La terminación unilateral para la obra del Quinto Puente, en sus tramos 4 y 5, y la extensión de concesiones viales por 30 años abren un enfrentamiento entre el Gobierno y la Prefectura del Guayas. Mientras una parte defiende avances, la otra cuestiona retrasos y falta de sustento.
Las diferencias se evidencian en las entrevistas que, por separado, concedieron el ministro de Transporte, Roberto Luque, y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, a EL UNIVERSO. El primero responde directamente los cuestionamientos de la autoridad provincial y sostiene que la terminación unilateral del convenio para los tramos 4 y 5 del Quinto Puente se basa en incumplimientos contractuales; la segunda defiende la ejecución, atribuye retrasos a factores externos y sostiene que no hubo paralización de la obra.
El Quinto Puente: la versión del Gobierno
Desde el Gobierno, Luque marca distancia de que las decisiones sean políticas. “Más allá del tema coyuntural o político, lo que nosotros hacemos en cada uno de nuestros contratos y proyectos es velar por los intereses de los ecuatorianos, y tenemos que hacer respetar lo que firmamos”, afirma.
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En su versión, el convenio establecía con claridad que los desembolsos estaban condicionados al avance físico del proyecto, algo que —según insiste— no se cumplió. “Lo que ha habido es un incumplimiento... Hay un atraso y un abandono de la obra significativo”, recalca.
El ministro también responde a uno de los argumentos centrales explicados por la Prefectura: la modalidad de trabajo 21-7. “Nada más alejado de la verdad... En una obra prioritaria se trabaja todos los días del mes”, sostiene, y añade que ese esquema puede aplicarse en otras industrias, pero no en una obra vial de esta magnitud. “Si ese fue un acuerdo..., solo me da más razones para entender que para ella no es prioritario este proyecto”, agrega.
En el componente financiero, Luque insiste en que no existieron solicitudes formales de recursos adicionales. “Usted no va a encontrar ningún oficio de la Prefectura que pida recursos adicionales”, dice, y subraya que el segundo desembolso de $ 10 millones realizado en 2026 fue iniciativa del propio ministerio. A esto suma que, según su lectura, ni siquiera se inició uno de los frentes previstos. “Ellos debieron haber empezado en Bulu Bulu, pero no se ha empezado”, cuestiona.
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La defensa de la Prefectura sobre el Quinto Puente
Del otro lado, Aguiñaga defiende la ejecución y rechaza que la obra haya estado paralizada. “Nosotros suscribimos un convenio para que nos encarguemos de dos tramos de vías del Quinto Puente... Ahora mismo, al día de hoy, tienen un avance el tramo cuatro del 24 % y el tramo cinco del 28,5 %”, detalla. En su relato, los trabajos continuaron pese a dificultades financieras y administrativas.
La prefecta enfatiza que el convenio contempló un primer desembolso de $ 35 millones en 2024, pero que durante 2025 no se transfirieron recursos. “En el 2025 no recibimos un solo dólar... Nos acreditaron en el mes de febrero del 2026 los siguientes $ 10 millones y, pese a eso, no paramos porque yo hice un compromiso”, afirma, al tiempo que recalca que la obra no se detuvo.
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Además, introduce un elemento técnico clave: los estudios. “Quiero dejar en claro que los estudios no los hicimos nosotros; los contrató el ministerio y nos los entregaron para ejecutarlos, y una cosa son los estudios, y otra, el terreno”, sostiene. Según explica, al iniciar los trabajos se detectaron diferencias que obligaban a realizar ajustes, los cuales dependían de aprobaciones del propio ministerio.
En ese punto, Aguiñaga apunta a demoras institucionales. “Estos nudos críticos... no se podían desatar si no tenían la aprobación del ministerio. Evidentemente, las demoras... de entre tres, cuatro y cinco meses golpearon el cronograma de ejecución”, explica, y añade que a esto se sumó la falta de desembolsos. “Nunca paramos”, insiste.
