Para las 17:00 de este lunes, 16 de junio, el pleno de la Asamblea Nacional está citado para conocer el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, calificado como urgente en materia económica y enviado por el presidente Daniel Noboa el pasado 27 de mayo.

La mesa encargada de tramitar la iniciativa fue la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional y con ocho votos aprobó, el pasado 12 de junio, el informe para primer debate del proyecto urgente de innovación y fortalecimiento de la gestión pública con algunas modificaciones a la propuesta inicial del Ejecutivo, incluido el nombre, pues en adelante se llamará Ley Orgánica de Integridad Pública.

Entre los cambios añadidos a este informe están los propuestos por el legislador Andrés Castillo (ADN), quien planteó la inclusión de varios textos referentes al juzgamiento de los adolescentes infractores como adultos y el endurecimiento de las sanciones por prevaricato para jueces, fiscales y abogados, en este último se propone la inhabilidad de por vida para ejercer la profesión de abogado.

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La presidenta de la mesa, Valentina Centeno (ADN), será la ponente del informe y en la sesión en la que se aprobó manifestó que el proyecto fortalece el sistema de contratación pública al establecer controles automatizados, exigir certificación técnica de los operadores y garantizar trazabilidad y transparencia a través de un portal único que puede operar con inteligencia artificial. Además, prioriza la participación de los actores de la economía popular y solidaria, así como de las micros y pequeñas empresas, lo que asegura procesos más inclusivos, eficientes y libres de corrupción.

Asimismo, anotó que las reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) impulsan una administración más profesional, transparente y confiable al establecer innovadoras evaluaciones periódicas de desempeño. De igual forma, se incorporan mecanismos como las pólizas de fidelidad y reglas específicas para el teletrabajo, lo que fortalecerá la integridad institucional y asegurará que el talento humano público actúe con eficiencia, responsabilidad y compromiso ético.

Como reformas relevantes del texto se han destacado aquellos cambios que se incluirán en el Código Orgánico Integral Penal relacionados con la incorporación del delito de prevaricato no solo para jueces y árbitros, sino también para fiscales, quienes estarían inhabilitados de por vida para el desempeño de la profesión de abogado. En el mismo sentido se contempla el delito de prevaricato asociado a abogados.

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A su vez, las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, entre otras, vinculadas a la duración del internamiento preventivo, donde se establece que en los casos de delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal con penas superiores a diez años de privación de libertad, el internamiento preventivo podrá durar un año. Transcurrido el plazo, el funcionario responsable del establecimiento en que ha sido internado pondrá en libertad al adolescente de inmediato y sin necesidad de orden judicial previa.

Así también, las reglas para el desarrollo de la investigación previa y la instrucción fiscal, las medidas socioeducativas que protegen a la víctima, a la sociedad y al desarrollo de los adolescentes infractores.

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En general, el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública reforma la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo relativo a principios, actores, objetivos, financiamiento y alcance del control. Además, introduce modificaciones sobre los requisitos y la obligatoriedad del Registro Único de Proveedores (RUP), reduce los procedimientos de contratación pública y reforma figuras como el catálogo electrónico, la subasta inversa electrónica, la licitación, la ínfima cuantía, la adquisición de bienes, las ferias inclusivas, entre otros.

Los procedimientos precontractuales, los reclamos presentados y los contratos iniciados con anterioridad a la vigencia de esta ley continuarán rigiéndose por la normativa vigente al momento de su inicio, presentación o suscripción, según corresponda.

Asimismo, el proyecto introduce reformas a las siguientes normativas: Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), Código Orgánico Monetario y Financiero, Código Orgánico Integral Penal (COIP), Código de la Niñez y Adolescencia (CONA), Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, Código Orgánico General de Procesos (Cogep), Código Ingenios, Código Orgánico Administrativo y la Ley Orgánica de Empresas Públicas. (I)