Los representantes de los restaurantes y del sector turístico del Ecuador pidieron a la Asamblea Nacional dar paso a la reducción de 36 a doce horas la aplicación de la ley seca previa al inicio de un proceso electoral y seis horas posteriores de las elecciones.
La Comisión de Desarrollo Económico recibió a Diego Vivero y Andrés Aspiazu, director y vicepresidente, respectivamente, de la Confederación de Restaurantes del Ecuador (Corec). La mesa continuará recibiendo a más organizaciones interesadas en esta iniciativa legislativa que presentó el asambleísta Niels Olsen (ADN), presidente de la Asamblea Nacional.
Antes del informe para primer debate, el proyecto pasó a llamarse ley de regulación equitativa del consumo y actividades económicas en procesos electorales.
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El proyecto reforma el artículo 123 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que, actualmente, dispone que “durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas”.
Con la reforma, de ser aprobada, la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas será de doce previas al inicio de la jornada electoral y durante las seis horas posteriores al cierre de la jornada electoral.
En su exposición, Diego Vivero, afirmó que la actual restricción de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en los procesos electorales afecta gravemente a más de 20.000 negocios formales del sector gastronómico y turístico.
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Dijo que desde hace varios años se pretende una reforma como la que se discute en la legislatura, pues dijo que hay testimonios y datos que evidencian afectaciones superiores a los $ 20 millones en los últimos cinco años por cada proceso electoral.
Indicó que el Estado sí puede controlar cuando quiere controlar. Lo que pasa es que históricamente ha sido mucho más fácil prohibir, porque es más barato. Por lo tanto, la persona que no observa la ley no podría votar en el momento de la ley.
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Finalmente, afirmó que reducir la ley seca no debilita la democracia, sino la moderniza. “Les pedimos que dejemos atrás esos excesos regulatorios que castigan a quienes cumplimos con las reglas cuando más necesitamos inversión, necesitamos liquidez en el mercado”, subrayó Vivero, quien reiteró que se debe dejar de prohibir las cosas y más bien se busque la forma de cómo la gente pueda disfrutar más de su país, de un país tan rico como este y que abrace una reforma equilibrada, razonable y urgente.
Andrés Aspiazu, con experiencia en el sector de alimentos y bebidas, enfatizó que la ley seca impuesta durante los procesos electorales castiga directamente al empleo, a la empresa privada y a la recaudación tributaria.
Que estas restricciones prolongadas no cumplen su objetivo, pues el consumo de alcohol se desplaza hacia la informalidad, sin generar control real. En cada proceso electoral, las pérdidas indirectas para el Estado alcanzan alrededor de $ 1,8 millones.
Aspiazu subrayó que esta normativa afecta a todos: empresas, trabajadores y consumidores, quienes ven limitada su posibilidad de recreación. Recordó que en otros países las restricciones son mínimas y se manejan sin inconvenientes, por lo que insistió en la necesidad de revisar el actual marco legal. (I)
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