Militares en servicio activo solicitaron a la Corte Constitucional (CC) que intervenga para que se les permita participar en la discusión del proyecto de ley de seguridad social para las Fuerzas Armadas.
La Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social tiene pendiente retomar la discusión del informe para primer debate de la Ley Orgánica de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Loressfa) que no se aprobó por falta de votos.
El 30 de enero pasado, la Comisión sesionó para aprobar el texto y hubo cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención; no procedió el voto dirimente, por lo que el presidente de la mesa legislativa, Eckenner Recalde, suspendió el acto y desde entonces no ha convocado a la reinstalación.
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Una de las observaciones que se hacen a la propuesta de ley, presentada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Issfa), es la incorporación de una nueva fórmula de cálculo de la pensión de retiro y el aumento de los años de servicio para pasar al servicio pasivo: de 20 años (actualidad) a 25 años.
Se propone que un uniformado pueda acogerse a dos mecanismos para el retiro: por terminación de carrera con 25 años de servicio y 300 aportes al Issfa; y, por salida anticipada, con un mínimo de 26 años de servicio y 312 aportaciones mensuales.
Respecto de los militares en servicio activo que están próximos a cumplir 20 años o están en ese periodo, les preocupa que la base reguladora o factor de racionalización para el cálculo de la pensión sea del 85 % por terminación de carrera.
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En caso de salida anticipada, se propone un factor de racionalización del 80 %.
Este incremento del factor regulador: de 80 % a 85 %, es la preocupación de los militares en servicio activo, pues hasta antes del 2016 era del 70 %.
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Para exponer su preocupación ante este cambio, dos militares en servicio activo presentaron ante la Corte Constitucional un pedido para que los jueces exhorten al presidente de la Comisión del Derecho al Trabajo, Eckenner Recalde, para que se debata el proyecto con base en estudios actuariales que “mitiguen” los efectos de la regresión de derechos y desigualdades.
Los militares también acudieron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en donde presentaron una denuncia por una posible afectación a los derechos de participación ciudadana y a la libertad de expresión.
La acción se planteó en contra del presidente de la Comisión legislativa, Eckenner Recalde, porque no atendió sus peticiones de ser escuchados pese a varios escritos que ingresaron en la Asamblea Nacional.
Reclamaron que Recalde les había dicho que el personal de tropa en servicio activo no puede estar presente ni pronunciar sus observaciones, porque ya estaban representados por los oficiales en servicio activo, en referencia al general José Fiallos, director del Issfa.
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Los uniformados acudieron a la Corte Constitucional, debido a que en el 2021 declaró inconstitucionales varios artículos de la Loressfa que se aprobó en el 2016, en la administración del expresidente Rafael Correa.
La CC ordenó a la Asamblea Nacional que elabore un cuerpo legal con las partes interesadas (Issfa e Isspol) sobre la base de estudios actuariales para evitar afectar al personal.
Su sentencia se emitió en el 2021 y, hasta la actualidad, la legislatura no ha logrado aprobar el articulado.
En tanto la tropa reclama, otro sector respalda la iniciativa.
La Federación Nacional de Militares Patria con otras 36 asociaciones y gremios de oficiales en servicio pasivo enviaron un escrito a la legislatura en el que defienden el cuerpo legal.
“Persisten desequilibrios que deben corregirse: el Issfa continúa cubriendo a una mayoría de militares que se retiraron voluntariamente con 20 años de aportes y recibirán pensión y salud, inclusive sus esposas por 40 años o más, lo cual no resulta sostenible a largo plazo”, dice un comunicado fechado el 9 de febrero.
El documento —firmado por Álvaro Díaz, presidente de la Federación, suscrito por 36 organizaciones de oficiales y tropa— advierte que no sería conveniente que se consideren como alternativa de financiamiento los 12.000 aspirantes a oficiales, personal de tropa en formación y conscriptos, ya que, en las filas de las Fuerzas Armadas, ellos no son personal profesional bajo relación de dependencia, a lo que se suma la deserción.
Por lo que incorporarlos haría que el Estado asuma sueldos, contribuciones y aportes. (I)
