de una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la RC mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras instituciones.
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Escritos presentados por las defensas de los procesados en los últimos días de la instrucción generaron que la Fiscalía, pese a que informó del cierre formal de la etapa, explicara que estimaba que en aproximadamente 30 días se puedan acopiar todos los pedidos de información y diligencias requeridos por los procesados. Eso hizo que el primer llamado, que finalmente no se concretó, quedara para el 12 de agosto pasado.
Luego un pedido hecho por la defensa de Andrés Arauz hizo que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que fue definida para el 29 de septiembre de 2025, pasara para el 24 de noviembre de ese mismo año. El último diferimiento concedido por la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho fue el 28 de enero pasado. En esa oportunidad, la consejera Bonifaz solicitó que se difiera la diligencia porque su abogado iba a estar fuera del país por temas de estudio.
En esa providencia, Camacho aclaró que el caso Liga2 ya había tenido varios diferimientos, todos ellos por requerimientos de distintos sujetos procesales, por lo que advirtió que la audiencia señalada para este lunes, 16 de marzo, no se diferirá bajo ninguna circunstancia y no se aceptarán más pedidos.
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Esa advertencia se cumplió la tarde de este viernes, 13 de marzo, cuando la jueza Camacho negó el pedido de diferimiento hecho por el procesado Eduardo Franco Loor, quien en su momento fue abogado del exvicepresidente Jorge Glas. El pedido de Franco Loor señalaba que debía diferirse la audiencia hasta que concluya el proceso de designación del nuevo fiscal general del Estado, actualmente en curso ante el Consejo de Participación Ciudadana.
“La presente solicitud se fundamenta en la existencia de circunstancias objetivas que comprometen el principio de imparcialidad judicial, lo cual afecta directamente la garantía del juez independiente e imparcial, elemento esencial del debido proceso”, anotó Eduardo Franc Loor, quien recuerda en su escrito que tanto la jueza Camacho como el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, están participando en el concurso para ser la nueva cabeza de la Fiscalía General del Estado.
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Camacho en su argumento para negar el pedido refirió que la pretensión del procesado bajo el cuestionamiento de la participación de ella como juzgadora y del actual fiscal general “deviene en impertinente y violatorio del principio de independencia de la Función Judicial”, al pretender supeditar la administración de justicia ordinaria al ejercicio de deberes y atribuciones de la Función de Transparencia y Control Social.
Justamente, Augusto Verduga, quien se encuentra en México bajo el estatus de refugiado y pesa sobre él una orden de prisión preventiva, cuestionó a la magistrada nacional por mantenerse como jueza en el caso Liga2 mientras participa en el concurso público para fiscal general.
“Resulta ser que el CPCCS es acusador particular en el montaje judicial llamado caso Liga2. Adicionalmente, una de las procesadas en ese caso es consejera en funciones del propio CPCCS. Sí, el mismo órgano que decidirá si Camacho será o no fiscal general del Ecuador. Obviamente, si tuviera un ápice de decencia, esta señora debería excusarse de seguir conociendo ese caso; pero, vamos, pedirle decencia a Camacho es casi lo mismo que pedirle independencia a una marioneta”, anotó el exconsejero en su cuenta de la red social X.
Como parte de la acusación que mantiene el fiscal general encargado contra los siete procesados, el 29 de enero pasado y por cerca de dos horas, la abogada y presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, Mónica J., rindió su testimonio anticipado dentro del caso Liga2. La diligencia se dio en la Corte Nacional ante la jueza Camacho.
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Mónica Gabriela J. J. se presentó como experta en temas electorales y su testimonio, básicamente, giró en torno al trámite que se dio en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) respecto a un proceso acumulado que juntó denuncias por infracciones electorales presentadas, primero, por Pamela Troya y Santiago Becdach y, después, por la hoy testigo protegida de la Fiscalía.
Las denuncias se acumularon al tratarse de la misma materia y hechos, además de que compartían denunciados: Verduga, Franco Loor, Saltos y Vielka Párraga. La causa recayó en el entonces juez de instancia Fernando Muñoz, quien en primera instancia decidió acoger las denuncias y sancionar a los cuatro consejeros con la destitución, la pérdida de derechos políticos por cuatro años y una multa económica.
La testigo señaló que durante el procesamiento administrativo de las denuncias y, posteriormente, de las sentencias, los denunciados habrían presentado una serie de recursos que, más que alegar situaciones legales y administrativas, según Mónica J., buscaban impedir el accionar del pleno del TCE. Entre esos recursos estaban recusaciones a jueces titulares y conjueces e incluso, recordó, denuncias penales para supuestamente “intimidar” a una conjueza electoral.
“Llama la atención que, desde el 13 de enero de 2025, sin conocer yo, como denunciante, pero ellos con información privilegiada, empiezan a interponer varias recusaciones administrativas en contra de los jueces principales (...); lo que trataban era de impedir que se conforme el pleno del TCE para la declaratoria de la congestión de causas”, indicó la testigo, quien, ante todas estas situaciones, refirió que presentó una denuncia contra Verduga y Saltos por el delito de obstrucción de la justicia.
La testigo protegida de la Fiscalía anotó que en el momento de ratificar la sentencia de primera instancia, definida por el juez Muñoz, la multa pecuniaria, la suspensión de derechos por cuatro años y la destitución, en la misma condena se “observó con preocupación las actuaciones de los abogados de los denunciados, pues habían interpuesto varias recusaciones, incluso antes de que se resolviera la sesión jurisdiccional en enero de 2025”.
El objetivo de la Fiscalía es que, en primera instancia, se declare la validez procesal de todo lo actuado y, después, se dé paso a que el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, presente su dictamen acusatorio contra los siete sospechosos para que así pueda solicitar que todos sean llamados a juicio.
A esta audiencia del caso Liga2 llegan cinco procesados cumpliendo la medida cautelar de presentación periódica; mientras que dos —Verduga y Cuesta, quien se encontraría en Génova, Italia— mantendrían órdenes de prisión preventiva que no han sido cumplidas. En el caso de Andrés Arauz, él viaja a Ecuador desde México para cumplir la presentación periódica dispuesta. (I)
