Una vez que el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya, decidió como juez de la causa, la madrugada del viernes último, llamar a juicio a los catorce procesados por el delito de peculado ocurrido en el Municipio de Quito en la compra de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 realizada por la Secretaría de Salud a la empresa Salumed S. A., el proceso pasa a manos de un tribunal que estará integrado por jueces penales de la Corte de Pichincha.