Segundo pedido de juicio político a cinco vocales del CPCCS no pasa la revisión de requisitos en el CAL

Con seis votos a favor, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no admitió a trámite el segundo pedido de juicio político planteado en contra de cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por supuesto incumplimiento de funciones. La solicitud de juicio la presentó el asambleísta Luis Molina, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), en contra de los consejeros Andrés Fantoni Baldeón, presidente del CPCCS, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez Castro, David Rosero y Piedad Cuarán.Los cinco consejeros fueron acusados de presuntas acciones y omisiones que habrían cometido en el marco del proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura , en el que fue elegido Mario Godoy, las cuales habrían “vulnerado principios constitucionales, el principio de legalidad, probidad, mérito, transparencia y seguridad jurídica”, además de la “inobservancia de disposiciones constitucionales y legales, comprometiendo gravemente la institucionalidad del país y el interés público”.Los seis asambleístas integrantes del CAL, que representan a la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), acogieron el informe que presentó la Unidad Técnica Legislativa (UTL), en el que se determina que la solicitud de juicio no se encuentra debidamente suscrita por el proponente, lo cual constituye un incumplimiento de carácter formal que afecta la validez de la petición. En el escrito se señala que, al no constar la suscripción correspondiente, no se configura la formalidad de la solicitud, por cuanto no se acredita de manera expresa la voluntad del solicitante en los términos exigidos por el procedimiento parlamentario aplicable. Esta omisión impide considerar a la petición como una solicitud formalmente presentada, lo cual resulta incompatible con las exigencias previstas en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, respecto de la forma y la presentación válidas de las solicitudes de enjuiciamiento político ante la presidencia de la Asamblea Nacional.Además, se anota que si bien la solicitud se encuentra dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, esta no cumple con la debida formalidad.Otra de las observaciones que realizó la UTL se relaciona con el número de firmas de los asambleístas que apoyan la solicitud de juicio en contra de los cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.La ley determina que para pedir un juicio político debe haber un mínimo de 38 firmas y de la revisión de la documentación que consta en el expediente de la solicitud se verifica que se presentaron 46 registros de firmas, todas ellas suscritas mediante firma electrónica.No obstante, en ejercicio del control formal correspondiente se realizó la verificación técnica de la validez de las firmas electrónicas a través de las plataformas oficiales: FirmaEC y Security Data, constatándose que quince registros presentan mensajes de “problemas en la integridad de la firma electrónica” en FirmaEC y firma “ inválida” en Security Data, circunstancia que impide corroborar la autenticidad, integridad y no alteración del documento firmado.En el presente caso, habiéndose verificado la existencia de estos problemas en quince firmas electrónicas, estas no pueden ser consideradas válidas para efectos del cómputo del respaldo exigido por el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.Las firmas inválidas corresponden a los asambleístas de la bancada RC Mónica Alemán, Blasco Luna, Jorge Miranda (no adjunta principalización), Patricia Núñez, Ronal González, Juan Guzmán Cruz, María Verónica Gallardo, Jahiren Noriega, Héctor Rodríguez, Humberto Alvarado, Lenin Barreto, Annie Muñoz, Roque Ordóñez, Ana María Raffo, Sara Cabrera y Viviana Veloz.En consecuencia, únicamente 30 firmas cumplen con los requisitos de validez e integridad exigidos por la normativa vigente; por lo tanto, la solicitud resulta improcedente desde el punto de vista formal.El asambleísta Luis Molina (RC), tras cuestionar la decisión tomada por el CAL y afirmar que esta responde a cálculos políticos, anunció que el próximo martes presentará una tercera solicitud de juicio en contra de los cinco vocales del CPCCS, en la que incluso aumentará las acusaciones. (I)

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