Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, es condenado a cinco años de cárcel por el delito de oferta de tráfico de influencias

Por unanimidad un tribunal anticorrupción declaró la culpabilidad de Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, en el delito de oferta de tráfico de influencias, y lo condenó a cinco años de prisión y al pago de una multa de doce salarios básicos unificados ($ 5.784). La decisión fue dada a conocer por la jueza ponente de la causa, Clara Soria, la tarde de este jueves 12 de febrero.Dentro del denominado caso Nene fueron llamados a juicio, el 19 de noviembre de 2024, en calidad de autores directos del delito investigado, Barreiro Abad y Daniel Lenín R. P., exasesor de la vicepresidenta Abad. Debido a que la oferta de tráfico de influencias no es un delito que puede ser juzgado en ausencia y al estar este último prófugo de la justicia, la etapa de juzgamiento para el exasesor quedó en suspenso hasta que sea detenido o se entregue voluntariamente a la justicia. “La conducta punible es ofrecerse a realizar la conducta del artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), es decir, gestionar o influir, solicitando o aceptando donativos, dádivas o promesas. Se ha corroborado que el señor (Sebastián) Barreiro, sin ser servidor público, participó en reuniones de selección de personal gubernamental, exigió dádivas económicas a cambio del aseguramiento de un puesto de trabajo en la Vicepresidencia (de la República), solicitó garantías, letra de cambio, y ejecutó actos de cobro posteriores comprobados mediante la prueba ya expuesta. Estas acciones configuran materialmente la oferta y la exigencia ilícita sancionada con base en la normativa invocada”, explicó Soria.Dentro de su “alegato de apertura”, el fiscal del caso aseguró que con la prueba anunciada demostrará que Francisco Sebastián Barreiro Abad adecuó su comportamiento al delito de oferta de tráfico de influencias, es decir, intervino, junto con el exasesor Daniel Lenín R. P., en solicitar parte del sueldo a una persona a la que le habían ubicado en un cargo público dentro de la Vicepresidencia de la República. El caso Nene se inició en manos del entonces agente fiscal Carlos Leonardo Alarcón, hoy fiscal general encargado, y culminó con el fiscal Dennis Villavicencio. Por la defensa de Sebastián Barreiro, quien asistió por vía telemática a la reinstalación de la audiencia, en la etapa de juicio también pasaron varios abogados defensores. Según la Fiscalía, la investigación de esta causa partió de una denuncia colocada en el buzón de denuncias de la Fiscalía General por Romel P. El denunciante, quien asistió al juicio en calidad de víctima, habría asegurado que temía por su seguridad, pues había observado irregularidades en su paso laboral en la Vicepresidencia de la República. Romel P. laboró entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 en la Vicepresidencia, que estaba dirigida por Verónica Abad. A decir del denunciante, Barreiro Abad sería uno de los que contactaron a Romel P. para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República, por el cual a cambio se le pedía que del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir, la víctima entregara una buena parte de esa mensualidad. Primero se le exigían $ 2.000 mensuales y luego de una “negociación” la cifra habría quedado en $ 1.700. Romel P., quien actúa en calidad de víctima en el caso Nene y acudió a la diligencia personalmente, refirió en su denuncia que no habría podido pagar nada de lo pactado porque antes de reconocer su deuda y poder retirar una letra de garantía por $ 30.600 que le hizo supuestamente firmar Francisco Sebastián Barreiro Abad, a mediados de febrero de 2024, al denunciante lo habrían notificado con la desvinculación del cargo en la Vicepresidencia de la República. Además de la pena de cárcel impuesta y el pago de la multa señalada, el Tribunal de Juzgamiento ordenó contra Sebastián Barreiro Abad la inhabilitación para contratar con el Estado por el mismo tiempo de la pena privativa de libertad señalada y la pérdida de derechos de participación del condenado por un lapso de diez años. En cuanto a las medidas de reparación, el tribunal considera la emisión de la sentencia una forma de reparación simbólica a la sociedad y se dispuso además como medida de satisfacción la emisión de disculpas públicas por los actos cometidos. El Tribunal no aceptó las agravantes expuestas por la Fiscalía y la asociación particular, por lo que la pena no se incrementó. (I)

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