RC continúa con la fiscalización a HealthBird pese a su anuncio de salida del país y espera información

La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) no dejará de lado el proceso de fiscalización iniciado a la supuesta contratación de la empresa estadounidense HealthBird, para desarrollar una aplicación tecnológica para el agendamiento de citas médicas.

La empresa el 8 de diciembre de 2025 anunció que “dará un paso al costado” en el país luego de “los constantes ataques mediáticos a los que ha sido sometida sin justa causa movidos por intereses oscuros y poco transparentes”.

HealthBird explicó que en el marco de una alianza con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que se suscribió en este año, se desarrolló una aplicación tecnológica bajo el esquema de piloto y que fue concebida “como una herramienta no solo para el agendamiento de citas, sino para la toma de signos vitales mediante escaneo facial (IA), trazabilidad de medicamentos, registro e histórico de citas médicas del paciente y telemedicina asincrónica”.

La asambleísta Cristina Jácome, de la bancada RC, manifestó que independientemente de que HealthBird se vaya, la responsabilidad recae sobre las empresas públicas, en este caso CNT y las propias instituciones, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), y también se solicitó información a la Superintendencia de Datos Personales.

Seguramente, añadió Jácome, dirán que no hubo contrato, pero deberán demostrar que aquello nunca pasó. Lo que se tendrá que determinar es si dentro de la asignación presupuestaria contemplaba o no la contratación de los servicios de HealthBird y si estaba previsto un valor destinado para el pago o el cumplimiento del contrato, porque existe el rumor de que sí hubo un pago, pues “aquí nadie de buen samaritano viene al Ecuador a crear una aplicación que sí funcionó por unos meses y que después cerró”.

Jácome explicó que inicialmente este proyecto era con el Ministerio de Salud Pública cuando Édgar Lama era ministro, y como pasó al IESS empezó a hacerlo directamente con el Seguro Social. Y quedó “como fracaso el tema en el Ministerio de Salud, pero igual sí estaba previsto iniciarlo con MSP, esto es lo que se quiere revisar con la información que hemos solicitado”, agregó.

La legisladora de la RC por Guayas explicó que se pretende tener datos de distintas instituciones para ver “qué es lo que ellos han realizado respecto al proyecto” y el Ministerio de Finanzas que certifique si se hicieron ese tipo de transferencias".

Al final el proceso de fiscalización terminará en un informe y será remitido a una comisión que esté dispuesta a fiscalizar el tema, dijo la legisladora Jácome, aunque señaló que se puede presentar en el pleno de la legislatura para que avoque conocimiento y se elabore un informe final en el que se determinen responsabilidades políticas.

Al momento espera la información requerida al IESS, al Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, así como a la Superintendencia de Protección de Datos. De acuerdo con la ley, tienen un plazo de diez días para entregar la información y adicionalmente cinco días.

La legisladora del Guayas comentó que la Superintendencia de Protección de Datos deberá informar el control que ejerce para evitar un mal uso de datos personales, porque se trata de información personal y sensible de los pacientes, pues hay denuncias de que para este tipo de agendamiento de citas se tuvo que intercambiar información o transferir información personal, o sea, sensible, por ejemplo, historial clínico, médico de cada paciente. De confirmarse este hecho, se tendrá que determinar responsabilidad penal. (I)