Para poner fin a la pugna entre los cuatro poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Consejo de Partipación Ciudadana y Control Social), que considera que desató su posesión como superintendente de Bancos, Raúl González anunció que decidió dar un paso al costado y esperar la decisión que tome la justicia.

Dice que con todas las acciones y medidas que el Gobierno ha tomado, lo que ha podido constatar es la fuerza que tiene y resalta que su decisión no puede considerarse una renuncia por haberse declarado la invalidez de su designación por parte del presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, y el dictamen de la jueza de Samborondón Larissa Ibarra.

“Veo que el Estado es fuerte y veo que existen poderes que se están confrontando, por eso lo salomónico y debe existir un sacrificado y voy a ser yo, Raúl Agustín González Carrión, doy un paso al costado y que la justicia decida lo que decida, voy a respetar y acatar que sigan con el nuevo proceso de la nueva terna de designación de superintendente de Bancos y no le damos problema al Ecuador”, indicó.

González rechaza las acciones de Ulloa, porque dice que fueron sin el respaldo de todos los miembros del Consejo, y asegura que nunca pudo ejercer ningún acto administrativo económico en favor de la Superintendencia, la que lamenta haya tenido que ser cerrada y controlada por policías afectando a la ciudadanía en sus trámites habituales y concentrando a los uniformados en labores como estas y no en temas más importantes como la inseguridad que vive el país.

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“No estoy por un puesto, aferrándome al cargo como muchos medios digitales están indicando y actores políticos lo han replicado, sin sustento ni documento alguno”, manifestó y agregó que no puede decir ni siquiera que está poniendo el cargo a disposición ya que existe un limbo jurídico.

En cuanto a la denuncia que presentó en su contra el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), González subraya que no es más que los efectos de la amenaza de “vas a ver lo que pasa” que se conoció que recibió de parte del consejero de Gobierno Aparicio Caicedo y que se viralizó a través de un audio.

“Mi conciencia está tranquila, siempre he sido una persona transparente, objetiva, con rectitud y amparada en principios y valores. Estuve analizando los tres presuntos delitos por los que se me imputa y no tienen relación con la moral y la decencia ética”, apuntó.

Pozo presentó la denuncia por los siguientes delitos contemplados en el Código Orgánico Integral Penal: artículo 282, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente; 287, usurpación y simulación de funciones públicas; y 278, peculado.

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Sobre estos delitos, González reiteró que ninguno es procedente ya que cumplió con el proceso, fue designado, luego posesionado y hasta recibió una acción de personal.

No obstante, la Presidencia inhabilitó sus cuentas de correo institucional y Quipux, con lo que está impedido de emitir disposiciones y resoluciones. Mientras, Ulloa notificó a trece entidades del Estado que González no ha sido designado superintendente.

“Cuál es el presunto delito de desacato, de que me estoy arrogando funciones, si tengo los tres documentos que me permitían ejercer las funciones como superintendente de Bancos... El tema del peculado, lo desconozco, desde que asumí el rol, cuando fui posesionado por la Asamblea, no he firmado ni un solo cheque, esto es una persecución vil”, indicó.

González denunció que ha sido víctima de una campaña mediática para desacreditar su trayectoria profesional y vincularlo con casos de corrupción.

Asegura que el trabajo que desempeñó como liquidador del Banco Territorial S. A. en Liquidación y liquidador de la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito de Guayaquil en Liquidación fue óptimo y con buenos resultados, que constantemente fueron auditados por la Superintendencia de Bancos. (I)