Un problema de salud de la jueza Luz María Ortiz no permitió que, la mañana de este jueves, se reinstalara la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato de un policía y dos militares ocurridos durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.

La diligencia definida a darse en el Complejo Judicial Norte, en Quito, fue convocada a más de siete meses de que la jueza de Pichincha suspendió la diligencia para analizar los vicios de nulidad expuestos por las defensas de los nueve militares activos y pasivos investigados. La audiencia se reinstalaba para conocer esa decisión y saber si el proceso penal avanzaba a la etapa preparatoria de juicio o al definirse vulneraciones el caso se retrotraía a la fase en que se ubicó la nulidad.

Se cierra instrucción fiscal en el caso de la muerte de Froilán Jiménez, Darwin Panchi y Jacinto Cortez en el 30S

El 1 de septiembre de 2021 se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de asesinato ocurrido contra el policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez. Según la Fiscalía, el delito investigado se dio bajo la modalidad de ejecución como grave violación a los derechos humanos.

Por estas tres muertes la Fiscalía investiga a los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera y a los militares activos Fernando Castro, Marco Cano, Luis Orozco y Patricio Guadalupe. Este caso se inició por el delito de homicidio, pero la Fiscalía reformuló cargos para analizar un asesinato bajo la modalidad de ejecución.

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Las muertes de Jiménez, un policía del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), y de Panchi y Cortez, un soldado y un cabo del Ejército, respectivamente, se dieron en los alrededores del hospital de la Policía. En esa zona del norte de Quito se produjeron actos violentos dentro de la revuelta denominada 30-S, en la que al final de la jornada se dio el rescate del entonces presidente Rafael Correa, quien estaba siendo atendido en esa casa de salud.

Edwin Romero, abogado de la familia de Froilán Jiménez, criticó el que se convoque a una audiencia, se haga venir a los familiares de las víctimas desde Zamora, de Loja, de Napo y de otras provincias para que de manera “irrespetuosa salga un funcionario y diga no se da la audiencia”.

“Eso se tenía que haber comunicado con antelación para evitar que estas víctimas que vienen luchando desde hace más de doce años y vienen pidiendo justicia. Hay que recordar que esta investigación han avocado conocimiento más de ocho fiscales, más de cinco jueces, vamos por el tercer Gobierno y no existe una respuesta a las víctimas. Existe u retardo injustificado por parte de la administración de justicia”, apuntó Romero, quien asegura que la desclasificación de información no se ha dado en este caso y sigue bajo los escritorios del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Sobre este tema, según la fiscal del caso, Claudia Romero, en febrero pasado le habría llegado una comunicación desde el Ministerio de Defensa en la que únicamente se dice que desde el 2014 no se han atendido los pedidos de desclasificación. Para el abogado Romero, ese es un “cuento viejo” ya que existe un espíritu de cuerpo dentro del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

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Edwin Romero recordó que conoce que existe una investigación contra una funcionaria del Comando Conjunto por evitar, por tapar la información para que en este caso se pueda establecer una verdad. “Existen más de 30 requerimientos de la Fiscalía General para que se desclasifique esa información y no lo han hecho”.

En los exteriores del Complejo Judicial se apostaron militares en servicio pasivo, parte de la Federación Nacional de Militares Patria. Ellos realizaron un plantón en respaldo a los oficiales en servicio pasivo y activo que dicen “participaron legalmente dentro de la Operación Rescate” a favor del expresidente Correa.

Por las muertes del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, en Quito, la Fiscalía reformuló cargos al delito de asesinato en lugar del delito de homicidio. (ARCHIVO)

“Los ecuatorianos tenemos muy claro que luego de acontecimientos en la mañana del 30 de septiembre de 2010, el entonces presidente de la República, en lugar de tomar acciones para remediar la situación, encendió la mecha del caos y se refugió luego en el hospital de la Policía Nacional. Desde ese lugar firmó el Decreto 488 y siguió gobernando y emitiendo disposiciones políticas, entre ellas, dispuso al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas su rescate de esa instalación”, refiere la Federación en un comunicado público.

Por tercera ocasión se difiere audiencia preparatoria de juicio por la muerte de un policía y dos militares durante el revuelta del 30-S

Paúl Ocaña, abogado del general Hegel Peñaherrera, señaló que de lo que conoce el estado de salud de la jueza es grave y no existiría una fecha tentativa para que la audiencia se reinstale. El defensor cree que la jueza debería aceptar todas las nulidades planteadas, pues, desde su perspectiva, rompen probatoriamente todo lo que se ha hecho dentro del proceso.

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“Más allá de eso, en el caso del general Peñaherrera, no tiene participación y ni siquiera estuvo en Quito el día de los hechos. Entonces no tiene una responsabilidad penal que se determine contra mi defendido”, apuntó.

Para la defensa del coronel Jorge Merino, Ana Cristina Ruiz, el que lleven ocho meses esperando una respuesta de la primera fase de la audiencia es un tiempo sumamente largo, por lo que analiza qué tipo de acciones se podrían adoptar más adelante. Entre las posibilidades estaría no solo que la misma jueza siga en el caso y sea ella misma la que dé a conocer su decisión o que esta sea dada a conocer a través de otro juzgador.

Sandra Jiménez, hermana del policía asesinado en la salida del entonces presidente Correa del hospital de la Policía, señaló que lleva doce años recorriendo juzgados y la Fiscalía y hasta ahora no encuentra justicia.

“Hemos sido burla de la justicia ecuatoriana, hemos sido irrespetados. Quien debe garantizar nuestros derechos han sido los primeros que han vulnerado nuestros derechos. Empezando por el Gobierno Nacional que no ha desclasificado la información y es el único que puede hacerlo, pasando por el Poder Legislativo que no le importa quién murió o quiénes son las personas que fallecieron. Ahora dicen que no existe delito y a mi hermano lo asesinaros, la sangre de mi hermano está regada en Quito”, anotó la vocera de la familia Jiménez. (I)