El exmandatario Rafael Correa fue el primero en reaccionar en solidaridad con la asambleísta electa por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), Priscila Schittini, sancionada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), con la suspensión de sus derechos políticos por tres años y el pago de una multa por la infracción de violencia política de género, con tintes racistas en contra de la fiscal General de Estado, Diana Salazar.