La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por una serie de acciones de distintas entidades, entre ellas un organismo del Estado ecuatoriano, que podrían constituir represalias indirectas contra medios de comunicación críticos, en particular contra Gráficos Nacionales S. A. (Granasa), empresa editora de los diarios Expreso y Extra. El pronunciamiento fue difundido este lunes, 5 de enero, desde Miami.
De acuerdo con la SIP, diversas acciones de carácter tributario, financiero y societario podrían estar siendo utilizadas para presionar o condicionar la propiedad y la gestión del grupo editorial, lo que afectaría de forma directa la libertad empresarial y de manera indirecta la línea editorial de los medios. Parte de estas actuaciones, señaló el organismo, provendrían de instituciones que dependen del Estado ecuatoriano.
“El uso de una institución pública para hostigar a medios críticos es una de las formas más sofisticadas de censura indirecta”, advirtió Pierre Manigault, presidente de la SIP.
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A su criterio, cuando se recurre a mecanismos administrativos, tributarios o societarios para presionar a una empresa periodística no solo se vulnera la libertad de prensa, sino también la libertad de empresa, condición esencial para que el periodismo independiente pueda existir.
Uno de los aspectos que la SIP observa con mayor alarma es el intento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) de revertir la titularidad accionaria de Granasa.
Según la información difundida por la empresa, esta transferencia fue realizada, inscrita y perfeccionada conforme a la legislación vigente hace varios años.
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Para la SIP, este tipo de medidas genera inseguridad jurídica y abre la puerta a una posible injerencia indebida en la estructura societaria de un medio de comunicación, algo incompatible con los estándares interamericanos de libertad de expresión.
El pronunciamiento del organismo internacional se da luego que Granasa denunciara públicamente al gobierno del presidente Daniel Noboa por, según afirmó, utilizar “todos sus esfuerzos y caminos opacos para intentar doblegar” a la empresa con el propósito de sofocar sus críticas.
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En un comunicado, la compañía detalló una serie de actuaciones que, a su criterio, apuntan a someter a su línea editorial.
Entre los antecedentes mencionados consta que, en septiembre de 2025, Granasa tuvo conocimiento del inicio de actuaciones tributarias por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI), relacionadas con presuntas diferencias en las declaraciones fiscales de terceros vinculados a su cadena de distribución. La empresa solicitó acceso a la documentación correspondiente, sin que hasta la fecha haya recibido la totalidad de la información requerida.
Según Granasa, tres informes derivados de estas actuaciones permitieron detectar inconsistencias en la metodología utilizada, particularmente en una fórmula matemática que, en lugar de restar valores, los sumaba a la utilidad, generando resultados artificialmente inflados. La empresa aseguró haber respondido a todos los pedidos de información y reuniones solicitadas por el SRI.
En ese mismo periodo, el secretario de Integridad Pública y director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, realizó declaraciones públicas que, según la empresa, la juzgaron y sentenciaron antes de que existiera una investigación formal. Por esas declaraciones, Granasa presentó a finales de octubre de 2025 una demanda por daños morales en contra del funcionario.
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Paralelamente, la Fiscalía General del Estado empezó una investigación previa por un supuesto delito de lavado de activos, dentro de la cual los directivos de la compañía han acudido a rendir versión.
El último episodio denunciado por la empresa, según recogió la SIP, es el intento de la Superintendencia de Compañías de revertir la transferencia del 40 % de las acciones de Granasa, realizada años atrás desde la empresa Veranera —en proceso de liquidación— a favor de Íngrid Martínez Leisker.
La Superintendencia ha argumentado una supuesta falta de “trazabilidad” de la operación y, según la compañía, ya se habría designado un liquidador para administrar ese paquete accionario.
Para la SIP, este conjunto de acciones genera un efecto intimidatorio que va más allá de un solo caso.
Así lo advirtió Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo, quien señaló que afectar la propiedad, la estabilidad jurídica o la gobernanza de un medio es una manera indirecta pero muy efectiva de condicionar su línea editorial y debilitar el pluralismo informativo.
La SIP recordó que en su último informe sobre libertad de prensa en Ecuador ya había advertido de un ecosistema mediático marcado por graves violaciones a este derecho, incluyendo ataques desde canales oficiales y redes sociales contra periodistas y medios críticos. El organismo llamó a las autoridades ecuatorianas a garantizar el respeto al debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia de los medios de comunicación. (I)
