El presidente Guillermo Lasso anunció este 24 de junio que “la policía nacional y las fuerzas armadas actuarán con los medios necesarios para defender, dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia” y enfrentar a los vándalos y criminales que han desatado el caos en el país en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

En el artículo 158 de la Constitución vigente se establece que “las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial” y que “la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”.

En la reforma que se hizo en el 2019 al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público se señala que el uso progresivo de la fuerza se aplicará según el nivel de riesgo del servidor policial o de terceros. Será a través de cinco niveles:

  1. La presencia policial para lograr la disuasión.
  2. La verbalización a través de diálogos que sean catalogados como órdenes.
  3. El control físico y la reducción física de movimientos para neutralizar a la persona que se ha resistido.
  4. Aplicación de técnicas defensivas no letales, utilizando armas incapacitantes no letales, armas de fuego no letales con el fin de neutralizar la resistencia violenta de una o varias personas.
  5. Aplicación de la fuerza potencialmente letal donde se utilizarán armas de fuego con munición letal para neutralizar la resistencia de una o varias personas, salvaguardando la vida del servidor policial o de un tercero, frente a un peligro real inminente.

Los uniformados pueden portar armas de fuego, armas neutralizantes no letales, como toletes, esposas, candados, gas lacrimógeno, dispositivos de energía conducida, vehículos contra motines y otros vehículos policiales. En armas de fuego pueden portar armas con munición letal y no letal como postas de goma o proyectiles con carga lacrimógena, entre otros.

Publicidad

Según lo establecido, el uso de la fuerza se hará cuando exista un inminente riesgo de vulneración de los derechos y garantías constitucionales de personas naturales y jurídicas, la paz y la seguridad ciudadana. El 7 de junio se aprobó en el Legislativo una nueva Ley que regula el uso legítimo de la fuerza y que está a la espera de ser sancioanda o vetada por el Ejecutivo.

Lautaro Ojeda, catedrático y experto en seguridad ciudadana, considera que la medida tomada por el mandatario es un mecanismo legítimo debido a la existencia de la ley y a las condiciones actuales y asegura que las fuerzas de seguridad están preparadas para eso.

“Al inicio la orden fue salir con armamentos no letales, pero ante los acontecimientos de antes de ayer, ayer y hoy, creo que el presidente se ha visto obligado, con la respectiva asesoría de las fuerzas, a utilizar este mecanismo de ley legítimo”, apunta.

Ojeda reitera que el presidente con esta acción no se está cerrando al diálogo, aunque ve difícil que se concrete, y que lo que está haciendo es buscando mantener la paz, utilizando lo que la ley le permite. No obstante, explica que es posible que se generen dos escenarios.

Publicidad

“Un escenario extremo sería el que desate una matanza, pero creo que esto no se va a dar, pero sí puede haber muertos, porque resulta que algunos manifestantes y grupos violentos disponen de armas, eso está comprobado y lo han señalado varias autoridades; frente a eso, cuál es la respuesta, la utilización del mismo nivel de defensa”, dice.

El otro escenario para Ojeda es que ante esa facultad de respuesta que tendrán las fuerzas, quienes lideran los hechos violentos comiencen a bajar la guardia, a retirarse, debido a que el armamento con el que pueden estar contando no es comparable con el que cuentan las fuerzas de seguridad.

QUITO (24-06-2022).- En los exteriores de la Casa de la Cultura, manifestantes indígenas en espera de las decisiones de los dirigentes. Foto: Carlos Granja Medranda Foto: El Universo

Además, cuestiona el hecho de que desde la propia Conaie su presidente, Leonidas Iza, haya reconocido que existen infiltrados y no hayan tomado acciones ni accedido al diálogo con el Gobierno para recuperar el orden.

El almirante en servicio pasivo Ángel Sarzosa, quien fue comandante de la Armada Nacional, considera que el Gobierno ha dado las condiciones y la apertura para establecer un diálogo con la Conaie y que es lamentable ver las verdaderas intenciones de derrocar al Gobierno que tienen las movilizaciones con los manifestantes indígenas y no indígenas, portando armamento y marcando distancia de una protesta pacífica.

