Remover de la presidencia a Sofía Almeida entrará a debate en el Consejo de Participación Ciudadana

El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entrará en un debate para resolver sobre la posible remoción de la presidencia a Sofía Almeida, quien ocupa esa representación desde junio del 2020 cuando se la reeligió.Esta propuesta surgió del consejero Francisco Bravo en el contexto de una sesión permanente virtual que se reinstaló este jueves, 27 de enero, luego que cuatro consejeros, que conforman una nueva mayoría, lograron apelar la presidencia de Almeida e incluir varios puntos para el debate, relacionados principalmente para la designación de autoridades de control del Estado.Bravo basó su moción en el numeral 5 del artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, que señala la competencia de los órganos colegiados para nombrar y remover a quien ejerza la representación de la administración de los órganos bajo su dirección.Alegó que Almeida ha incumplido y abusado de sus funciones, como convocar a sesiones con 24 horas de anticipación, sin observar que se debe hacerlo en un mínimo de 48 horas; por falta de transparencia en los procesos de designación de autoridades, como no publicar la información en la página web del Consejo.También por suspender sesiones de forma arbitraria, o como convocar a la aprobación de asuntos administrativos como el presupuesto general y el Plan Anual de Contrataciones al borde de los plazos.Almeida reprochó esta propuesta y acusó a los consejeros de querer cooptar la presidencia del organismo y con ello conducir los procesos de selección de autoridades, en especial de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.“Hay una ambición desmedida”, expresó, al tiempo que los acusó de querer “librarse” con estas acciones de la investigación por presunta concusión que enfrentan en la Fiscalía General del Estado, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Bravo.Repitió con insistencia que Rivadeneira siempre ha querido ser presidenta, al igual que Hernán Ulloa que busca ser hasta “estrellita de navidad”. Pero les advirtió que promover su remoción les acarrearía incluso un juicio político en la Asamblea Nacional.Ulloa le recriminó que desde su presidencia sus asesores han creado grupos en la plataforma WhatsApp en los que se divulgan audios de una supuesta conversación telefónica entre Estupiñán y una excandidata a superintendenta de Ordenamiento Territorial, que es la denunciante en este caso de concusión.Mostró que la persona que divulga estos audios a medios de comunicación y otros actores políticos fue ingresada en un chat de funcionarios del Consejo, y el objetivo es promocionar una campaña de desprestigio a la consejera Estupiñán por retirarle su apoyo, al igual que a los otros tres.Almeida reaccionó con ira y le exigió que si tenía las pruebas y era “tan valiente” que presentara la denuncia, porque ella no ha dispuesto estas divulgaciones.En todo caso, este punto entró para el debate de esta plenaria en la que todavía no se logra aprobar el orden del día.Votaron por esta moción Ulloa, Rivadeneira, Bravo y la consejera Ibeth Estupiñán , quien se separó del grupo que lo integraba Almeida, Javier Dávalos y David Rosero.Este último también advirtió que esta posible remoción acarreará acciones legales para los consejeros y también una interpelación política ante el Parlamento.A esto se suma otro tema para resolver, respecto de un informe de presunto incumplimiento de funciones de Almeida en el manejo de las sesiones, que de aprobarse se remitirá a la Contraloría del Estado para su análisis.La plenaria n.° 3 se instaló como permanente desde la mañana del miércoles, y se reinstaló a las 11:40 de este jueves, y luego de casi seis horas de desencuentros y acusaciones mutuas entre los consejeros Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Almeida, se han incorporado ocho mociones.Luego de resolver la apelación de Almeida de la presidencia para presidir esta sesión, esta nueva mayoría logró incluir para el tratamiento reformas al reglamento de designación del titular de la Contraloría General del Estado y en esa línea, que una comisión técnica conformada por delegados de los siete consejeros revisen los reglamentos aprobados para los concursos de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), Defensoría Pública, Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), del Comité de Desarrollo Fronterizo, de los miembros de los Consejos Nacionales de Igualdad (CNI). A propósito de esto, el consejero Javier Dávalos propuso una moción para consultar a la Procuraduría General del Estado la pertinencia de revisar los reglamentos para la designación de autoridades. Pero no se aprobó.Evaluó que los procesos han avanzado en un 50 %, sobre todo el de selección del contralor del Estado. Para esto, incluso ya hay ciudadanos que están preparando sus carpetas, por lo que hacer cambios afectará a los concursantes y a la seguridad jurídica, dijo.Sin embargo, los cuatro consejeros insistieron en que la Ley del Consejo de Participación Ciudadana les da la facultad de revisar los reglamentos y que aún no se ha convocado a ningún concurso de selección de autoridades; a excepción para la conformación de las comisiones ciudadanas.El organismo convocó a postularse para ser parte de las comisiones ciudadanas para elegir al contralor, defensor público y para la renovación parcial de dos vocales del Consejo Electoral, pero ninguna de estas instancias se ha conformado.Ni siquiera los 30 mejor puntuados a la comisión ciudadana para la Defensoría Pública han sido sorteados desde diciembre.Minutos antes de las 17:00, el vicepresidente David Rosero, quien conduce esta plenaria, la suspendió e informó que les comunicará cuándo se volverá a reinstalar. (I)

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