Consecuencia de la convocatoria a un paro nacional que hizo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el gobierno de Daniel Noboa aplicó una maniobra de bloqueo de las cuentas bancarias de líderes indígenas y sus organizaciones sociales, para lo que se estaría aplicando la reciente ley de Transparencia Social. Días después del 22 de septiembre, que arrancaron las primeras manifestaciones en oposición a la eliminación del subsidio estatal al diésel, presidentes de grupos indígenas, sindicales y medioambientales alertaron de que sus cuentas bancarias están bloqueadas y no han sido notificados ni han recibido una explicación sobre la medida y tampoco, cuándo la levantarán. En las últimas horas alertaron de esta acción la Unión de Afectados por Texaco, y la Fundación Alianza Ceibo. Justamente, Alicia Salazar, lideresa de la nacionalidad Siona es socia de la Fundación Alianza Ceibo y contó que este hecho afecta el funcionamiento de sus programas de ayuda a sus poblaciones en la Amazonía, en donde la presencia del Estado es casi nula.
¿Cómo conocieron del congelamiento de su cuenta bancaria?
El día 6 de octubre nos dimos cuenta que nos habían cerrado la cuenta y es algo que realmente nos incomoda, porque nunca nos notificaron, nunca nos avisaron. No sabemos por qué. Tomamos algunas medidas, como presentar documentos en el banco y solicitando información, pero no hemos tenido ninguna respuesta, pues por todo lo que ha venido sucediendo, tuvimos que presentar también una solicitud a la Superintendencia de Bancos para tener una respuesta, pero hasta ahora, no hemos tenido ninguna.
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Quizás llegó algún reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) que, aparentemente, está detectando reportes por actividades sospechosas.
No, a partir de esta ley de Áreas Protegidas, ahí nos pidieron documentación y nosotros presentamos todita la documentación. Todo tenemos al día, nuestros requisitos que nos pidieron, lo presentamos, estamos al día. Ahora, nosotros estamos al día, nosotros cumplimos con todo, con el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas (SRI)... Todo. Entonces, por eso es que nos preocupa, de por qué es que esto del cierre de las cuentas y que no nos den ninguna información.
Está en vigencia la ley de Transparencia Social, que regula la actividad de las organizaciones no gubernamentales, ¿quizás se les ha informado de algún acuerdo ministerial sobre nuevos requisitos para su funcionamiento?
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No, no nos han notificado con ningún acuerdo. Nosotros tenemos todos los documentos al día, no nos han notificado sobre eso.
¿Cómo les ha afectado estas medidas al desarrollo de sus actividades?
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Nosotros tenemos derechos y reclamamos nuestros derechos. Nosotros como organización trabajamos apoyando a comunidades y nacionalidades. Tenemos actividades como educación intercultural, que es vital para los pueblos indígenas, pero por este congelamiento no podemos hacer estas actividades. Nos está afectando mucho, porque no podemos llegar a hacer nuestras actividades con las comunidades, porque no es solo educación propia, porque nosotros hacemos todo lo que implica nuestros derechos colectivos con los territorios. No vamos a poder cumplir con las actividades planificadas.
¿En sus comunidades o como fundación, han tenido alguna posición frente al Gobierno nacional que haya motivado esta acción?
No, ninguna. Nosotros tenemos actividades que cumplir y que son actividades que le toca al Gobierno cumplir. Nosotros estamos dentro de la parte norte de la Amazonía, donde hemos sufrido años de contaminación, por la explotación petrolera. Nosotros trabajamos por hacer llegar lo poquito que tenemos a nuestras comunidades para poder suplir lo que le toca a las autoridades del Estado. Creemos que esto es ilegal, ilegítimo. Tal vez eso de como que nos quedemos callados, que nos quedemos sin decir nada... Pero necesitamos de recursos para seguir cumpliendo nuestras actividades. (I)
