A segundo debate pasó el noveno proyecto económico urgente del Ejecutivo para incentivar la construcción de viviendas de interés social creando incentivos tributarios. Quienes donen viviendas pueden acceder a una rebaja del impuesto equivalente al 100% del valor donado con un límite del 30% del impuesto causado.
Durante el debate los asambleístas oficialistas de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), defendieron la iniciativa del presidente Daniel Noboa, señalando que es una medida que permitirá enfrentar el déficit habitacional que se ubica en alrededor de 700 mil viviendas en el país.
En tanto, que legisladores de la oposición representada en la bancada Revolución Ciudadana (RC), advirtieron que este proyecto beneficiaría a las constructoras, porque no se incluye la posibilidad de que los municipios también propongan soluciones habitacionales sociales para ser beneficiarios de rebajas tributarias.
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Frente a ello, el legislador Adrián Castro (ADN), aclaró que la competencia de los municipios para crear proyectos habitaciones se mantiene intacta, porque el proyecto no aplica reformas al Cootad.
El proyecto de ley se conoció en primer debate en la sesión plenaria No. 79, realizada en la Universidad Católica de Cuenca, regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para que se elabore el informe para segundo y definitivo debate.
El asambleísta ponente del informe para primer debate, Alex Morán Galarza (ADN), inició su intervención señalando que en el país existe un déficit habitacional de un 57%, pues más de 700. 000 familias no tienen un hogar digno, no tienen un techo. Y que esta situación se agrava aún más porque muchas personas viven en asentamientos irregulares en condiciones precarias, en zonas de riesgo, sin servicios básicos, con un clima inclemente.
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Por ello, dijo que la reforma urgente propone convertir la política tributaria en una herramienta social, porque permite que los contribuyentes donen viviendas de interés social al Estado para que puedan acceder a una rebaja del impuesto equivalente al 100% del valor donado con un límite del 30% del impuesto causado.
Dijo que el proyecto alinea incentivos donde el sector privado invierte, el Estado canaliza y las familias reciben un hogar digno.
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Afirmó que el proyecto está diseñado con criterios técnicos y sociales claros. Primero, las viviendas donadas deben cumplir con diferentes estándares definidos por el ente encargado como precio, superficie y calidad constructiva.
Segundo, la norma establece que el beneficio se calculará únicamente sobre el valor de la vivienda, excluyendo el terreno cuando este ya sea del beneficiario, evitando distorsiones o abusos.
Tercero, se incorpora un mecanismo clave, el catálogo de necesidades de vivienda social que permitirá focalizar el beneficio a las familias vulnerables, para ello, dijo que el Ministerio de Infraestructura y Transporte cuenta como una herramienta para identificar con precisión a los beneficiarios en condiciones tanto territorial como social perfectamente detallada.
Moran explicó que la ley en debate tiene controles fiscales claros, pues Ministerio de Finanzas podrá establecer el límite al gasto tributario. Se evaluará anualmente su impacto económico y tendrá un carácter temporal a aplicándose entre el 2026 y el 2029.
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La legisladora Mabel Méndez (RC), reclamó por haber recibido discriminación para poder acceder a la sesión realizada en uno de los auditorios de la Universidad Católica de Cuenca. Pidió a las autoridades tomar en cuenta que cuando la Asamblea Nacional sesione en territorio se garantice condiciones mínimas de accesibilidad.
El asambleísta Luis Molina (RC), advirtió que mientras en el pleno se tramita una ley urgente sobre vivienda de interés social con incentivos tributarios, en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados tiene listo el informe de segundo debate de la ley de uso de suelo, donde se quita competencias a los gobiernos autónomos descentralizados y será la Superintendencia de Uso de Suelo la que asuma la competencia de aprobar las modificaciones al uso de suelo para la expansión urbana en los sectores rurales.
Con ello, dijo Molina, se pretende quitar la competencia a las alcaldías y será la Superintendencia quien acepte o no la modificación del uso de suelo para la promoción de planes de viviendas de interés social en los sectores rurales.
“Una vez que está modificado el uso del suelo, una vez que la Superintendencia es la que autoriza, ya no los municipios, entonces ahora sí queremos entregar incentivos a las grandes inmobiliarias”, afirmó el legislador de la RC, quien insistió que los intereses económicos están en las grandes inmobiliarias.
El asambleísta Adrián Castro (ADN), fue el encargado de responder al legislador Luis Molina (RC), y señaló que no es verdad lo que se señala que primero está el donante de la vivienda, pues afirmó que para entrar a esta ley se trabajó antes en algo importante que es la tasa de interés.
Insistió que no se está favoreciendo al privado, sino que se realiza una compensación, lo que no pagan al SRI se le da a la gente, va directamente a la gente con una vivienda que además se construye de manera mucho más rápida y que genera interés directo en el ciudadano.
Manifestó que es importante esta ley urgente, que no es ideológica, porque se trata de de una inversión de casi $700 millones y seguirá creciendo, y se beneficia directamente a la gente, pues ese dinero no va al bolsillo del privado, porque es un ejercicio de compensación clarísimo.
Insistió que no es una ley ideológica, pero “ya estamos viendo que de nuevo le buscan las cinco patas al gato”, subrayó el legislador Adrián Castro, quien aclaró que en ninguna parte del proyecto reforma la ley del Cootad o le quita competencias a los GAD para hacer vivienda social, “no existe derogatoria, no existe reformatoria, no hay ninguna disposición que derogue o le quite competencia al GAD”.
Negar a la gente vivienda social, negarle al ecuatoriano que tengamos una ley en donde le van a entregar una casa y un crédito bajo interés, eso es indolente e irracional, puntualizó el legislador de ADN. (I)
