En los días en que estuvo como fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón presentó a la Corte Nacional de Justicia un pedido de archivo de la investigación previa que por el presunto delito de tráfico de influencias se inició contra el presidente Daniel Noboa Azín, su esposa, Lavinia Valbonesi, y directivos de la compañía Dundee Precious Metals (DPM Ecuador).