Tras el archivo de la segunda solicitud de juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la bancada legislativa de oposición Revolución Ciudadana (RC) prepara un tercer expediente para insistir en la interpelación de cinco de los siete consejeros.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), este 23 de enero de 2026, archivó el segundo pedido de juicio que planteó el asambleísta Luis Fernando Molina (RC), porque la solicitud no estuvo debidamente suscrita por el proponente y además porque quince firmas de respaldo fueron inválidas, lo cual constituye un incumplimiento de carácter formal que afecta la validez de la petición.
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Los cinco consejeros fueron acusados de presuntas acciones y omisiones que habrían cometido en el marco del proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, en el que fue elegido Mario Godoy, las cuales habrían “vulnerado principios constitucionales, el principio de legalidad, probidad, mérito, transparencia y seguridad jurídica”, además de la “inobservancia de disposiciones constitucionales y legales, comprometiendo gravemente la institucionalidad del país y el interés público”.
Por el archivo e inadmitir el pedido de juicio político votaron los seis delegados que tiene el bloque oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), en el CAL, mientras que la representante de Pachakutik Carmen Tiupul se abstuvo en el momento de la votación.
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Para el legislador proponente del juicio político en contra de los cinco consejeros: Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán, la resolución del CAL es una “mamarrachada” y es impresentable, y al parecer los cinco consejeros se sienten seguros del blindaje de ADN.
Molina, ante la prensa, mostró un documento con un QR, para señalar que su firma electrónica sí se incluye en la solicitud de juicio, luego de los anexos.
Dijo que lo hecho por el CAL no es un error técnico, sino una decisión política de bloquear un juicio político que cumple con los requisitos, con el único propósito de proteger a sus aliados.
Indicó que hay una enorme diferencia entre ADN y la RC. “Nosotros no recibimos condecoraciones institucionales para recibir y para congraciarnos y evitar el control político, como lo hizo la señora asambleísta Sade Fritschi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa”.
“Si el pretexto y la leguleyada de la Asamblea Nacional y del Consejo de Administración Legislativa es que las identidades de las firmas, la verificación, que la firma no aparece, el martes volveremos a presentar la solicitud de juicio político”, apuntó.
Molina insistió en que el martes volverá a presentar la solicitud de juicio político, pero que ahora no lo hará con firmas digitales, sino de manera manual, sumillado, enumerado y con firmas hechas con puño y letra, para que no quede la menor duda sobre la identidad de los proponentes.
El representante de RC en Pichincha anunció que el juicio político demostrará las presuntas irregularidades cometidas en el Consejo de la Judicatura presidido por Mario Godoy, pero además se incorporarán nuevas acusaciones respecto del proceso de selección del concurso del fiscal general del Estado.
Si llegamos a tiempo, añadió, también se incorporarán acusaciones sobre las supuestas irregularidades en el concurso de selección del defensor público, a pesar de estar en funciones. “No vamos a descansar en el rol de control político”, puntualizó. (i)