Human Rights Watch (HRW), organización de derechos humanos, expresó su preocupación por el bloqueo de cuentas por parte del Gobierno Nacional a organizaciones y dirigentes indígenas y ambientalistas, con base en informes secretos de inteligencia, en el contexto de las movilizaciones y el paro en la provincia de Imbabura.
A través de un comunicado, emitido este martes, 9 de diciembre de 2025, la organización internacional no gubernamental repasó que entrevistó a 16 personas, entre ellas miembros de organizaciones y personas cuyas cuentas bancarias fueron congeladas, así como a sus abogados, quienes denunciaron el bloqueo arbitrario de sus fondos.
Entre los casos que recopiló, está lo sucedido con la Fundación Pueblo Indio, Alianza Ceibo, Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), entre otros.
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HRW informa que sus investigadores también revisaron documentos de los procedimientos judiciales que impugnaban las medidas de bloqueo de cuentas contra 21 organizaciones e individuos, y asistieron a dos audiencias en las que los jueces levantaron el bloqueo de las cuentas bancarias después de que las autoridades no presentaran ninguna documentación que justificara las medidas.
El ente evidencia que solicitó explicaciones a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), sobre estas decisiones, pero no recibió respuesta.
Human Rights Watch recordó que las alertas en Ecuador sobre esta medida se emitieron desde el pasado 19 de septiembre de 2025, con la orden de la UAFE a la entidad reguladora del sector bancario de congelar las cuentas bancarias de varias organizaciones indígenas y ambientalistas, así como las de sus líderes y miembros.
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“Las decisiones se tomaron mientras algunas organizaciones indígenas y ambientalistas protestaban contra la decisión del gobierno de eliminar los subsidios al diésel y de dar luz verde a un proyecto minero en la provincia de Azuay”, examina la organización en su pronunciamiento.
Además, HRW resaltó que los jueces revocaron al menos parte de los bloqueos de cuentas luego de que las autoridades no aportaran ante los tribunales las pruebas que respaldaban dichas medidas.
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En las audiencias de acción de protección, notó el organismo, funcionarios de la UAFE y del Centro Nacional de Inteligencia, la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, citaron la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada el 10 de junio, para negar a los abogados y jueces información sobre presuntas pruebas de irregularidades.
A la vez, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, observó que “las salvaguardias destinadas a prevenir el lavado de dinero nunca deben utilizarse para atacar a organizaciones de la sociedad civil por su trabajo o detener protestas pacíficas”.
“Estos mecanismos deben utilizarse para combatir al crimen organizado, no a los grupos ambientalistas”, enfatizó la representante.
Ley de Transparencia Social
La organización internacional de derechos humanos también detectó que para congelar estas cuentas bancarias, la UAFE aplicó una disposición introducida por la nueva Ley de Transparencia Social, aprobada en agosto por la Asamblea Nacional. La norma, recoge HRW, permite a la UAFE congelar cuentas sin una orden judicial cuando identifique “indicios objetivos, graves y verificables” de operaciones sospechosas.
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Asimismo, recuerda que esta normativa tiene varias demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional.
El llamado de Human Rights Watch
El ente observa que, según el testimonio de los grupos afectados, el bloqueo de cuentas bancarias paralizó el trabajo de las organizaciones, deteniendo programas educativos, de salud y de protección del medio ambiente, impidiendo pagar salarios y servicios básicos.
Aunque también señaló que varias personas, cuyas cuentas fueron posteriormente descongeladas por orden judicial, también se enfrentan a investigaciones penales por presunto “enriquecimiento privado no justificado” y “financiación del terrorismo”. Las investigaciones comenzaron aproximadamente al mismo tiempo que la decisión de congelar las cuentas.
En este sentido, HRW exhortó a revisar, de manera urgente, las disposiciones que permiten el bloqueo de cuentas bancarias sobre la base de informes de inteligencia, con el fin de garantizar que se ajusten a la Constitución ecuatoriana y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. (I)
