Una acción de protección con medidas cautelares se presentó en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y su presidente, Andrés Fantoni, por la conformación de la comisión ciudadana de selección que llevará adelante el concurso para la elección de un nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.

El recurso fue ingresado por el abogado Joselito Argüello, el 18 de enero de 2026.

El jurista formalizó esta acción de protección en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil y fue sorteada la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer de Guayaquil, integrada por la jueza Ofelia Crespo Zamora.

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Argüello alega presuntos “actos de corrupción vislumbrados en la designación de la comisión ciudadana para la elección del fiscal general del Estado que han vulnerado garantías y derechos constitucionales”.

A criterio del abogado, este grupo debería estar conformado por “verdaderos expertos y juristas de acrisolada providez (sic), los mismos que en el decurso de la selección, y ante la falta de control sobre estos por parte del organismo conformador, han sido excluidos de manera ilegítima e inconstitucional”.

El pasado 14 de enero se escogió, por sorteo, a los nuevos diez miembros de la comisión ciudadana de selección de un fiscal general.

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La comisión la conforman ocho abogados, una psicóloga industrial y un comunicador, quienes se encargarán de hacer el concurso público de méritos, oposición e impugnación del que saldrá el próximo titular de la Fiscalía General, actualmente presidida por el fiscal subrogante, Leonardo Alarcón.

De esta comisión son parte cinco personas electas de la “ciudadanía”, con sus respectivos suplentes; y las otras cinco son delegados nominados por las funciones del Estado: Función Ejecutiva, Función Legislativa, Función Electoral, Función Judicial y Función de Transparencia y Control Social.

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Tras la conformación de este grupo, la comisión cívica de seguimiento al concurso de fiscal alertó de que, dentro de los treinta postulantes ciudadanos sometidos al sorteo, catorce no debieron superar la fase de admisibilidad por incumplimiento de requisitos o estar inmersos en prohibiciones.

“De los diez delegados de las funciones del Estado, nueve tampoco cumplían los requisitos mínimos”, observó la comisión.

QUITO (14-01-2026).- Edward Franco Castañeda (d), notario, en la sesión del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, durante la integración de la comisión ciudadana de selección del fiscal general del Estado, en la sede, en el norte de Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

Los integrantes de la comisión ciudadana de selección son:

  1. Wellington Andachi Trujillo, con 37,50/50, que fue servidor del anterior Ministerio de Bienestar Social; secretario de junta provincial electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE) y docente en la Universidad de Bolívar.
  2. Cynthia Jacho Tipán, 17,50/50, obtuvo su título de abogada en el 2024 y se vinculó al bufete Martínez&Martínez, en el que acreditó dos años de experiencia.
  3. Hugo Ludeña Eras, 21/50, gerente de una cooperativa de ahorro y crédito, fue también asesor de la Compañía Ludeña Cargo, de la Compañía Airsetrans y excandidato a consejero de Participación Ciudadana en el 2019.
  4. Zoila Echeverría Zambrano, 23/50, asesora de la Fundación de Protección Urbana y Silvestre Kalpa Huasi y laboró en los estudios jurídicos Rolando Vásquez, Stalin López Cuesta y Alega.
  5. Cristian Api Tapia, 20,25/50, fue funcionario de la Fiscalía de Pichincha, es parte del estudio jurídico Bravo Macías, exfuncionario del Consejo de la Judicatura; y, en la actualidad, en el libre ejercicio en AHA abogados.

De las funciones del Estado:

  1. Pamela Garay Mateo (Transparencia) es asesora de la Superintendencia de Compañías. Estuvo vinculada a la compañía Rey Banana del Pacífico (ReyBanPac) y también al estudio jurídico Cabezas&Cabezas Klaere —del que es parte el superintendente Luis Cabezas Klaere— entre 1999 y 2019. Según el expediente, entre el 2012 y 2024, la comisionada fue abogada de coactivas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
  2. Daniel Caicedo de los Ríos (Asamblea Nacional) es asesor del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen; fue abogado del estudio Carmigniani&Pérez; exfuncionario en el despacho de la exjueza de la Corte Constitucional Teresa Nuques; y socio del estudio jurídico Pérez Bustamante&Ponce.
  3. María Belén Toca Mena (Ejecutiva) es psicóloga industrial y labora en el área de talento humano de la Presidencia de la República; trabajó para una empresa automotriz.
  4. Tayron Valarezo Eras (Consejo Nacional Electoral), comunicador, exfuncionario de la Asamblea Nacional y community manager de las redes sociales de la presidenta del Consejo, Diana Atamaint; y coordinador de productos electorales.
  5. Natalia Guarnizo Condolo (Judicial) es funcionaria de carrera de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y se desempeña como subcoordinadora jurídica del despacho de Daniella Camacho, jueza de la sala de lo Penal.

Tras ser posesionados, los comisionados se encargarán de cumplir con las fases de convocatoria y postulación; admisibilidad y reconsideración; méritos y recalificación; escrutinio público e impugnación; y oposición y recalificación, después de las cuales saldrá el próximo fiscal general del Estado. (I)

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