Primera demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Solidaridad Nacional llegó a la Corte Constitucional

El ciudadano ecuatoriano Gabriel René Salvador Lema presentó el pasado viernes, 13 de junio del 2025, la primera demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Solidaridad Nacional, que fue aprobada por la Asamblea Nacional la semana anterior. La norma, que fue enviada al Parlamento por el presidente Daniel Noboa con el carácter de económico-urgente, contiene una serie de disposiciones para regular las actuaciones de las autoridades y la fuerza pública en el marco del conflicto armado interno; y establece incentivos tributarios para aquellos que realicen donaciones de equipos a las instituciones que trabajan en la lucha contra el crimen organizado. El trámite de la demanda recayó por sorteo en la jueza Teresa Nuques. Salvador plantea varias razones por las cuales considera que la norma es inconstitucional. Según el escrito, la ley no cumple las disposiciones constitucionales que indican que ninguna norma, decreto o sentencia puede estar por encima de la Constitución; que ningún tratado, norma, reglamento o sentencia podrá otorgar funciones o atribuciones excepcionales al presidente o presidenta que vayan por encima de lo que establece la Constitución de la República del Ecuador y los derechos humanos; y que todas las personas están sujetas a la Constitución. La ley tampoco cumpliría el requisito de unidad de materia; y no respetaría lo que establece el Tratado Internacional de Ginebra de 1949, ratificado por el Ecuador en 1977 y firmado en el 2005, con respecto a los requisitos para declarar un conflicto armado interno. Sobre el indulto presidencial, señala que “está debidamente normado en la Constitución de la República” y exige que debe estar ajustado a la ley, algo que no se estaría cumpliendo.Finalmente, menciona que el pago de impuestos debe ser progresivo; y no puede ser inequitativo, exclusivo ni dedicado a ciertos sectores.La petición concreta de Salvador es que se “declare la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y lo expulse definitivamente del ordenamiento jurídico ecuatoriano”. (I)

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