Desde las 10:40 de este lunes 4 de julio, la jueza penal de Cotopaxi Paola Bedón escuchará en audiencia de procedimiento directo por el delito de paralización de un servicio público contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, las 46 pruebas testimoniales, periciales y documentales que presentará el fiscal Sergio García, de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional número 3 de Latacunga, y los al menos 40 medios probatorios anunciados por la defensa del líder indígena.

La diligencia se instalará contra Iza 20 días después de que fue detenido por agentes policiales en el sector de Pastocalle (Cotopaxi). El operativo se concretó la madrugada del 14 de junio pasado, un día después de que se dio inicio al paro nacional convocado principalmente por la Conaie, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).

Leonidas Iza: comunismo indoamericano o barbarie; la disyuntiva del dirigente indígena que puso a la Conaie más lejos de los “abuelos” y más cerca del marxismo

En la audiencia en la que calificó la flagrancia la jueza Bedón, la Fiscalía explicó que un coronel y un general de la Policía detuvieron al dirigente debido a que él junto con varias personas habrían “paralizado la normal circulación del transporte público a través de actos violentos como obstáculos, quema de llantas, obstaculizando el derecho de libertad y movilidad, abastecimiento de alimentos de primera necesidad”.

Hasta tres años de cárcel por paralizar un servicio público

El artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla del delito de paralización de un servicio público, refiere que la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento de este; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Publicidad

Carlos Poveda, abogado principal de Leonidas Iza, sostuvo que han entregado al menos 40 medios probatorios para el juicio, entre los que se incluye la solicitud de asistencia penal internacional. Reconoció que si bien es cierto algunos de ellos ya fueron despachados, todavía hay algunos que no se han evacuado. “Nos han concedido un tiempo muy corto. Lo que queremos es que haya un juicio justo, con mínimos de debido proceso”.

Leonidas Iza (i), presidente de la Conaie, fue uno de los líderes indígenas que participaron de la firma del acuerdo con el Gobierno que dio fin a 18 días de paro nacional en Ecuador. Foto de AFP Foto: AFP

Entre los testimonios solicitados por la defensa de Iza para el juicio están policías, agentes fiscales, el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, y el ministro del Interior, Patricio Carrillo. El objetivo es que ambos se refieran a los pronunciamientos públicos que hicieron el lunes 13 de junio pasado y solo en el caso del ministro que hable de lo que conoce sobre los hechos investigados.

Hasta el viernes último, dijo el abogado, Carrillo ya había presentado un informe por escrito sobre lo requerido, pues así lo permite la norma, y se esperaba que el presidente Lasso responda por la misma vía, si no asistía a la versión requerida. Poveda cree que la audiencia puede durar horas o días. Todo dependería, anotó, de si existen o no los elementos que ellos han solicitado como medios de prueba.

“Si no existe lo que hemos solicitado, nos estarían afectando el derecho a la defensa. Por ese mismo motivo hay la posibilidad de que la jueza (Bedón) pueda prolongar diez días más para poder evacuar las diligencias que se han solicitado”, anotó Poveda, quien insiste no solo en que no hay pruebas que demuestren la acusación que hace la Fiscalía, sino también en que este proceso tiene una gran carga política y varias violaciones que les han hecho solicitar la vigilancia del relator especial de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial, Diego García-Sayán.

Publicidad

El relator Diego García-Sayán y su visión del caso Iza

Justamente García-Sayán en su cuenta de Twitter señaló que seguía con “preocupación” ciertos hechos dentro del contexto de la protesta indígena. Uno de esos hechos, refería, afectaba a Iza.

“Se me informa que por el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión se le habría calificado como “terrorista” o “conspirador” desde espacios gubernamentales. (...) Preocupa la información de que la actuación de la Fiscalía de Cotopaxi podría haber estado parcializada, que habría afectado el derecho a la defensa durante diez días y que, dentro de ese contexto, que el 4 de julio se pretende expedir una sentencia condenatoria contra Iza”, anotaba el relator.

Para fundamentar la teoría acusatoria de la Fiscalía, García usará el testimonio de 20 agentes policiales, 11 informes periciales sobre el lugar de los hechos, de reconocimiento de evidencia, periciales forenses, periciales informáticos, de identificación de voz y análisis de señales acústicas, de identidad morfológica y fisonómica, además de 25 pruebas documentales.

Junto con la Fiscalía en la audiencia estarán como acusadoras particulares la Procuraduría General del Estado y Petroecuador. Ambas acusaciones fueron calificadas por la jueza Bedón pese a la oposición de los abogados de Iza, porque se intentaría con ello, afirmó Poveda, incluir imputaciones que no fueron señaladas en la formulación de cargos, como por ejemplo, temas relacionados con pozos petroleros.

Publicidad

Iza y la criminalización de la protesta

El jueves último, durante la firma del acuerdo entre el Gobierno y el sector indígena con el que se dio fin a 18 días de paro a nivel nacional, Iza señaló que en el tema de la “criminalización” va a quedar “bajo la buena fe, la buena voluntad del Gobierno nacional”. Días antes, él refería que en estas marchas ninguno de ellos ha salido a “vandalizar” y le planteaba al Gobierno que este proceso de movilización debe “quedar limpio sin ningún compañero (...) criminalizado por las protestas sociales”.

“Siempre lucharemos para que exista independencia de funciones. (...) En ese sentido discutamos en la mesa, una mesa de justicia para que realmente la lucha social no sea criminalizada en este país. Hemos levantado por el derecho a la resistencia, a la lucha, pero por favor, Gobierno nacional, ya basta de seguir estigmatizando, racializando en este caso a los luchadores sociales, basta de decirnos que somos terroristas”, anotó Iza el día que se firmó el acuerdo que dio fin al paro.

Leonidas Iza dijo temer por su vida y la de varios dirigentes indígenas

Homero Castanier, viceministro de Gobernabilidad, en una entrevista para Teleamazonas, fue categórico al decir que en ningún momento en el acta firmada el 30 de junio pasado se tocó el tema de un “posible perdón” respecto a los actos vandálicos que sucedieron durante las jornadas de protesta.

El peor mensaje que se puede dar a una sociedad es el de impunidad. Que se hayan cometido delitos, tomas de edificios, destrucción de propiedad pública, privada, heridos, muertos, y no ha pasado nada y que no se investigue, que el Gobierno se ponga una venda en los ojos y que el movimiento indígena diga que por la reconciliación nacional aquí no ha pasado nada. No, aquí tiene que investigarse”, expresó Castanier.

Para Poveda, en el caso de Iza, judicializar la protesta social o criminalizar un derecho que tiene cualquier ciudadano sería reavivar algo que de alguna forma se está calmando luego de la firma del acuerdo. Recordó que la movilización que empezó de forma pacífica tuvo un detonante con la prisión “ilegitima y arbitraria” que se produjo contra el líder de la Conaie, Leonidas Iza, el 14 de junio pasado. (I)