Para el 28 de septiembre próximo, desde las 09:30, se definió la segunda convocatoria que la jueza de Pichincha Viviana Campaña Terán hace para la audiencia solicitada por la Fiscalía para formular cargos por el delito de tráfico de influencias contra la exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Solanda Goyes. La ausencia por un tema médico de la abogada de Goyes hizo que no se concretara la primera convocatoria para la diligencia.
Dentro de la solicitud de formulación de cargos hecha por Cristian Camacho Ortiz, agente fiscal de Fe Pública n.º 6 de la Fiscalía de Pichincha, se informó que existía una investigación previa abierta contra Goyes y Margarita Carranco. Se explicó que dentro de esa etapa han aparecido elementos que hacen presumir la participación en calidad de autora o cómplice del delito de tráfico de influencias solo de la exvocal de la Judicatura.
Goyes afirma que la Fiscalía está actuando al margen de la ley en este caso. Según ella, lo que se estaría investigando es la suscripción de un convenio con fondos italianos y aclara que la norma que rige actualmente, el derecho público internacional, establece que esos recursos están bajo la soberanía del Estado italiano y en ningún caso pueden intervenir ni la Contraloría ni la Fiscalía ni ninguna institución ecuatoriana.
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“Por lo tanto, eso lo que hace es quitarle la competencia tanto a la Fiscalía como a las judicaturas”, señaló Goyes, quien el 17 de septiembre último colocó en el Complejo Judicial Norte, en Quito, una acción de protección que buscaría que un juez constitucional garantice que el juez competente sea quien maneje este caso, que, obviamente, dijo, no es nadie en Ecuador.
El pedido lo hizo el pasado 24 de agosto, a casi un año de que Goyes hubiera dejado el cargo de vocal del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
Solanda Goyes ocupó el cargo de directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del CJ desde 2019 hasta febrero de 2024, cuando renunció a la dirección para asumir como vocal titular del CJ. Goyes reemplazó hasta septiembre de 2025 en la vocalía del CJ a Xavier Muñoz, quien renunció al ser procesado en el caso Independencia Judicial por el delito de obstrucción de la justicia.
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La exvocal de la Judicatura insiste en que la Fiscalía está actuando sin competencia y que todo esto responde a una persecución en su contra. Desde su perspectiva, la verdad de los hechos, las pruebas y toda la documentación que tiene en su poder, a partir del expediente que se ha conformado, demuestran que no existe absolutamente ninguna irregularidad en la gestión que ella realizó cuando era directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia.
Goyes recordó que este proceso nace de una supuesta denuncia verbal que en algún momento le habrían hecho llegar al destituido presidente del CJ Mario Godoy. Según Goyes, él habría pedido una auditoría de la Contraloría General, instancia que habría generado un informe con indicios de responsabilidad penal que terminó dando inicio a una investigación por presunto peculado en la Fiscalía.
“Diez meses estuvo en la Fiscalía esta investigación y no pudieron encontrar el presunto peculado, (...) pero, de manera inmediata, con el ánimo, como buscan algo para presionarme, entonces lo transforman sin tener sustento alguno en tráfico de influencias”, sostuvo la exvocal investigada.
El 12 de agosto de 2025, una moción de censura y destitución contra la entonces vocal Solanda Goyes no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada. Obtuvo 75 votos afirmativos, número que está por debajo de los 101 requeridos como mayoría calificada.
El pleno de la Asamblea Nacional desarrolló un juicio político impulsado por el asambleísta Fernando Jaramillo, quien argumentó que la vocal Goyes habría incumplido funciones al ausentarse sin justificación de una sesión clave del CJ. Según Jaramillo, en dicha reunión se debía aprobar el Reglamento para la Creación de Judicaturas y Jueces Especializados en Materia Constitucional, cuyo objetivo es frenar el uso indebido de garantías constitucionales, especialmente en casos relacionados con delincuencia organizada.
Añadió el legislador que Goyes no asistió a cuatro convocatorias consecutivas para reinstalar la sesión, lo que, dijo, retrasó una resolución de alto impacto para el sistema judicial.
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Por otra parte, el actual pleno de la Judicatura resolvió en julio pasado, por unanimidad, remitir a la Asamblea Nacional, a la Contraloría y a la Fiscalía copias certificadas de 23 expedientes disciplinarios que prescribieron por falta de quorum en el pleno del CJ, debido a la inasistencia de la entonces vocal Solanda Goyes. Los casos prescritos estarían supuestamente vinculados a hechos de corrupción y crimen organizado, entre ellos los casos penales Metástasis y Purga.
La decisión fue tomada en sesión ordinaria el 16 de julio pasado luego de acoger la recomendación de las direcciones General y de Asesoría Jurídica de la Judicatura. Se resolvió enviar copias de los expedientes prescritos a la Asamblea Nacional, a la Contraloría y a la Fiscalía para las respectivas investigaciones y control político, con el fin de determinar responsabilidades y evitar que esto se repita. (I)