En las reformas al Código de la Democracia que se tramitan en la Asamblea Nacional se plantean una serie de medidas para controlar el dinero que manejan las organizaciones políticas para el financiamiento de las campañas electorales y de su funcionamiento regular.
El informe para segundo y definitivo debate quedó listo el pasado martes en la Comisión de Justicia. El pleno lo conocerá y lo votará en la sesión convocada para este viernes, 20 de junio del 2025, desde las 08:00.
En las campañas
La norma dispone el uso obligatorio del llamado Sistema Contable del Financiamiento a la Política, desarrollado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), u otra herramienta tecnológica o informática similar creada para ese fin, para el registro de todos los ingresos y gastos realizados en las campañas electorales por dignidad, lista y jurisdicción, a partir de la notificación de calificación de su candidatura o participación para un proceso de democracia directa, hasta finalizado el proceso electoral.
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La información deberá reportarse en lapsos continuos de máximo quince días al Consejo o sus unidades desconcentradas para su publicación a través de su página oficial de internet. Se prohíbe la múltiple contabilidad, así como la contabilidad transitoria.
El proyecto señala que el presupuesto de campaña y reportes de ingresos y gastos registrados por las organizaciones políticas o sociales en el Sistema Contable de Financiamiento a la Política serán cotejados con las cuentas presentadas conforme a la ley y demás normativa secundaria aprobada por el CNE.
Una vez finalizado el respectivo proceso electoral, las organizaciones políticas, dentro de 90 días, presentarán un informe económico financiero al Consejo Nacional Electoral, con copia a la Unidad Antilavado.
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El informe económico financiero se presentará en el formato establecido por el Consejo Nacional Electoral y deberá contener por lo menos la fuente, monto y origen de los ingresos y el monto y destino de los gastos realizados durante la campaña electoral.
En el caso del financiamiento de sus actividades regulares, en el proyecto se especifica, asimismo, que para asegurar la licitud y trazabilidad del financiamiento de la política, las organizaciones políticas recibirán aportes en dinero de sus militantes y simpatizantes solamente a través del sistema financiero nacional, en la cuenta bancaria única registrada en el Consejo Nacional Electoral (CNE), para lo cual los aportantes llenarán el formulario en línea, a través de la herramienta tecnológica desarrollada para el efecto, con los datos requeridos por el organismo electoral para determinar la identidad del aportante, bajo el principio de cero papeles.
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Este formulario será notificado a la organización política para su registro en el Sistema Contable del Financiamiento de la Política.
Los responsables del manejo económico de las campañas que incumplan las normas establecidas en el Código de la Democracia, como la presentación de las cuentas en los plazos legales o no usar el sistema contable, recibirán una multa de 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años.
Y si se descubre que las campañas recibieron aportes ilícitos, se aplicarán las siguientes sanciones:
a. La persona responsable del manejo económico de la campaña electoral y la persona aportante sufrirán la suspensión de los derechos políticos o de participación de dos a cuatro años.
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b. La candidata o candidato, electo o no, se le multará con el doble del aporte ilícito recibido. Perderá, además, el cargo para el cual fue elegido si se comprueba que recibió dolosamente contribuciones ilícitas, sea que estas hayan sido entregadas a él personalmente, a su jefe de campaña o a quien fue responsable del manejo económico de su campaña; este estará obligado a informar en forma inmediata sobre todos los aportes recibidos.
c. En el caso de existir indicios de que los aportes ilícitos provienen de actividades ilegales o delictivas, el Consejo Nacional Electoral o, de ser el caso, el Tribunal Contencioso Electoral pondrán estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado.
Financiamiento estatal
En el proyecto se hacen algunos ajustes a los requisitos para que las agrupaciones políticas reciban financiamiento estatal para su funcionamiento a través del Fondo Partidario Permanente.
Esto pese a que el mismo Gobierno ha propuesto una reforma parcial a la Constitución para eliminar la entrega de recursos públicos para los partidos y movimientos, y que está en trámite en la Asamblea Nacional.
Así, por ejemplo, se sube del 4 % al 5 % el porcentaje de votos válidos que deben tener en dos elecciones pluripersonales consecutivas a nivel nacional.
Y se menciona que al menos el 50 % de estos fondos públicos serán destinados exclusivamente en la formación y capacitación de nuevos líderes; el porcentaje restante podrá destinarse a publicaciones, investigaciones, así como para el funcionamiento institucional de las organizaciones políticas. El Consejo Nacional Electoral verificará el cumplimiento de estos porcentajes.
Las organizaciones políticas que reciban el Fondo Partidario deberán presentar un informe anual al Consejo que justifique el cumplimiento del destino del fondo.
Se advierte, además, que las organizaciones políticas que recibieren financiamiento público del Fondo Partidario no podrán hacer inversiones financieras ni de cualquier otra índole con el recurso asignado; el incurrir en esta prohibición acarreará la suspensión por dos años del Registro Nacional de Organizaciones Políticas.
La norma exige a las agrupaciones políticas cumplir con todas las obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y el financiamiento de delitos ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Unidad Complementaria Antilavado del CNE, conforme a las leyes, reglamentos, normas y disposiciones vigentes o que se emitan para el efecto.
Cuestionamientos
El actual vicepresidente del CNE, Enrique Pita, indicó que en el proyecto no se tocan algunos aspectos importantes sobre las contribuciones a las campañas electorales.
Por ejemplo, explicó que si bien hay reglas en el límite y control del gasto, hay casos de “voluntarios”, como Segundo Sarmiento, conocido como “Sarmiento es pueblo”, que “pintan las provincias con la propaganda de los candidatos y pone pancartas en el puente de la Unidad Nacional y no se puede hacer el cargo a ninguna organización política, porque no existe regulación. Es un gasto electoral que debería estar cuantificado”.
Asimismo, no se regulan los gastos en las redes sociales, más allá de que el CNE pueda controlarlos cuando existen contratos de por medio.
En tanto que la vicepresidenta del movimiento Creando Oportunidades (CREO), Ana Belén Cordero, dice que no tiene claro por qué se realizan reformas para determinar el porcentaje de votos para acceder al Fondo Partidario.
“Los ecuatorianos no tenemos porque pagar con nuestros impuestos las actividades políticas. Yo creía que hacia allá caminaba la propuesta de reforma parcial planteada por el presiente Noboa pero sus legisladores promueven lo contrario. Nosotros no estamos de acuerdo con que se utilicen recursos públicos para temas políticos”, indicó. (I)
