Presidencia pide a la Corte Constitucional que aclare y amplíe sentencia sobre participación privada en el sector eléctrico

La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República emitió un pedido de aclaración y ampliación a la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que declaró inconstitucional una de las causales legales de las reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica , que permite delegar actividades del sector eléctrico al sector privado. El documento, redactado por el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, e ingresado a la CC este martes, 13 de enero de 2026, hace once pedidos de aclaración y uno de ampliación a la decisión que adoptó el organismo el 11 de diciembre de 2025. En su sentencia, la Corte Constitucional concluyó que el artículo 25, numeral 1, de la Ley que reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica , publicada en el Registro Oficial el 14 de mayo de 2021, es inconstitucional por permitir la participación privada en el sector eléctrico sin que sea excepcional, con lo cual el Estado no podrá concesionar a la empresa privada los servicios de energía eléctrica bajo la justificación de interés público.Tras la resolución de la CC, el presidente Daniel Noboa cuestionó que el fallo responde a un “cálculo político”. “Es negar empleo, energía y estabilidad a las familias ecuatorianas. Es poner la ideología y la revancha por encima del bienestar del país”, escribió el mandatario. El secretario jurídico de la Presidencia observó que el razonamiento relativo al numeral 1 del artículo 25 de esta normativa “se encuentra concentrado en afirmaciones que, por su formulación general, dejan abiertos varios puntos de difícil comprensión y generan incertidumbre sobre el alcance del estándar fijado por este organismo, así como sobre los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad”.En este marco, el Ejecutivo solicitó a la Corte Constitucional que aclare: A la vez, la Secretaría Jurídica de la Presidencia pidió a la CC que amplíe el contenido del fallo y se pronunció expresamente sobre cinco puntos omitidos: En el escrito, Herrería también examinó que la excepcionalidad solo sería constitucional si se tipifican previamente escenarios cerrados, como por ejemplo, emergencias, desastres o fallas graves. Sin embargo, precisa, “la Constitución no exige una enumeración taxativa: remite a la ley la determinación de los ‘casos’, reconociendo un margen de apreciación normativa”.“La excepcionalidad, por su propia naturaleza, no depende únicamente de la enumeración ex ante de supuestos, sino de que la participación privada no se convierta en regla general y permanezca sometida a control estatal, límites temporales, materiales y motivación reforzada”, señala el texto. El documento presentado ante la CC puntualiza que una interpretación excesivamente rígida reduce la capacidad de reacción estatal frente a contingencias y puede afectar la seguridad jurídica y la inversión en un sector intensivo en capital como el eléctrico, elevando el riesgo regulatorio y, con ello, el costo del abastecimiento energético.A la vez, la Secretaría Jurídica determina que, desde una perspectiva económico-institucional y constitucional, la declaratoria de inconstitucionalidad genera un déficit de seguridad jurídica material que trasciende el plano estrictamente normativo y se proyecta sobre el funcionamiento efectivo del sistema eléctrico, lo que, sin duda, impactará en el goce y ejercicio de otros derechos constitucionales como la vida digna de los ecuatorianos.“La decisión de la Corte Constitucional resulta particularmente relevante en un contexto de fragilidad fiscal estructural, caracterizado por requerimientos de inversión, rigidez del gasto y una dependencia significativa del financiamiento”, señala el escrito. A través de un comunicado emitido el pasado 11 de enero, la Corte Constitucional aclaró que la sentencia 112-21-IN/25 fue emitida dentro de un proceso iniciado en el año 2021 y no prohíbe la participación privada en el sector eléctrico ni paraliza proyectos energéticos.El organismo constitucional afirmó que se mantienen vigentes la mayoría de las reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y declaró inconstitucional apenas una de las causales legales en la que se permite delegar actividades al sector privado; la que decía “cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general”.Dicha expresión, añadió la CC, fue considerada incompatible con la Constitución por ser excesivamente amplia y por vaciar de contenido el principio constitucional según el cual la participación privada en sectores estratégicos debe ser excepcional. A la vez, la Corte Constitucional precisó que su sentencia no eliminó los mecanismos de delegación al sector privado. (I)

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