Publicidad

“El personal militar debe salir a defender su integridad física y los bienes del Estado, esto se traduce y hay que tenerlo claro en que si es que vándalos, terroristas que no son manifestantes, los militares tendrán que defenderse y lamentablemente correrá sangre y vamos a ver el llanto de familias y ciudadanos”, indica, y dice que es la medida que le tocó tomar al Ejecutivo.

Grupos violentos destruyeron tres vehículos militares que formaban parte de un convoy la noche del jueves, 23 de junio, en el sector de Caspigasi, en la vía Calacalí. Foto: Cortesía

Sarzosa menciona que los hechos ocurridos en Caspigasí, vía Calacalí en Pichincha -donde se registró el secuestro de un convoy militar que tenía como fin facilitar el flujo logístico de más de 1.000 camiones para el abastecimiento de la capital, y que dejó 17 militares heridos, tres vehículos incendiados y dos maquinarias pesadas afectadas- y la muerte de un manifestante en Puyo, provincia de Pastaza, presuntamente por la manipulación de un artefacto explosivo, evidencia el nivel de violencia que tienen las protestas.

Sobre las reacciones internacionales o legales que esta medida pueda traer para el presidente o para sus ministros de Defensa, Luis Lema, o del Interior, Patricio Carrillo, como señalamientos o enjuiciamientos por violaciones a los derechos humanos, Sarzosa sostiene que hay que tener claro que el estallido social es una corriente regional que se ha ido fortaleciendo y que las autoridades con seguridad toman estas decisiones sabiendo las consecuencias que puede haber.

“Las cortes y organizaciones que pregonan los derechos humanos tienen un sesgo muy marcado y conocido, pero viene la responsabilidad de quienes están en funciones, las autoridades saben que tendrán que tomar decisiones difíciles, que hasta les puede costar el cargo, que serán enjuiciados, pero es algo de honor para la defensa del país”, expresa.

Publicidad

No obstante, Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), dice que a la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador la declaración del mandatario les resulta “bastante impertinente” y que se da un contexto “para la agudización de la violencia” y de una manera intimidatoria.

“Estas declaraciones no van a detener la movilización e inyectan una carga excesiva a la fuerza pública para reprimir y en esas circunstancias caben violaciones a los derechos humanos. La Alianza registra ya cinco fallecidos y casos que señalan excesos de la fuerza pública como lo ocurrido en el Puyo”, apunta, y cuestiona las afirmaciones de autoridades del supuesto financiamiento de grupos criminales a las protestas que se estarían haciendo sin evidencias.

QUITO (ECUADOR), 24/06/2022.- Manifestantes indígenas piden hoy el cese de la represión a las protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso, en Quito (Ecuador). Foto: José Jácome

El activista considera que con esta medida se ahondarán las diferencias y la crisis y termina por provocar mayor incertidumbre.

“Lo que debe de procurar un mandatario es llenar de serenidad a la población y con calma, como se lo intentó con la apertura de la Casa de la Cultura (...) hay un ánimo de intolerancia a esta situación que no abona a nada y más bien la espiral de violencia se amplía”, dice, y añade que mientras exista esta postura no hay las opciones para que se concrete un diálogo.

Navarrete indica que pese a que se hable de un uso progresivo de la fuerza, con el anuncio de Lasso esto “queda diluido y al margen y se inyecta a la fuerza pública el ver al manifestante como un enemigo”.

Por su parte, Lasso aseguró que han dado todos los pasos necesarios para insistir en el diálogo, al que afirmó siguen abiertos. Justificó su decisión en que está comprobado que la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado, y que ante esta situación hace un llamado a la comunidad internacional para advertir de este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador.

“Hago un llamado también a las organizaciones de derechos humanos para que se mantengan supervisando este proceso, que ha vulnerado los derechos de los miembros de nuestras fuerzas públicas, ciudadanos y periodistas”, agregó, y expresó su solidaridad con todos ellos y con los ecuatorianos agredidos injustamente durante todos estos días, “por los grupos de criminales que utilizan como pretexto el derecho a la protesta para delinquir”. (I)