El cruce también alcanza la forma en que se evaluó el estado de la obra. Aguiñaga cuestiona que se haya utilizado un dron en momentos en que no había personal en sitio. “Si usted manda el dron cuando están descansando los trabajadores, será que fue a propósito, no sé”, dice, al tiempo que recalca que el esquema de trabajo incluía periodos de descanso.
Pese a las diferencias, ambas partes coinciden en que la terminación del convenio tendrá consecuencias. Luque anticipa un periodo de transición para contratar a un nuevo contratista ejecutor que permita concluir los tramos dentro del tiempo restante del actual periodo presidencial.
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“Nosotros tenemos lo que resta del periodo presidencial de Daniel Noboa... Y es en ese tiempo que queremos que ya esté ejecutada”, afirma.
Aguiñaga, en cambio, advierte sobre el impacto en los plazos. “Esto va a significar retrasos significativos... Ahora hay que entrar en un proceso de liquidación del contrato y de cada rubro que se ha ejecutado”, señala. A su juicio, este proceso será complejo y tomará tiempo. “Esto va a tomar tiempo, sin duda alguna”, agrega.
Concesiones viales, otro frente de tensión
Sin embargo, el punto de mayor tensión se traslada al tema de las concesiones viales, donde el debate incorpora cifras millonarias y decisiones de largo plazo.
De parte del ministerio, Luque cuestiona la falta de información y la magnitud de los montos involucrados. “Estamos hablando de cifras astronómicas... $ 940 millones pasaron a $ 516 millones... ¿Quién regala $ 420 millones?”, plantea, al referirse a la renegociación vinculada al esquema conocido como REEF 7. A su criterio, no existe claridad sobre cómo se llegó a esas cifras ni sobre los criterios técnicos que las sustentan.
El ministro también cuestiona que el ente rector no haya sido parte del proceso. “Cuando se cae el puente de Daule pedimos información porque dieron a entender que el ministerio tenía algo que ver, y en esos pedidos salta la firma del REEF 7... Resulta que ahora, para ampliar 30 años la concesión, no tenemos absolutamente nada que ver”, afirma. Según dice, se solicitaron documentos y modelos técnicos, pero no fueron entregados. “Empezamos a pedir información... y nunca nos han remitido”, agrega.
Además, insiste en que decisiones de este tipo requieren sustento técnico sólido. “¿Cuál es el volumen de tráfico?... Necesito entender el sustento... Que técnicamente se sustente el modelo”, señala, al advertir sobre el impacto que puede tener una extensión de 30 años en la gestión vial.
La Prefectura defiende la renegociación de concesiones
Desde la Prefectura, Aguiñaga responde que el proceso se dio en el marco de una controversia económica con la concesionaria. “La concesionaria presentó sus alegaciones: que la deuda... era de $ 940 millones... Nosotros encontramos que la deuda era muchísimo menor”, explica. Esa diferencia es, precisamente, uno de los puntos que el ministerio cuestiona.
La prefecta detalla que, frente a ese escenario, se evaluaron distintas alternativas para resolver la obligación: incrementar tarifas, destinar recursos públicos o ampliar el plazo contractual. “Parte de las formas de compensación... O bien sea sube la tarifa... O se pone capital... O usted prorroga el plazo del contrato”, explica.
Finalmente, asegura que se optó por la tercera opción para evitar impactos inmediatos. “Nosotros usamos esa última modalidad porque no hemos subido la tarifa y no hemos usado recursos de nuestro presupuesto”, afirma. De esta forma, la extensión por 30 años se presenta como un mecanismo para distribuir el pago en el tiempo.
Aguiñaga también rechaza los cuestionamientos sobre falta de transparencia. “En el mes de agosto del 2024 le informamos a la Contraloría... Y en diciembre del 2025 le informamos que hemos terminado y que venga a auditarnos”, señala. Y concluye: “Eso no es falta de transparencia, creo yo”.
Luque, por su parte, insiste en que la preocupación no es política, sino técnica y de control. Advierte que ampliar concesiones sin el debido conocimiento del ente rector puede generar riesgos en el futuro y cuestiona que no se haya socializado la información. “Otra opción es que abran y transparenten todo”, plantea.
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